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Apenas despuntaba el año 2023. Era miércoles 4 de enero y aún la gente se estaba sacudiendo la resaca de las fiestas cuando llegó la noticia: en la escuela básica 575 Doctor Juan José Soler de Villa Elisa hubo un derrumbe. Esta vez fue en el sector de los baños, y como pasó en tantas ocasiones en el curso de los años, el “consuelo de tontos” fue que ocurrió en vacaciones, cuando no había niños ni docentes que pudieran haber resultado heridos o, peor, muertos.
Fue una noticia más. Pasó desapercibida para la inmensa mayoría de la población. Se publicó, pero seguramente solo le importó a su pequeña comunidad educativa. Al fin y al cabo, a fuerza de repetición un derrumbe en una escuela ya no es novedad.
Sin miedo a pecar de fatalistas, seguramente podemos afirmar que este no será el único ni el último derrumbe de aulas que ocurrirá en lo que resta de este año, que apenas está por iniciar su segundo mes.
Semejante augurio se basa simplemente en los datos oficiales del Ministerio de Educación. Esta misma semana, la viceministra de Educación, Alcira Sosa, informó que existe un déficit histórico de 410 millones de dólares para refacción de aulas y que el 45% de las instituciones educativas del país requieren una intervención edilicia.
El monto mencionado se refiere apenas al reacondicionamiento de infraestructura ya existente. Es decir, no incluye el monto que requeriría la construcción de nuevos espacios educativos, tan necesarios en instituciones donde la demanda es mayor debido al crecimiento poblacional y la migración interna. Esto ocurre en zonas de nuevos asentamientos rurales y en el departamento Central.
Todavía no empezaron las clases, ya que la fecha de inicio del año lectivo está fijada para el 20 de febrero. Se ha desperdiciado un tiempo muy valioso y propicio para hacer intervenciones: las vacaciones de verano, durante las cuales se habría podido trabajar con la comodidad de no poner en riesgo a los alumnos.
De la manera en la que se maneja actualmente el presupuesto para obras en escuelas y colegios, gran parte de la responsabilidad en lo que respecta a poner las aulas y otros espacios educativos a punto recae en las municipalidades y gobernaciones, dos instituciones que reciben fondos tanto en forma de tributos que pagan los ciudadanos como de royalties.
Es dinero que tiene que volver a la comunidad en forma de obras que beneficien a los ciudadanos, y no de zoquetes a funcionarios inoperantes y corruptos, que desvían fondos y construyen aulas precarias que terminan cayéndose. Pero así como están las cosas, en un país patas para arriba, el dinero sirve para pagar a los funcionarios que cuando un techo se derrumbe o se desmoronen los ladrillos saldrán a sacudirse las culpas y evadir responsabilidades.
Lastimosamente, estamos de nuevo a las puertas de un año escolar donde la falta de previsión y el desinterés por la educación y la integridad de los alumnos marcará las pautas y afectará el aprendizaje de miles y miles de niños y adolescentes.
Pero es también un año electoral, en el que los padres y docentes tienen en sus manos una valiosa herramienta para expresar su repudio a quienes desdeñan, ningunean y niegan a sus hijos el derecho a una educación de calidad.