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El Sindicato de Profesionales del Instituto de Previsión Social (IPS) y jubilados y pensionados de esta entidad plantearon una acción de amparo para detener un proceso de licitación pública que apunta a tercerizar, durante diez años y a un costo estimativo de 484.885 millones de guaraníes (unos 67 millones de dólares), el servicio de lavado y planchado de las ropas hospitalarias. El juez Penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú emplazó al instituto para que presente un “informe circunstanciado” sobre el caso, y al día siguiente, quien preside su Consejo de Administración, Vicente Bataglia, así como los miembros Ricardo Oviedo y Roberto Brítez, representantes respectivos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de los jubilados y pensionados, aprobaron el pliego de bases y condiciones.
El trío está muy apurado: el 2 de mayo, las diversas dependencias recibieron la orden de remitir, “en la brevedad posible”, un listado del servicio en cuestión, hoy a cargo del propio IPS; el 16, ya todas lo habían hecho, el 19 ya se contaba con tres presupuestos para fijar el precio referencial y el 23 se elaboró el pliego. Es probable que la extraordinaria premura responda a que el 15 de agosto no está muy lejos, así que urgiría concluir cuanto antes un “negocio” que comprometería cuantiosos fondos públicos durante dos periodos gubernativos. Por de pronto, el hecho no tendría consecuencias inevitables, dado que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) puede cancelar un procedimiento de contratación cuando haya indicios de actos contrarios a la ley que lo rige o si su continuación podría dañar a la entidad convocante, siempre que la medida no afecte el interés social ni viole normas de orden público. Con todo, resulta inquietante la celeridad con que se ha actuado.
Atendiendo el nefasto historial del IPS en esta materia, no sería raro que la licitación pública en curso esté amañada desde un principio: allí siempre se ha venido actuando según la cara –o el bolsillo– del cliente. Hay sobrados motivos para objetarla por razones de oportunidad y de conveniencia, como la falta de premura, el cambio de gobierno en puertas y el despropósito de comprometer cuantiosos fondos en medio de una gravísima crisis financiera. En efecto, la deuda acumulada del instituto con los sanatorios privados ascendería a más de 23.561 millones de guaraníes, en tanto que la suma debida a la industria química farmacéutica llegaría a la friolera de más de un billón de nuestra moneda. Entre otras desgracias, los maltratados pacientes no hallan remedios, especialistas ni turnos, porque en el IPS se malversa y se derrocha a manos llenas.
Un ejemplo reciente del uso delictivo o irresponsable del dinero de los aportantes tiene que ver con el combustible, razón por la que la Contraloría General de la República (CGR), con la que el IPS no suele cooperar de buena gana, dispuso una “fiscalización especial inmediata.” Según datos obtenidos mediante una acción de amparo, entre enero de 2022 y enero de este año, el IPS consumió 816.884 litros, por un valor de más de 7.861 millones de guaraníes, gran parte de ellos desembolsados entre noviembre y diciembre de 2022: las elecciones internas partidarias se realizaron el 18 de diciembre, así que no cuesta mucho suponer la causa del mayor gasto. Curiosamente, el Departamento de Apoyo Logístico del Hospital Central, que solo opera en dicho inmueble, cargó carburante por más de 71 millones de guaraníes; también habría originado gastos en tal sentido, el supuesto empleo mensual de un avión que el IPS no tiene.
Los legisladores ya no disponen de cupos de combustible, pero el presidente del Consejo de Administración, que gana 34.120.000 guaraníes mensuales y los miembros, que cobran unos 30 millones, siguen gozando de ese regalo autoconcedido: en el periodo considerado, Vicente Bataglia se llevó la palma al consumir gasolina por la suma de 59 millones de guaraníes, seguido por el representante de los trabajadores, Gustavo Arias, que llegó a 57 millones. ¿Querrían hacer creer a los asegurados que visitan los hospitales regularmente para verificar si los servicios se prestan como es debido?
Las máximas autoridades actuales del IPS ya incurrieron en innumerables desmanejos, en perjuicio de las arcas de la entidad y de los 700.000 asegurados. Tendrían que irse a sus casas, por decir lo menos. Siendo improbable que tengan el decoro de dar ese paso y que el jefe del Poder Ejecutivo se convenza de que sus pésimos servicios no son imprescindibles, solo resta la esperanza de que, por de pronto, la CGR ponga coto al grosero despilfarro o desvío de fondos en materia de carburantes y que la Justicia o la DNCP impidan que prospere el “negocio” de lavado y planchado de ropas hospitalarias: huelen tan mal como toda la administración del instituto; tienen tufo a corruptela.