Esta mañana, el ministro Julio Mazzoleni dedicó una gran parte de la conferencia de prensa a explicar cómo se dieron los procesos de licitación para la compra de insumos que generaban ciertas dudas en la contingencia de la pandemia del COVID-19. Además, habló de la cuestionada colaboración de otras instituciones para el efecto.
El ministro reconoció que cuando el Ministerio de Salud no tenía los fondos de la ley de emergencia sanitaria para comprar los insumos, que necesitaba con urgencia, recurrió a otras instituciones del Estado.
“Había un decreto presidencial que instaba a las instituciones a apoyar al Ministerio de Salud en lo que fuera necesario. La situación que teníamos en marzo no es la situación que tenemos hoy. Tengo que reconocer que he recibido el apoyo de varios organismos del Estado, que se pueden discutir o no la prolijidad de estas cuestiones, pero claramente fueron definidas y orientadas a apoyar al Ministerio de Salud en un escenario”, subrayó.
“El ministerio puede ahora con esta chance; antes de eso, la capacidad del Ministerio de Salud era nula prácticamente. Tampoco podía competir en igualdad de condiciones con otros países que iban prácticamente con dinero al contado para comprar insumos. El Ministerio en una etapa crítica, sobre todo en todo el mes de marzo, tuvo enormes dificultades para poder comprar todos estos insumos y medicamentos. La estrategia que utilizamos como ministerio es respaldarnos en los cooperantes que teníamos, para que ellos puedan hacer las compras de modo más ágil por nosotros”, agregó.
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Dijo que ahora, con la herramienta, la secretaría de Estado tiene muchos procesos en curso actualmente y muchos de los proveedores que antes no se presentaron porque no podían o querían podrán hacerlo porque ahora el Ministerio es un mejor pagador, aseguró.
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Cabe resaltar que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) se vio envuelta en un escándalo por comprar a G. 29.990 tapabocas que supuestamente son quirúrgicos pero aparecen con el código de mascarillas comunes. Además, al parecer, las empresas proveedoras serían de “maletín”, según indicios de la investigación fiscal. Este caso le forzó la renuncia al titular de la institución, Édgar Melgarejo.
Además, fueron detectados precios inflados en la compra de barbijos especiales por parte de la Facultad de Medicina-UNA y Petropar. En ese contexto, hoy el jefe de Gabinete Presidencial, Juan Ernesto Villamayor, confirmó que todas las instituciones que compren insumos para salud deben hacer reportes a Contraloría, Contrataciones y la Fiscalía.
Los procesos de licitación llevados a cabo por el Ministerio de Salud
En cuanto a las licitaciones realizadas por el Ministerio de Salud en el inicio de la pandemia en el país, en un primer momento señaló que cuando realizaron los primeros llamados para el plan de contingencia del COVID-19, todos estos llamados fueron declarados desiertos. “Eso significa que no ha habido empresas que estén interesadas o que haya habido oferta de los ítems que hayan estado muy encima del precio de referencia”, expresó.
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“Eso se da porque el Ministerio de Salud en sus llamados exigía la entrega de una cantidad muy importante para hacer frente al plan de contingencia; la otra es que necesitaba la provisión de estos insumos con una celeridad importante, en una cantidad y un plazo breve, entonces eso hacía que las empresas, o no podían abastecer con la cantidad que necesitábamos o con la velocidad que necesitábamos, dado que en esa época, después del caso confirmado el 7 de marzo, la fluctuación de precio ha sido importante por la falta de provisión y la excesiva demanda”, argumentó.
Declaró que, luego de que estos llamados hayan sido declarados desiertos, la secretaría de Estado resolvió hacer la compra por vía de la excepción. “Ese fue el proceso que se llevó a cabo desde el 30 de marzo al 4 de abril. Los plazos están reducidos", subrayó.
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“También es una prerrogativa de la convocante, de acuerdo al pliego, otorgar o no otorgar un adelanto. Debido a la experiencia que tuvimos aquí, nos vimos obligados a hacer una suerte de gancho, un anticipo del 20% para atraer a las empresas. En ese sentido se llevó adelante el proceso; finalmente se presentaron tres, pero hay que recordar que este no es un proceso restrictivo”, prosiguió.
“Los precios de referencia se hacen en base a un promedio de precios, que ha fluctuado. En este contrato particular, absolutamente todos los precios están en al marco de referencia e incluso la mayoría de ellos están por debajo. Aquí hay una pequeña diferencia del 14% y puede haber hasta 20% de diferencia que tiene que ver con lo que hay en el mercado”, agregó.
También señaló que este anticipo tiene una caución, una póliza; es decir, si la empresa no cumple con la cantidad requerida o no cumple con las especificaciones técnicas, el 100% debe ser devuelto. “Tenemos varios procesos, alrededor de 30 empresas que están en competencia ya por un monto aproximado de G. 150 millones de dólares”, enfatizó.