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El 20 de diciembre de 2022, en el marco del expediente 68/2014, que investiga lavado de dinero y otros, la jueza Alba Meza, de Ciudad del Este, condenó al pago de una multa de G. 750 millones a Ricardo Galeano, uno de los presuntos líderes del esquema, y condenó al pago de una multa de G. 93.750.000 a otros ocho procesados, a cuyos nombres se encontraban algunas de las 41 empresas indagadas.
La condena se dio en el marco de un juicio abreviado por producción de documentos no auténticos, delito que los procesados asumieron. En el considerando de su sentencia, Meza señala que fue la Fiscalía, representada por Diego Arzamendia y Rodrigo Estigarribia, la que pidió la condena al pago de una multa, en un delito que pue- de tener hasta 5 años de cárcel.
La Fiscalía, “considerando las condiciones personales y la capacidad económica de cada uno de los encausados, sustentaba la posibilidad de la aplicación de la pena de multa para cada uno de ellos”, indica el documento.
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En el considerando se lee: “la investigación se había iniciado bajo la hipótesis que daba cuenta que entre los años 2012 y 2016, habría operado en Ciudad del Este un esquema de empresas dedicadas a la comercialización de mercaderías que provenían del contrabando y la falsificación.”
“Los procesados como directores, representantes, accionistas de estas firmas a través de las cuentas abiertas en bancos, habrían ingresado sumas de dinero al sistema financiero nacional originadas de la venta de esos artículos para realizar pagos a supuestos proveedores del extranjero, y así integrar capitales y ocultar sumas de dinero presumiblemente derivadas de actividades ilícitas”, añade el documento.
Condenados enviaron dinero falsificando documentos
“Posteriormente, la Fiscalía manejaba otra hipótesis sustentada en que un grupo de personas utilizaba cuentas bancarias abiertas en entidades de intermediación financiera que operan en el país para transferir al exterior montos que serían productos de actividades ilícitas para lo que habrían utilizado facturas de contenido no auténtico”, indica la sentencia.
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Sin embargo, indica el documento, la Fiscalía no pudo “establecer la trazabilidad directa o nexo de los hechos antijuridicos y el ´objeto´ del lavado de dinero (...) No obstante, pudo corroborar la existencia del hecho punible de producción de documentos no auténticos, pero que, al tiempo de realización de la conducta de los procesados, este hecho punible no era considerado como precedente del lavado de activos”.
Sin embargo, se trata de un expediente con 437 tomos de evidencias, que pasó por al menos 15 fiscales. Los documentos indican que Ricardo Galeano, Juan Carlos Sosa Barreto, Walid Amine Sweid, Víctor Taboada y Javier Vázquez (+) habrían montado un esquema de 41 empresas que desde el 2009 enviaron remesas al exterior por US$ 1.200 millones en total.
Dentro el expediente hay informes de organismos financieros de Estados Unidos que advierten que parte de ese dinero habría sido destinado al Hezbollah.
Investigados son amigos de Hugo Velázquez
Luego de pagar las multas, empero, para Galeano y los 8 supuestos prestanombres el expediente fue archivado por disposición de la jueza de ejecución penal Flavia Recalde. Ocurrió el 6 de enero de 2023.
Llamamos al fiscal Arzamendia para saber si la investigación continúa para las demás personas, pero ayer no atendió. Un día antes dijo que no podía hablar. Estigarribia afirmó que responderá tras sus vacaciones, que terminan el 31 de enero.
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Es relevante que en esta causa, que en 8 años no tuvo ni un imputado, se investiga a los amigos del vicepresidente Hugo Velázquez y de su amigo, el abogado Juan Carlos Duarte, ambos declarados significativamente corruptos por Estados Unidos el año pasado.
Velázquez fue fotografiado en el Líbano, en al menos dos ocasiones, con Sweid y Duarte. También admitió que jugaban al fútbol juntos.
Juan Carlos Duarte se presentó en ABC como abogado de Ricardo Galeano y de Sweid en diciembre de 2013, para dar su versión sobre este mismo expediente 68/2014. Estaban acompañados por el abogado Paraguayo Cubas.