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Se inicia un nuevo año, en principio con buenas perspectivas en el campo económico, lo que debería darle al Gobierno cierto aire y margen de maniobra para llevar adelante reformas y ajustes que necesita el país para restablecer equilibrios, mejorar el clima de negocios para inversiones nacionales y extranjeras que generen empleo y crecimiento, y fortalecer las bases para que la población pueda aprovechar oportunidades. Estos son algunos de los desafíos más importantes y prioritarios.
Uno es elevar de inmediato la calidad de la educación pública. Al margen de los permanentes reclamos de los gremios de maestros, la única verdad es que el sector docente, que compone una tercera parte de los funcionarios de la administración central, ha recibido más aumentos generalizados y beneficios que cualquier otro segmento estatal y, en contrapartida, los resultados son calamitosos. Según la última prueba PISA, siete de cada diez alumnos de 15 años son, aunque duela mucho decirlo, analfabetos funcionales que no logran identificar la idea central de un texto sencillo acorde con su edad. De esta manera, el sistema educativo paraguayo ni siquiera está produciendo mano de obra calificable, no digamos ya calificada, para tareas elementales, lo cual constituye un tremendo cuello de botella para el futuro de esas personas y para el desarrollo nacional. En 2024 el sistema sí o sí tendrá que mostrar claras mejorías, sin excusas que valgan.
Otra área de gran relevancia es la seguridad, lo que incluye seguridad jurídica para ciudadanos y empresas. El Gobierno ha dado últimamente algunos pasos importantes para retomar el control de las penitenciarías y no doblegarse ante la prepotencia de las mafias, lo que ha despertado amplia aprobación en la ciudadanía. Ello demuestra que es el camino a seguir. El problema es complejo y no depende solo de la represión, sino también de incentivos correctos para promover la economía formal y reducir el mercado negro, que es del que se nutre la criminalidad en todos los órdenes y niveles, desde la venta de celulares robados en puestos ambulantes hasta el tráfico de armas y drogas.
Otro aspecto vital es el sinceramiento y recomposición de las finanzas públicas. El Poder Ejecutivo utilizó su mayoría parlamentaria para hacer aprobar dos polémicas leyes supuestamente para ese fin, una de creación de un ente autárquico recaudador y otra de facultades extraordinarias en el ámbito del Ministerio de Economía. Esta última le permite proceder a un endeudamiento adicional de 600 millones de dólares con bonos del Tesoro dentro del presupuesto 2023 para cancelar deudas vencidas con proveedores y contratistas, las que, según afirman, no estaban correctamente asentadas en la contabilidad estatal. Más allá de los cuestionamientos de orden constitucional e institucional que se les hacen a dichas leyes, el hecho es que el Gobierno tiene todas las herramientas que pidió. Es de esperar que se le dé un corte definitivo a esta situación y que esta vez cumplan la promesa de retornar, a más tardar en 2026, al tope del déficit del 1,5% del PIB establecido en la sistemáticamente bastardeada ley de responsabilidad fiscal.
También es impostergable avanzar en la reforma previsional, para universalizar la seguridad social, garantizar a largo plazo las jubilaciones de los que están aportando y torcer las alarmantes curvas deficitarias que muestran todas las cajas en mayor o menor medida, incluido el Instituto de Previsión Social, y especialmente la Caja Fiscal de funcionarios públicos. La supervisión es apenas un primer paso, necesario, pero no suficiente. Por difícil que sea políticamente, no es responsable hacer la vista gorda. Hay que intervenir a tiempo, asegurar la viabilidad y no esperar a que la bomba le estalle en la cara del país. En otras palabras, no esperar a que altos porcentajes de la población de tercera edad se quede sin ingresos y que ejércitos de jubilados no puedan cobrar, o que dependan de los escasos recursos públicos a expensas de las otras prioridades estatales.
Es igualmente perentoria la regularización de los beneficios que legítimamente le corresponden al Paraguay en las dos grandes hidroeléctricas binacionales por el aprovechamiento de su 50% del potencial energético del río Paraná en las zonas de influencia de ambas centrales, lo que constituye la mayor fuente de riqueza con que cuenta el país para su desarrollo. La inacción en torno a la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú es sospechosa. Pareciera que el Gobierno pretende conformarse con la fijación de una tarifa superior al costo de operación, para así repartirse con Brasil la diferencia en forma de “gastos sociales”, a ser ejecutados discrecionalmente al margen del presupuesto público, lo cual no sería más que una pequeña concesión brasileña para mantener todo como está. En cuanto a Yacyretá, por ahora hay que darle tiempo al nuevo Gobierno de Javier Milei en sus intentos de estabilización, pero en algún momento habrá que sentarse a poner las cosas en orden. Ello necesariamente pasa por el saneamiento de la deuda de la entidad con el Tesoro argentino. Dicen que es de 25.000 millones de dólares, pero solo alrededor de 4.000 millones están debidamente documentados.
Por supuesto estos no son los únicos asuntos a atender, pero sí algunos de los urgentes e ineludibles. Es de desear que cuando volvamos a alzar las copas para despedir 2024 podamos mirar atrás y comprobar que se han producido decididos progresos en estas y otras áreas fundamentales para nuestro querido país y su gente.