La Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales expresó este lunes su “firme rechazo y preocupación” por el Acuerdo y Sentencia N.º 50/2026 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictado el pasado 2 de junio.
Según señalaron, la resolución anuló el Acuerdo y Sentencia N.º 282/2025 del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, que había rechazado una resolución del Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal relacionada con bonificaciones otorgadas a sus integrantes.
Los jubilados sostienen que la decisión judicial deja vigente un esquema de beneficios económicos para los miembros del Consejo de Administración en un momento en que la institución atraviesa una profunda crisis financiera.
Atraso en el pago de haberes
En el comunicado, los pensionados afirman que la Caja Municipal no está cumpliendo con su principal obligación: el pago regular de jubilaciones y pensiones.
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Indicaron que numerosos beneficiarios aún no cobraron los haberes correspondientes a marzo, abril y mayo de 2026. Denunciaron que tampoco se aplican los reajustes previstos por la legislación para preservar el poder adquisitivo de las prestaciones.
Asimismo, cuestionaron que mientras persisten los atrasos para los jubilados, las autoridades continúen percibiendo bonificaciones que consideran excesivas.
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Cuestionan la legalidad de las actuales autoridades
En otro punto del comunicado emitido, los jubilados hacen referncia a la situación jurídica de los miembros del Consejo de Administración de la Caja Municipal.
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Según el documento, la Sala Penal calificó a los consejeros como “autoridades competentes”, pese a que, afirman, existen sentencias firmes del fuero electoral que anularon las elecciones realizadas en 2019 y declararon inhábiles a los integrantes electos.
Los firmantes sostienen que dichas resoluciones datan del año 2020 y que los consejeros permanecen en sus cargos desde hace siete años pese a los cuestionamientos judiciales.
Además, señalaron que durante el proceso se incorporaron nuevos antecedentes administrativos que, a su criterio, merecían una valoración más amplia por parte de las instancias judiciales.
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“La contradicción es escandalosa”
Los jubilados expresaron que la sentencia genera indignación porque consideran que permite mantener privilegios para un grupo reducido de personas mientras miles de beneficiarios enfrentan dificultades económicas.
“La contradicción es escandalosa: para las bonificaciones de los directivos siempre hay recursos, para los jubilados siempre aparecen excusas”, indica el comunicado.
También advirtieron que la situación fortalece la percepción de que existen “ciudadanos de primera y de segunda categoría”.
Nuevas acciones legales
Finalmente, los jubilados y pensionados municipales anunciaron que continuarán recurriendo a todas las instancias legales, institucionales y ciudadanas para defender sus derechos.
En ese sentido, solicitaron que la situación de los beneficiarios sea atendida con urgencia, sensibilidad y seguridad jurídica.
“Seguiremos recurriendo a todas las instancias legales, institucionales y ciudadanas para defender nuestros derechos. No aceptaremos que se normalicen los privilegios de unos pocos mientras miles de jubilados viven en la incertidumbre, la angustia y la necesidad”, concluye el pronunciamiento.