El agente fiscal Jorge Luis Arce Rolandi, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), resultó sorteado para llevar a cabo la investigación penal contra Santiago Peña Palacios, presidente de la República del Paraguay 2023-2028, en base a una denuncia hecha por 8 legisladores por la supuesta comisión de enriquecimiento ilícito y otros ilícitos.
El agente del Ministerio Público señaló que se trata de una causa ya formada y que, en horas de la mañana de este martes ingresó a través de mesa de entrada una copia del informe de Examen de Correspondencia hecho y remitido por la Contraloría General de la República (CGR), sobre las declaraciones juradas presentadas por Peña.
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Así también, una copia de la denuncia presentada por los ocho congresistas: los senadores Rafael Filizzola (PDP), Esperanza Martínez (Frente Guazú), Rubén Velázquez (Yo Creo) y Ignacio Iramain (Alianza Encuentro Nacional – EAN); además de los diputados Johanna Ortega (País Solidario), Leidy Paola Galeano Chávez (Cruzada Nacional), Raúl Benítez (Encuentro Nacional) y Adrián Darío Vaesken (PLRA).
Al ingresar por mesa de entrada del Ministerio Público, el sistema informático es el encargado de asignar la causa penal a un agente fiscal.
Legisladores denunciaron a Santiago Peña por varios ilícitos
Los legisladores de la oposición al Partido Colorado (ANR), denunciaron al mandatario Santiago Peña por la presunta comisión de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, cohecho pasivo agravado (coima), tráfico de influencias y asociación criminal. La misma fue presentada ya en octubre de 2025.
Sobre la causa, el fiscal Jorge Arce señaló “vamos a tomar todos los recaudos correspondientes, llevar a cabo el análisis y la valoración de la información presente en la denuncia para ver cómo avanzar con la investigación”.
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Reiteró en otro momento que esta es una causa ya formada y a la cual fue asignado para realizar diligencias, teniendo en cuenta que ya tiene en su poder tanto la denuncia de los senadores y diputados y también el examen de correspondencia de la Contraloría.
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Cabe recordar que, la denuncia expone supuestas inconsistencias de las declaraciones juradas de Santiago Peña, presentadas cuando ingresó a la función pública y cuando salió del ámbito. En ese sentido, los legisladores refirieron un llamativo crecimiento patrimonial de más del 1.600%, que habría experimentado entre los años 2014 y 2023, además de su vinculación con el Grupo Ueno y el escándalo de los “sobres del poder” en Mburuvicha Róga.
El referido porcentaje relacionado al incremento patrimonial de Santiago Peña, representa el aumento de su fortuna de aproximadamente G. 1.351 millones en 2017 a más de G. 23.000 millones en 2023.
Para Contraloría hay correspondencia
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría comentó que el análisis de correspondencia, que concluyó luego de casi ocho meses, implicó el análisis de cinco declaraciones juradas presentadas por el presidente Peña entre 2014 y 2017, cuando fue primero funcionario del Banco Central del Paraguay y luego ministro de Hacienda; y entre 2023 y 2025, tras su llegada al Palacio de López.
Un análisis de las finanzas del presidente durante su primer periodo como funcionario público, el plazo de tiempo en que fue ciudadano privado –desde 2017 hasta 2023– y su segundo periodo en la función pública al ocupar la Presidencia dio como conclusión que “existe correspondencia” entre sus ingresos y su patrimonio declarado, dijo Torres.
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Sobre la construcción de la mansión en San Bernardino, Torres dijo que la Municipalidad de esa localidad no respondió a un pedido de informes de la Contraloría, pero que documentos presentados por la empresa constructora permitieron cruzar información con las entidades financieras involucradas.
Torres señaló que el inmueble en San Bernardino no está a nombre del presidente Peña en los registros públicos, pero dijo que “hay documentación con certificación de firma” que certifica que él compró el terreno y este está en su declaración jurada.