PGN 2022: Aumentos por más de US$ 1.000 millones ya son un “tsunami” para las finanzas públicas

Tras la presentación del Ministerio de Salud Pública, la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso cerró la etapa de audiencias informativas, con pedidos de aumentos para ser incluidos en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 que ascienden a más de US$ 1.000 millones.

De la última audiencia informativa de la Comisión Bicameral de Presupuesto participaron el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; y el ministro de Salud, Julio Borba.
De la última audiencia informativa de la Comisión Bicameral de Presupuesto participaron el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; y el ministro de Salud, Julio Borba.

Lo que inicialmente fue considerado como una lluvia de pedidos de mayores gastos presentados ante la referida comisión legislativa en las primeras audiencias realizadas, terminó este miércoles en lo que podría considerarse un tsunami para las finanzas públicas dada la coyuntura actual de pandemia que vive el país.

El presidente de la Comisión Bicameral, senador Juan Darío Monges (ANR), informó que hasta esta mañana el monto adicional requerido era de US$ 342,1 millones y advirtió que habían acordado con el Ministerio de Hacienda que no se considerarían si los mismos no estaban refrendados por el ministro de la cartera, Óscar Llamosas.

A este monto se agregó luego US$ 120 millones para financiar el programa de seguridad presentado en forma conjunta por el Ministerio del Interior y Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Fuerzas militares, y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) durante una reunión mantenida a puerta cerrada con los miembros de la comisión.

Salud Pública, por su parte, esta tarde le sumó alrededor de US$ 589 millones ante la preocupación del ministro de Hacienda, que también estaba participando de la sesión.

Monges insistió a modo de advertencia para sus colegas que con estos pedidos el total reclamado por todas las entidades públicas como adicional para ser incluido en el PGN 2022, supera los US$ 1.000 millones.

El ministro de Salud, Julio Borba, durante la exposición del proyecto de presupuesto 2022 de la entidad ante los parlamentarios, justificó su solicitud en la necesidad de compras de insumos, medicamentos, vacunas anticovid, mantenimientos de hospitales e inversiones, pago de deudas a sanatorios privados, entre otros programas para mantener el sistema de salud.

En cuanto a las reivindicaciones de los médicos, Borba dijo que la reducción de la carga horaria universal de 12 horas y para cubrir esta brecha se necesitará de US$ 30 millones, pero si a esto le agregamos el aumento a tres salarios mínimos el monto adicional sería de US$ 112 millones.

Es insostenible

El ministro Llamosas, advirtió que el referido monto reclamado por las diferentes instituciones públicas para ser incluido en el presupuesto 2022 es insostenible, porque no hay posibilidad alguna de cubrir con recursos genuinos ni con más endeudamiento.

En ese contexto reiteró que son US$ 1.000 millones más, cuando que la recaudación tributaria espera es de US$ 4.600 millones para financiar gran parte del presupuesto.

Además, mencionó que con la reforma tributaria lo que se previó recaudar en el tiempo es entre US$ 350 millones a US$ 450 millones, lo que hasta hora no fue posible porque por la sequía en 2019 y la pandemia en 2020 cayeron los ingresos.

Llamosas respondió de esta manera ante algunas propuestas lanzadas por los legisladores de usar las reservas internacionales, los derechos especiales de giro del FMI (asignados al plan de consolidación económica) y la posibilidad de un mayor endeudamiento público. Al respecto, mencionó que el próximo año se deberá pagar US$ 968 millones en concepto de capital e intereses por la deuda que vence.

La mayor parte de los pedidos es para creaciones de cargos y aumentos salariales, por lo que una eventual aprobación haría que el gasto público sea más rígido y pondría en riesgo el control del déficit fiscal, ya que la intención de las autoridades de la cartera es reducir el saldo rojo al tope establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal de 1,5% del PIB, en 2024.

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