Senadores también quieren saber sobre la millonaria tragada en la Policía

Un proyecto de resolución fue admitido ayer en mesa de entrada de la Cámara de Senadores y pretende que el presidente del Congreso, Oscar Salomón, resuelva solicitar al comandante de la Policía Nacional, comisario general Luis Ignacio Arias Navarro, que remita informes con sus documentos respaldatorios sobre “el caso de corrupción descubierto dentro de la institución sobre el uso de combustible, detallando a cuánto asciende el daño patrimonial y quiénes son los responsables de dicho ilícito”.

También que se “especifique si ya se han enviado los antecedentes al Ministerio Público para su investigación, caso contrario explique las razones”.

Igualmente, saber la cantidad de vehículos que tiene la Policía, qué uso le dan a los móviles y el sistema de manejo del cupo de combustibles y los servicios mecánicos.

Por último, el proyecto enviado por el senador colorado Martín Arévalo sugiere que el presidente del Congreso dé un plazo de 15 días al comandante Arias para que responda los requerimientos.

Este pedido, que debe ser aprobado en sesión, se suma al de la Secretaría Nacional Anticorrucpión (Senac), que también ya intervino en el escándalo que fue pillado gracias a una denuncia hecha por una organización civil denominada Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana.

Esta organización “solamente” quería saber cuántas motopatrullas hay en la comisaría de San Antonio y, al final, terminó descubriendo un presunto colosal desvío de fondos que habría ocurrido el año pasado, durante la administración del anterior comandante, comisario general Francisco Resquín.

Por otro lado, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, dijo ayer en el Ministerio de Defensa que ya conversó con el actual comandante de la Policía, comisario general Luis Arias, y con el director general de Administración y Finanzas de la Policía, comisario general Jorge Medina, así como también dijo haber hablado con el presidente de la organización que denunció el hecho, César Luna Baum.

El robo de dinero supuestamente se hacía mediante simulaciones de cargas de combustible en las estaciones de Petropar, donde los playeros extraían la plata de las tarjetas magnéticas de los móviles policiales y se repartían el efectivo con los uniformados, siempre según la pesquisa.

Una primera investigación de la Dirección de Asuntos Internos, que ya terminó el 19 de abril pasado, advirtió la tragada y recomendó hacer una denuncia penal ante el Ministerio Público.

Esa carpeta ya incluía planillas con el detalle de los móviles policiales (motos, camionetas y camiones) que mayor cantidad de combustible supuestamente recibieron durante el año 2020 y la nómina de los supuestos choferes que más combustible cargaron en el mismo periodo. En ambos campos, los montos son millonarios y prácticamente imposibles de que sean ciertos.

Otro fiscal de sumarios de la Dirección de Asuntos Internos, quien reactivó el caso luego de la primera investigación, confirmó la tragada, recomendó sanciones para varios policías identificados y volvió a sugerir la comunicación del caso a la Fiscalía. Fue al entregar su dictamen conclusivo, el martes último.

Sin embargo, hasta ahora la Policía no dio intervención a la Justicia ordinaria, en una aparente responsabilidad del director de Asuntos Internos, comisario general Francisco Andino, quien desoyó a sus dos investigadores.