Buscan endurecer ley que regula construcción de viviendas sociales

La propuesta fue planteada al Congreso a fin de que cuestiones que estaban reglamentadas estén introducidas dentro de la ley, y así, con una siguiente administración “no sean borradas de un plumazo” con una resolución. Esta situación ya se había planteado durante la gestión del exministro Dany Durand al modificar normativas establecidas por su antecesora, Soledad Núñez.

Cabe recordar que el citado programa mencionado actualmente permite transferencias directas a los responsables de los proyectos de viviendas sociales, denominados “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, vía rubro 800. Este mecanismo facilita que empresas de dudosa procedencia reciban recursos públicos -como gestores contratados por los dirigentes sociales- para contratar constructoras sin que haya competencia entre empresas, ni control ciudadano en el proceso.

Debido a esta falta de transparencia en la ejecución, sobre todo ahora con el crédito de US$ 47 millones para la construcción de viviendas sociales, el ministro Pereira indicó que su trabajo ”apunta a transparentar la gestión y cumplir la finalidad del Fonavis, que es seguir dotando de viviendas a la ciudadanía, en todo el país”, manifestó a ABC.

En cuanto a las modificaciones presentada a los parlamentarios, mencionó que se trata de aspectos relativos a los principios orientadores de la ley . “Son indicaciones operativas para regular la ejecución de proyectos, dando potestad a la autoridad administrativa, para determinar las exigencias que se deben imponer a los prestadores de servicios y a las constructoras que coadyuvan con la institución para materializar los subsidios entregados a los beneficiarios, así como regular la potestad de sancionarlos en caso de incumplimiento de sus obligaciones”, mencionó.

El documento explica que el citado programa consiste en subsidiar a la gente de escasos recursos que cuente con una casa propia, no se trata de una compra de un bien, por lo tanto considera mantener en esencia el sistema de contrato directo de las gestiones y no someterlo a la ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, propuesta que contó con media sanción de Diputados el año pasado y que el entonces ministro Durand se opuso férreamente y terminó costándole el cargo.

Además, solicita que los contratos entre los SAT y las constructoras deban ser validados por la institución, a modo de certificar que las mismas cumplan con todas las exigencias para levantar las viviendas sociales. Entre las nuevas están que deberán contar con una cuenta exclusiva para el depósito de los pagos y deberán estar registrados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).

Por otra parte, no se podrá comprometer pagos que no se encuentren previsto en el Presupuesto General de la Nación y que los subsidios sólo podrán ser adjudicados cuando cuente con financiación y disponibilidad presupuestaria. De esta manera, y de aprobarse, se estaría evitando un nuevo intento de comprometer viviendas sin contar con los recursos suficientes para concluirlas.

La maniobra de iniciar viviendas y luego buscar la financiación para concluirlas fue lo que el exministro Durand pretendió hacerlo con los US$ 47 millones planificando unas 7.300 viviendas sociales. La estructura de costos permitía 4.700 casas, considerando que el valor de cada casa oscila entre 35 y 40 unidades de salario mínimo, alrededor de US$ 10.000 por unidad.