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Para dar la impresión de que en verdad él tiene la lapicera, aunque la tinta se la cargue otro, el presidente de la República, Santiago Peña, acaba de confirmar que fue él quien autorizó la contratación como auxiliar administrativa de la Embajada en Londres de la bachiller Magida Esgaib, hija del diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista) que propuso la “devolución premiada” a los corruptos y que siendo concejal asunceno justificó en 2015 la compra de una impresora “offset” tras una licitación amañada, con el argumento de que “si vamos a preocuparnos quién se va a quedar con el vuelto, no vamos a hacer nada”. “Yo autoricé eso, y es una designación política”, dijo Santiago Peña muy suelto de cuerpo, pese a que la Ley Nº 6935/22 no habla de ella en ninguno de sus 126 artículos: debería saber que el principio de legalidad del Derecho público, opuesto al de libertad del Derecho privado, prohíbe tomar medidas que no hayan sido autorizadas expresa o implícitamente por la ley, que él juró cumplir y hacer cumplir al asumir formalmente la Primera Magistratura.
¿En qué habría consistido el carácter político –o más bien politiquero, se podría decir– del nombramiento? Probablemente, había que retribuir al padre favores prestados al cartismo antes y durante las campañas electorales que lo convirtieron en candidato primero y en diputado, después. La suma de 21.800.000 de guaraníes mensuales que cobrara la agraciada, le permitirían financiar sus estudios en el Reino Unido, luego de haber sido privada de la visa para ingresar en Estados Unidos y haber fracasado en el examen de ingreso en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. El hecho de que el propio jefe de Estado haya dado su visto bueno, tal vez previa consulta con algún poder tras el trono, muestra que no teme poner la mano en el fuego cuando así lo exigen los altos intereses de su facción partidaria, que no coinciden necesariamente con los del país, ni mucho menos.
Surge la pregunta de cuántas “designaciones políticas” de familiares de cartistas está dispuesto a apañar para que vivan de los contribuyentes dentro o fuera del país, sin preocuparse de “quién se va a quedar con el vuelto”, porque de lo contrario no haría nada, según el hoy diputado Esgaib. En su ya célebre alocución ante funcionarios de Itaipú Binacional, en abril del año pasado, afirmó que “con títulos no se llega” a ocupar un cargo público, sino con la militancia partidaria, pero olvidó agregar la relevancia del lazo sanguíneo adecuado: la omisión ha sido corregida de hecho, con el visto dado a Magida, para mal de quienes creen en la importancia de los méritos y las aptitudes, demostrados en un concurso público de oposición.
Los vaivenes de la politiquería criolla conllevan el riesgo de que se incurra en el ridículo, en perjuicio de la dignidad de la Primera Magistratura, cuya preservación interesa a la ciudadanía: en abril último, quien fue elegido para ejercer en verdad el Poder Ejecutivo, sin actuar como una marioneta, justificó la inaudita restitución de los fueros de los senadores imputados Erico Galeano y Hernán Rivas, ambos cartistas, con la falacia de que la dilación de las pesquisas en torno a ambos legisladores, causada por ellos mismos con sus chicanas, causaría “incertidumbre”. Quedó en ridículo, pues los cartistas y sus satélites volvieron sobre sus pasos, “revocando la revocación” del desafuero, de modo que tendría que ser mucho más prudente a la hora de ser “leal con los amigos” y con quien parece teledirigirle desde las sombras, empezando por pedirle una sincera opinión a su asesor jurídico.
Lo mismo debería haber hecho con respecto al nombramiento de Montserrat Alliana –hija del vicepresidente Pedro Alliana– como “coordinadora de liquidación de salarios” de la Cámara de Diputados. Desde el último septiembre gana 18.274.000 guaraníes mensuales, suma que triplica al que percibía como contratada en el Ministerio de Justicia. Pero lo importante –y esto lo debería saber el Presidente– es que nunca ganó un concurso público de oposición y su actual cargo no figura entre los que el art. 8º de la Ley de la Función Pública considera taxativamente “de confianza”.
“La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, salvo que la excepción esté prevista por la ley”, dice el Código Civil. La lealtad al cartismo a costa de la Constitución ofende a la República y hace de quien parece cumplir las instrucciones del mandamás un “mandamenos”, al que no le vendría mal mostrar un poco de pundonor, aunque más no sea para evitar equivocarse groseramente por control remoto. Los paraguayos se lo agradecerían, si tuviera el valor de independizarse: es una pesada carga eso de tener que sacar la cara por un par de imputados, por la hija de uno de ellos o por la de su segundo de abordo, así que debería intentar aligerarse de ese fardo o de otros que quieran trasladarle, por el bien de la ciudadanía, que merece ser gobernada de acuerdo a la Constitución, las leyes y la conciencia limpia de quien ocupa el Palacio de López.