Carolina Palacios, secretaria general de un sindicato del Ministerio Público ratificó que 131 funcionarios de la institución no percibieron sus salarios de febrero y marzo. Los afectados son a quienes el fiscal general había anulado los ascensos y nombramientos, dispuestos por Sandra Quiñónez.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación al exministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, denunciado por supuesto prevaricato en noviembre de 2022 por un abogado de varias víctimas de usura. La apertura de la carpeta fiscal fue firmada el 8 de marzo pasado por Sandra Quiñónez, horas antes de dejar el Ministerio Público.
Como si le hubieran atado las manos antes de pisar el umbral del Ministerio Público, el nuevo fiscal general del Estado Emiliano Rolón encontró el camino sembrado de “clavos miguelito”. Su antecesora, Sandra Quiñonez, dijo que le dejó como herencia más de 400 nombramientos y ascendidos entre diciembre y una semana atrás. Es el retrato de la realidad en la función pública, una fábrica de empleos de familiares, parientes y amigos que desangra al Estado que nadie puede detener.
La ciudadanía respiró aliviada cuando vio salir a Sandra Quiñónez. Pero he aquí que ella no se fue, seguirá en la Fiscalía General del Estado por mucho tiempo más todavía; ahí estará mientras haya un expediente que no atendió, escondió, que hizo desaparecer. Fue para que no se investigaran los hechos de corrupción y prepotencia que involucran a su jefe, Horacio Cartes, y a su entorno.
Varios departamentos del país cuentan con un solo forense de la Fiscalía y todos los cuerpos deben ser trasladados hasta la única morgue judicial de Paraguay, ubicada en Asunción, según recalcó hoy el doctor Pablo Lemir, director de Medicina Legal y Forense del Ministerio Público. Asimismo, destacó que necesitan al menos 20 profesionales más y tres morgues para “estar estabilizados”, pero no hay presupuesto.
El senador colorado Derlis Osorio se presentó esta mañana ante la Fiscalía General del Estado para ratificar una denuncia en contra del diputado cartista Erico Galeano por sus vínculos con el operativo “A Ultranza”. La denuncia original fue presentada cuando Sandra Quiñónez era la cabeza del Ministerio Público, pero no había tenido ninguna respuesta ni avance.