El tema de la semana

El Viceministerio de Transporte, a cargo de Víctor Sánchez, no solo legalizó las “reguladas” de los buses de transporte público de pasajeros en detrimento de los usuarios, sino también es muy débil con las sanciones. La crisis del transporte es cada vez mayor con largas esperas en las paradas, pasajeros fantasmas y millonarios pagos del Estado a transportistas en concepto de subsidios.

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Sánchez anunció hace apenas unos días “mayor dureza” hacia las concesionarias para garantizar el servicio de ómnibus. Sin embargo, ABC descubrió que en realidad les disminuyó las multas por incumplir frecuencias, de 45 a 10 jornales. Esto se suma a la flexibilización en los horarios de salida de buses, desenmascarada por la ciudadanía organizada.

En medio de la crisis del transporte, con quejas generalizadas de pasajeros por la demora en la llegada de buses en las paradas y viajes hacinados en los mismos, el Gobierno dio a conocer recientemente que, para contrarrestar la “sobredemanda” del servicio, se contaría con 60 vehículos institucionales del Estado, con combustible de Petropar, para llevar a los usuarios, que fue dado a conocer en conferencia de prensa el jueves 30 de marzo. Incluso, el viceministro de Transporte reportó el endurecimiento de multas a las empresas que incumplan con la frecuencia. El supuesto castigo más severo lo dispuso a través de la Res. Nº 65/2023, en la que estratificó los horarios de mayor demanda (horas pico) y estableció las multas. Por incumplir durante el día dispuso sanción de 10 jornales; de noche 20, y superar el intervalo de 60 minutos con 45 jornales. Lo que no contó es que esa disposición reemplazó a la Resolución Nº 112/2021, en la que el mismo Sánchez estipuló hace poco más de un año que el incumplimiento de frecuencia sería una “falta grave”, y la sanción impuesta fue una multa de 45 jornales. Así, el mismo Sánchez suavizó su propia disposición anterior. Todo lo contrario a lo declarado por el Gobierno.

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