Esta mañana habló con ABC Color el titular de la Secretaría de Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), Carlos Pereira, sobre el escenario económico que viven actualmente varios emprendedores ante la crisis por la pandemia de COVID-19.
“A nosotros también nos preocupa la lentitud de los procesos y sobre todo el cambio de disposición, la reglamentación que se adecue a la situación de la pandemia que estamos viviendo; no podemos estar pidiendo flujo de cajas proyectado y todo eso ante total inactividad. Más bien lo que podemos hacer es que se pueda visualizar el principio de negocio de las 5.960 pymes que están en el mercado o estuvieron en los últimos años. Si ellas no reciben un oxígeno financiero en este momento van a perecer y eso va a significar mayor índice de desempleados en el sistema”, indicó.
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“Yo hice un análisis de las tres o cuatro semanas anteriores y no ha crecido la cantidad de pymes que han accedido al crédito, entonces algo realmente está pasando, o algo no se relajó conforme a la situación que estamos viviendo”, sostuvo.
Asimismo, aclaró que como institución del Estado eso ya no compete a la Secretaría de Planificación. Además, afirmó que la institución ya presentó un proyecto al respecto y que ahora está en el campo del Equipo Económico.
No obstante, señaló que a pedido de la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, están ayudando a los comerciantes a analizar algunos indicadores financieros para esas pymes que ya están solicitando su reestructuración o créditos. “Estamos acompañando todo lo que podemos en lo que nos den nuestras atribuciones; lastimosamente, no tenemos participación en la normativa que hay que sacar”, agregó.
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“Nosotros tenemos que ser conscientes del impacto que va a tener esto en la economía. Si esta gente no vuelve a tener el círculo productivo, no solamente van a quedar desempleados los funcionarios, sino que la empresa va a perecer y necesariamente tendrá que anotarse en el concurso de acreedores y después en la quiebra definitivamente. Eso es lo que tendríamos que tratar de evitar con una política concienzuda, que se compadezca con la realidad económica y social que estamos atravesando, porque, al final, para eso uno tiene la habilidad financiera que no solo facilita el apoyo financiero”, expresó.
"Entonces hoy tenemos que ser como una suerte de asesores de estas microempresas que están necesitadas y, a la par, entregarles el crédito exclusivo y gradualmente, pero soltar el dinero, porque están dadas las condiciones, ya está reglamentado, ya están asignados por línea de crédito por banco, financieras y cooperativas (...) Diferenciados, son 37 entidades, casi 400 millones de dólares, entonces yo no sé realmente dónde está el cuello de botella”, subrayó.
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Recalcó que en el plan elaborado por la institución a su cargo están una serie de medidas que se podrían implementar. “Nosotros solo podemos sugerir y recomendar, pero lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, porque nosotros somos los que realmente palpamos la realidad”, ratificó.
Además, sostuvo que lo más preocupante refiere a que el tiempo para actuar se está agotando. “Esa es la parte en que a nosotros nos inquieta muchísimo, creo que estamos entrando en el momento álgido de la situación y acá va a ser un problema, porque van a empezar a brotar en diferentes frentes las cuestiones que se nos pueden ir de la mano si no actuamos y no nos ponemos de acuerdo en una política contracíclica que hay que adoptar en los momentos de crisis", puntualizó.
Plantea reforma y modernización de la ley de contrataciones
Por otra parte, el ministro Carlos Pereira manifestó que cree necesaria una modificación de la ley de Contrataciones Públicas para la adquisición de productos y servicios por parte del Estado. Según señaló, la normativa actual data del año 2003, cuando las arcas del Estado no eran las mejores. “En ese marco legal se hacen, se hicieron y espero que no se sigan haciendo las irregularidades más grandes que se pudieron dar en revisión y hallazgo en término de auditoría”, señaló.
“Yo presenté un proyecto de reforma y modernización (…) En ese término necesariamente tenemos que ver que el tiempo ha transcurrido, entre el 2003 y hoy son 17 años, hay cosas que están fuera de contexto legal y fuera del contexto de la dinámica que hoy la economía exige. Hay que ser prácticos y dentro de ese pragmatismo se ponen las condiciones que directamente le eliminan al proveedor: primero si no está habilitado, segundo que no haya tenido sumarios en los últimos cinco años, tercero que se compadezca con el núcleo y la actividad a lo que se dedica y que se pueda comprobar con simple requisitos. A partir de ahí es responsabilidad directa de cada ordenador del gasto público”, explicó finalmente en relación a su propuesta.
Antecedentes
Es importante destacar que hasta el momento ya van 62 días de la cuarentena sanitaria, anunciada el pasado 10 de marzo, tras la confirmación de los primeros casos de COVID-19 en el país. Desde el 21 de marzo hasta el 3 de mayo se llevó a cabo el aislamiento total para luego dar paso a lo que se llama la cuarentena inteligente, que consiste en la flexibilización de las restricciones por fases.
Hasta el momento, esto ha generado unas 90.000 cancelaciones y suspensiones de contratos laborales por el paro total de actividades y las empresas luchan por soportar la situación hasta lograr la reapertura. Este mismo escenario se vive prácticamente en todo el mundo, debido a que la mayoría de los países debió confinarse para tratar de detener el auge de la pandemia.
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Por otra parte, en relación a la adquisición de insumos en el marco de la ley de emergencia sanitaria del nuevo coronavirus, en el país se han detectado varias irregularidades en entidades como la Dinac y Petropar, que están siendo investigadas por la Fiscalía y que incluso se tradujo en la renuncia de sus respectivas autoridades.
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Asimismo, en el país se registran hasta la fecha 713 casos positivos de COVID-19, de los cuales 165 han logrado recuperarse, mientras que 10 fallecieron.