justicia paraguaya

Es usual considerar como evidente que el robo y la violencia se deben a los delincuentes en general, los que están lejos del gobierno. Sin embargo, las conductas manifiestamente dañinas como violencia y robo provienen en gran parte desde el mismo Estado. Los gobernantes que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes son los que provocan los más variados daños directos y colaterales a sus prójimos. Les sacan a los demás sus ahorros e inversiones, no les dejan trabajar, les endeudan impidiéndoles contar con un mejor futuro entre otras cosas. Esto es un gran daño.

Pasado el mediodía del jueves último nos enterábamos de una nueva imputación contra el ya condenado Ramón González Daher (RGD). Esta vez por denuncia falsa, caso que es investigado por la fiscala de Luque Sandra Ledesma, que ordenó la detención del “intocable” exdirigente deportivo y como medida cautelar solicitó prisión preventiva ya que existe peligro de fuga. Apenas la causa tomó estado público RGD ya “se escondió”.

El caso de Bruno Marabel, a quien el Ministerio Público pide encarcelar por 40 años por el crimen de cinco personas en 2018, nos llevó a revisar los antecedentes de las condenas más altas dictadas por la Justicia desde que se modificó la pena máxima.

Desde condenas innecesarias hasta beneficios arbitrarios, las cárceles parecen ser para quienes no gozan del favor de un juez. Tal vez, la justicia paraguaya se rige por parámetros que únicamente existen en la mente de nuestros hombres y mujeres del derecho.

La Fiscalía y la justicia evidencian estar completamente subordinados al poder político, a juzgar por el blanqueo o enfriamiento de graves procesos que poseen legisladores y altas autoridades, especialmente. Los últimos beneficiados son: el diputado José María Ibáñez (ANR, Añetete) y su esposa Lorena Plabst, pese a que reconocieron su delito, y el ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez G. En ese sentido, Paraguay camina a contramarcha de la región.