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El próximo jueves, el Senado tomará el juramento de rigor al nuevo fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón. Sin duda, el mismo tendrá mucho que hacer al frente del órgano encargado, entre otras cosas, de promover la acción penal en defensa del patrimonio público y social, que su predecesora, Sandra Quiñónez, prácticamente no la ha ejercido. Ocurre que si la corrupción está en auge es porque prevalece la impunidad, debido a la ineptitud o a la complicidad del Ministerio Público: se malversa y se deja malversar sin más consecuencias, por lo general, que el enriquecimiento ilícito de un montón de gente.
Un buen ejemplo de ello es que, entre junio de 2019 y agosto de 2022, la Contraloría General de la República (CGR) presentó al referido órgano 102 denuncias y “reportes de indicios de hechos punibles” cometidos en 40 entidades, que habrían causado un daño patrimonial de 560.592 millones de guaraníes, en total: ninguno de ellos condujo aunque más no sea a una acción penal, es decir, fueron simplemente cajoneados en el Ministerio Público, de modo que los autores, cómplices y encubridores de esos presuntos delitos siguen en libertad, disfrutando de sus respectivos cargos y del dinero “privatizado”.
¿Es acaso concebible que ninguna de esas presentaciones haya brindado elementos de juicio suficientes para al menos formular una imputación? Atendiendo los antecedentes y dado que en varios casos ni siquiera fue designado un agente fiscal investigador, es muchísimo más probable que el órgano dirigido por la impresentable Sandra Quiñónez haya simplemente cajoneado las denuncias y los reportes, esto es, que haya protegido y siga protegiendo a unos maleantes de marca mayor. El Ministerio Público tiene el deber de actuar incluso de oficio cuando tenga noticias de la comisión de un hecho punible de acción penal pública, sin necesidad de recibir un “reporte” o una denuncia formal. La CGR cumplió con su obligación legal, pero fue desairada sin enterarse de las razones por las que sus iniciativas no fueron acogidas como corresponde. Obviamente, tampoco las conocen los ciudadanos, pese a que el órgano que los representa ante la Justicia tiene que mantenerlos informados de su gestión, porque así lo manda la ley que regula su funcionamiento.
El Ministerio Público, que cuenta con una Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, mal podría alegar que se halla con exceso de trabajo, pues la CGR ya habría hecho la mayor parte de lo necesario para que los responsables de los hechos punibles ocupen el banquillo de los acusados. También tiene una Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, pero no le inmuta que, según la CGR, el exintendente de Jesús Hernán Schlender (ANR) habría lavado dinero del narcotráfico en las cuentas abiertas para recibir dinero del Fonacide, causando a la municipalidad un perjuicio económico de 7.418.589.000 guaraníes. La prolongada inacción criticada podría conducir a que en más de un caso se opere la prescripción de los hechos punibles, lo que consumaría la indignante impunidad, más aún atendiendo que los eventuales acusados recurrirían luego a múltiples chicanas en sede judicial, si alguna vez se llegara a esa instancia: el proceso no puede durar más de cuatro años. De haberse revelado oportunamente, los datos aquí expuestos habrían bastado para que Sandra Quiñónez fuera destituida por el mal desempeño de sus funciones, ya que no hizo absolutamente nada para que lo constatado por la CGR tuviera efectos tanto penales como civiles.
Se espera que, cuanto antes, el nuevo fiscal general del Estado dé el curso correspondiente a estos aportes contra la corrupción, tras haber exigido al personal amplias explicaciones acerca de su archivamiento de hecho: tampoco deben quedar impunes sus autores maliciosos, que obraron como encubridores probablemente a cambio de una recompensa o respondiendo a instrucciones de la jerarca, sin poder escudarse en la “obediencia debida”, porque ellas habrían sido claramente ilegales. Este mayúsculo escándalo tiene que acarrear secuelas para los involucrados en los latrocinios y en los cajoneos referidos: hay mucho dinero público en juego, sobre todo en la Municipalidad de Asunción, que encabeza la lista de los damnificados con la friolera de más de 344.000 millones de guaraníes.
El Ministerio Público debe limpiar su pésima imagen ante la sociedad, empezando por librarse él mismo de la corrupción rampante. Es intolerable que esté sospechado de proteger a quienes debe perseguir con la ley en la mano.