Las acusadas Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatriz Acha Alcaraz, exasistente y exsecretaria, respectivamente, de la exfiscala de San Lorenzo Ana Girala, solicitaron su absolución de culpa y reproche en el juicio oral que afrontan por un supuesto esquema de coima, extorsión y persecución de inocentes.
En sus alegatos conclusivos los defensores públicos María Fernanda Laíno y Carlos Arce Letelier afirmaron que toda la hipótesis fáctica del Ministerio Público cayó, debido a que se violó la cadena de custodia de los celulares incautados a las acusadas, en el Laboratorio Forense de la Fiscalía, ya que según la propia declaración del perito Rubén Fleitas, los aparatos quedaron conectados en el lugar, sin ninguna supervisión.
Arce Letelier afirmó que el profesional, a quien calificó como el “perito estrella del Ministerio Público”, mintió durante su declaración en el juicio oral y que su informe técnico no puede ser valorado, no solo porque se violó la cadena de custodia, sino debido a su clara falta de idoneidad para el trabajo pericial, según expresó el defensor.
“Nos pasamos cinco o seis meses escuchándole a Fleitas, en todo lo que decía se contradecía. Tan bochornoso fue su exposición que la Fiscalía ni siquiera lo mencionó (en sus alegatos finales)”, resaltó Arce Letelier en parte de sus alegatos finales.
Comparó con Hernán Rivas a perito del caso Ana Girala
El defensor público que representa a dos de las acusadas en la presente causa incluso comparó al perito Rubén Fleitas con el exsenador colorado Hernán David Rivas Román, señalando que el hecho de que cuente con varios certificados no lo convierte en técnico perito ni mucho menos en alguien idóneo para extraer los datos de un teléfono celular y realizar el análisis de los mismos.
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“Durante el desarrollo de su exposición quedó más que claro que el señor Fleitas no cumple con ninguno de los requisitos exigidos por nuestra legislación que lo equipare para que él sea idóneo. La idoneidad no se mide por el cartón sino por la capacidad de resolver problemas y exponer el trabajo que realizó, y eso no lo pudo hacer”, remarcó el letrado.
Finalmente, junto a su colega defensora pública María Fernanda Laíno solicitaron la absolución de culpa y reproche de las acusadas Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatriz Acha Alcaraz, con el argumento que los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y Verónica Valdez no han logrado probar ninguno de los hechos por los que piden que ambas encausadas sean condenadas.
El juicio oral y público continuará el próximo martes 2 de junio, desde las 8:00, con la presentación de los alegatos finales de las defensas de los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín y Liz Elena Martínez Robles; según lo resuelto por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que preside Yolanda Morel e integran Karina Cáceres y Ana Rodríguez Brozón.
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Fiscalía pide 12 años de cárcel para Ana Girala
Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y Verónica Valdez piden que Ana Girala sea condenada a 12 años de cárcel por asociación criminal, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, prevaricato y también la persecución de inocentes, todos en calidad de autor.
De los 28 casos que fueron presentados en la acusación, los agentes del Ministerio Público aseguraron que en 22 casos se probó que Girala negoció con los procesados, con la colaboración de su entonces asistente Christi Magalí Ortega Domínguez, y la secretaria Griselda Beatriz Acha Alcaraz; también enjuiciadas en la presente causa.
Para la secretaria fiscal de Ana Girala, Griselda Acha, la Fiscalía solicitó una condena de 9 años de pena privativa de libertad; en tanto que para la asistente Christi Ortega, los investigadores peticionaron la aplicación de una condena de 4 años de cárcel.
En la causa también están procesados y en juicio los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza para quien elevaron el pedido de 2 años y 6 meses de privación de libertad, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, para quien pidieron 2 años de prisión, y Liz Elena Martínez Robles, para quien solicitaron 3 años y 6 meses de encierro.
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Para la Fiscalía estos tres letrados cometieron en calidad de cómplices los hechos de asociación criminal, extorsión, tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado.