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Fiel a su estilo, Lula da Silva se deshizo en elogios hacia Santiago Peña durante y después de la reunión que mantuvieron en Brasilia el 16 de enero, y en la prensa brasileña se deslizó que posteriormente reprendió a su canciller y a su equipo de expertos por no haberlo preparado lo suficiente y haberlo dejado sin argumentos frente al mandatario paraguayo, que llegó con datos técnicos para fundamentar su posición sobre la tarifa de Itaipú. Luego se publicó que se habría molestado y habría endurecido su posición, amenazando incluso con denunciar el Tratado, cosa inverosímil, no por imposible, sino porque no le conviene. Algunos se pueden sentir halagados, otros preocupados, otros disgustados, pero aquellos que llevan tiempo en estas cuestiones saben muy bien que Brasil rara vez tira puntada sin hilo.
Para empezar, nuestros vecinos deben estar encantados con que la discusión se centre en la tarifa, que finalmente es un asunto secundario, y no en lo principal, que es la revisión de los términos contractuales, que les son enormemente favorables en detrimento del Paraguay. Hace cuarenta años, desde que la central empezó a generar en 1984, que Brasil se queda con todos los excedentes energéticos paraguayos en Itaipú a precio ínfimo, a la par de haberle cobrado a la entidad decenas de miles de millones de dólares en intereses, diferencias cambiarias, sobrefacturaciones e incrementos espurios de la deuda, que terminó escalando a la exorbitante suma de 63.000 millones de dólares, la mayor parte de ellos recalando en el mismo Brasil como gran prestamista.
El gobierno de Santiago Peña insiste en la tarifa, y así seguramente se lo habrá expuesto a Lula, porque es una manera rápida y fácil de obtener recursos en forma de “gastos sociales”, que luego puede ejecutar discrecionalmente sin necesidad de pasar por el Presupuesto público.
Itaipú es teóricamente una entidad sin fines de lucro, por lo que la tarifa es, o debe ser, según el Tratado, el precio de costo, o el resultado del prorrateo de todos los costos por cada unidad de potencia contratada, ni un dólar más ni un dólar menos. Es lo que le cobra la entidad tanto a la ANDE como a la operadora estatal brasileña con el único objeto de asegurar la operación, la administración, el mantenimiento y el pago de las deudas, nada más. Lo que ocurre es que, al terminar de cancelarse la deuda en febrero de 2023, esos costos cayeron dramáticamente y, con ello, también debe hacerlo la tarifa, y ahí es donde se presenta la discusión.
Según Brasil, la tarifa que corresponde es de 16,71 dólares el kilovatio/mes, y hay fuentes técnicas brasileñas que la calculan, incluso, en 10 dólares el kW/mes. Paraguay quiere que se mantenga por encima de 20,75 dólares el kW/mes y que los dos países se dividan la diferencia en partes iguales. Si Itaipú produce aproximadamente 125 millones de kW/mes de hidroelectricidad al año, en números redondos tal diferencia es de alrededor de 500 millones de dólares anuales, 250 millones para cada país, algo insignificante para Brasil, pero un monto adicional interesante para Paraguay –sobre todo para los políticos–, que se sumarían a unos 600 millones de dólares que recibe (2023) por royalties y compensaciones, más resarcimientos y otros pagos a la ANDE.
La lógica de los que defienden esta propuesta es que Brasil contrata el 70% de la potencia y Paraguay el 30%, con lo cual, señalan, esa diferencia de tarifa será abonada en mayor medida por Brasil. En realidad para el Estado brasileño es prácticamente irrelevante, porque, de todos modos, lo que hace es revender esa energía, incluyendo la porción sobrante paraguaya, entre 150 operadores privados de su desmonopolizado mercado eléctrico. Lo que no queda claro es hasta qué punto le conviene a Paraguay regatear por 250 millones de dólares en vez de pugnar por restablecer la justicia en Itaipú, disponer de sus propios excedentes, exigir un precio de mercado por ellos o comercializarlos por su cuenta, obteniendo las rentas que legítimamente le pertenecen, como debería ser.
Es muy difícil de creer que Lula, político curtido y zorro, no esté perfectamente al tanto de esta situación, y mucho más que a Itamaraty no haya ido suficientemente preparada a una cumbre presidencial con Paraguay, donde evidentemente el tema excluyente es Itaipú. Los cumplidos, la supuesta “sorpresa”, el reportado regaño, el presunto enojo más se parecen a una de las típicas maniobras de la proverbial habilidad diplomática brasileña. Lo que terminará ocurriendo casi con toda seguridad es que se pondrán duros un tiempo, alargarán lo que puedan las conversaciones y finalmente cederán en la fijación de una tarifa intermedia, algo que para ellos no es de vida o muerte ni mucho menos, toda vez que se puedan asegurar lo principal, que es mantener en lo esencial el status quo.
Lo que quiere Brasil es seguir contando con los excedentes paraguayos a bajo precio por otros diez años, que es el tiempo que se calcula tardará nuestro país, en el mejor de los casos, en utilizar el total de su 50% con su demanda doméstica. Para conseguirlo buscará desviar la atención, postergará todo lo posible un acuerdo sobre el Anexo C, intentará obstaculizar la posibilidad de que Paraguay haga sus propias subastas y, como ha hecho siempre, estará dispuesto a hacer pequeñas concesiones a cambio de que todo quede como está.