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El desvío de fondos, que se estima en unos G. 30.000 millones, fue pillado gracias a una denuncia hecha por una organización civil denominada Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana.
El presidente de esta organización, César Luna Baum, dijo a radio ABC Cardinal 730 AM que “solamente” querían saber la cantidad de motocicletas que figuran en la comisaría 24ª Central de San Antonio, pero que al final la propia Policía se delató al enviarles la planilla en bruto con todas las evidencias del posible desfalco.
Una investigación preliminar de la Dirección de Asuntos Internos, que terminó ya el 19 de abril pasado, detectó posteriormente que al menos 150 tarjetas magnéticas que contenían saldo en guaraníes para la carga de combustibles a móviles de la Policía fueron desangradas sistemáticamente durante todo el año 2020, pero sin que las patrulleras, motopatrullas y otros tipos de vehículos de la institución recibieran los combustibles.
Las maniobras se ejecutaban con la complicidad de playeros y funcionarios administrativos de Petropar, quienes hacían figurar como que cargaban diésel o nafta, pero solo para sacar el dinero de las tarjetas y repartirse con los policías.
La investigación descubrió también que la capacidad de los tanques de los vehículos ni siquiera condice con la cantidad de combustible que supuestamente se les cargaba. Por ejemplo, a una moto con capacidad de 15 litros supuestamente le cargaban 250 litros de nafta y Petropar “cobraba” a la Policía por dicha cantidad “despachada”.
El kilometraje declarado de los móviles tampoco era acorde con la cantidad de combustible que supuestamente recibían los vehículos, todo según la primera investigación que terminó hace cuatro meses.
Justamente, en ese primer dictamen conclusivo presentado el 19 de abril pasado, el investigador de Asuntos Internos recomendó a sus superiores dar intervención al Ministerio Público, ante las evidentes irregularidades, para que la justicia ordinaria también sancione a los responsables.
Sin embargo, la recomendación nunca fue oída por el director de Asuntos Internos, comisario general Francisco Andino, quien de ese modo venía salvando a los principales responsables del control y manejo de las tarjetas violentadas, que son el director general de Administración y Finanzas, comisario general Jorge Medina, y el jefe de la división Combustible, subcomisario César Hermosilla.
Aunque la tragada ocurrió cuando el comisario general Francisco Resquín era el comandante, la omisión se produjo ya en la administración del actual jefe de policía, comisario general Luis Arias.
Nuevo dictamen conclusivo
Luego de que la primera investigación fuera prácticamente cajoneada, un fiscal policial de la Dirección de Asuntos Internos (cuyo nombre omitimos por razones de seguridad) reactivó el caso y el martes de tarde entregó su dictamen conclusivo a un juez policial de la Dirección General de Justicia Policial, quien a su vez ahora tiene 20 días hábiles para expedirse.
Básicamente, el fiscal de sumarios ratificó la tragada advertida ya en la anterior investigación y ahora incluso recomendó al juez de sumarios que sancione a por lo menos nueve policías identificados en el circuito de extracciones ilegales de dinero, así como también pidió sobreseimiento para unos 16 agentes.
Algunos de los desvinculados incluso ya pasaron a retiro hace varios años, pero aparentemente sus nombres y sus tarjetas de combustible seguían siendo utilizados para los robos.
El fiscal policial también volvió a sugerir que se haga una denuncia penal ante el Ministerio Público, para que la justicia ordinaria también castigue los graves hechos de corrupción ahora confirmados en la Policía Nacional.
El propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pidió ayer explicaciones al comandante de la Policía, quien fue convocado en el Palacio de López.
La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyo titular es René Fernández, también ya intervino en el caso para investigar paralelamente la situación.
El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, extrañamente se mantuvo en silencio sobre la grave acusación contra la institución que él gerencia políticamente.