Cargando...
El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció que desde el 20 de mayo ejercerá durante tres días su “derecho al paro” con el fin de exigir al Gobierno, entre otras cosas, el pago de los subsidios en tiempo y forma, así como la actualización de los coeficientes a ser atendidos para fijar la tarifa. Al mismo tiempo, comunicó al Viceministerio de Transporte la designación de cinco “negociadores”, es decir, pretende forzar una negociación mediante un miserable chantaje –cuando no–, convertido esta vez en un insólito “derecho”. Su descaro no tiene límites. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lamentó que se “presione” para duplicar el subsidio, pero reiteró que “el diálogo es el camino a seguir”, aunque es impropio dialogar con quienes no tienen conciencia del delito. Hace unos días lo demostró el presidente del Cetrapam, César Ruiz Díaz, cuando confesó orondamente, en una audiencia pública realizada en el Congreso, que sus colegas suelen cometer una ilicitud –en evidente alusión a las reguladas– que la Ley N° 6789/21 castiga cancelando de pleno derecho la licencia, el itinerario y el subsidio.
La “regulada”, según el art. 4 de dicha normativa, implica que una empresa deje de prestar unilateralmente sus servicios concesionados en forma regular y no los regularice dentro de las veinticuatro horas de haber sido intimada por el Viceministerio de Transporte. En caso de reincidencia en otras adjudicaciones dentro de un año, sus directivos no podrán participar durante diez años en licitaciones relativas al transporte público, ni siquiera creando nuevas sociedades. Más aún, el art. 5 califica de “hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos” que los directivos, los accionistas o los representantes legales o gremiales de esas firmas “realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado, ya sea por cualquier medio”, pudiendo todo ciudadano denunciarlo ante el Ministerio Público.
Ruiz Díaz admitió implícitamente dicha práctica ilegal, caracterizándola como una simple medida para “administrar recursos” y cubrir gastos, ante los supuestos retrasos en los desembolsos estatales. Dejando de lado que la titular del MOPC, Claudia Centurión, ha negado que se adeude a los transportistas en concepto de subsidios y que en 2023 cobraron en exceso por lo menos 357 guaraníes por boleto vendido, la cuestión es que si hubiera retrasos en el pago, los acreedores deberían demandar el cobro por la vía judicial, en vez de recurrir a la extorsión reiterada, tomando a los usuarios como rehenes, esto es, delinquiendo. Según la ley citada, que sigue siendo papel mojado, se trataría de un delito de acción penal pública, lo que obliga al Ministerio Público a actuar de oficio, lo que al parecer es pedirle peras al olmo. Por lo demás, si los “empresarios” se creen forzados a “administrar recursos”, no deben hacerlo a costa de los usuarios ni, por ende, del contrato de concesión, que les obliga a que los buses circulen siempre con determinada frecuencia.
Las 33 firmas subsidiadas en la Gran Asunción han venido violando dichas normativas con toda impunidad. Si continúan en el negocio –a pesar de lamentarse de que no les es rentable– es porque les resulta lucrativo; de lo contrario, deberían abandonarlo por mutuo acuerdo con la autoridad competente, en vez de incurrir en la comisión de un hecho punible. En los últimos trece años, recibieron 1,2 billones de guaraníes (US$ 165 millones) de los contribuyentes de todo el país, suma que no ha servido en absoluto para que los pasajeros viajen cómodamente y en forma regular.
Aplicar la ley sería la mejor manera de iniciar el montaje de un nuevo sistema de transporte público, anunciado por la ministra del área. Los dichos de César Ruiz Díaz y la nota en cuestión hablan por sí solos, pero aún cabe recordar que “a confesión de parte, relevo de pruebas”: es el valioso regalo que los cínicos ofrecen a los encargados de hacer cumplir una norma penal, incluso en un país como el nuestro, donde de hecho rige la impunidad del contubernio público-privado contra el bien común.
Es plausible que el nuevo viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, exprese su disposición de hacer cumplir la ley y aplicar a los intocables transportistas extorsionadores las penas que correspondan, que incluyen la cancelación de itinerarios a las empresas de los infractores. Como la esperanza es lo último que se pierde, es de esperar que el funcionario cumpla con su palabra, para bien de la sufrida población.