La Coordinadora de víctimas de la “Mafia de los Pagarés” difundió este martes una carta abierta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, en la que expresa su preocupación por la falta de avances en las investigaciones y soluciones legislativas relacionadas con el caso.
El colectivo sostiene que existe una “absoluta parálisis institucional” y cuestiona la falta de voluntad política para abordar las denuncias de estafas procesales, usura y manipulación de documentos de crédito que, según afirman, afectaron a miles de familias paraguayas.
“Acudimos a esta instancia legislativa no a solicitar prebendas, sino a exigir el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar la justicia y el bienestar común”, señala la misiva.
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Críticas a Latorre y a los líderes de bancadas
Las víctimas responsabilizan directamente a Latorre, en su carácter de titular de la Cámara Baja, por lo que consideran una falta de respuesta institucional. También extienden sus cuestionamientos a los líderes de bancadas, bloques y movimientos políticos.
Según la coordinadora, el “silencio administrativo” y la falta de quórum estarían evitando un debate de fondo sobre la problemática. En ese sentido, sostienen que la situación de las víctimas alcanzó un nivel de “desesperación y vulnerabilidad humana insostenible”.
El grupo reclama que Diputados ejerza sus atribuciones de control y legislación y adopte medidas ante lo que califica como una “flagrante mora judicial” y una preocupante falta de garantías procesales.
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Cuestionan prioridad de la agenda electoral
La Coordinadora también cuestiona que la coyuntura política y las campañas electorales estén desplazando las demandas de las personas afectadas.
“Nos resulta jurídica y moralmente inadmisible que, en la coyuntura actual de campañas políticas y disputas electorales, donde los esfuerzos se concentran en asegurar cupos y candidaturas para sus respectivos miembros, los legisladores esquiven sus responsabilidades republicanas”, expresa la carta.
Las víctimas sostienen que la ciudadanía observa cómo la agenda electoral desplaza a la “agenda social y humanitaria”, mientras las familias afectadas continúan esperando respuestas.
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Exigen tratamiento de tres medidas
Entre sus principales reclamos, la coordinadora menciona el Proyecto de Ley de Traslado de Expedientes, que considera necesario para descentralizar los procesos judiciales, reducir el impacto económico sobre las víctimas y evitar, según denuncian, la manipulación jurisdiccional de las causas.
También exige el tratamiento del Proyecto de Ley de Indemnización y Reparación Integral, destinado a reparar el patrimonio de las personas que aseguran haber sido perjudicadas por estas estructuras.
El tercer pedido apunta a la apertura de un proceso de juicio político contra ministros de la Corte Suprema de Justicia. Las víctimas sostienen que la máxima instancia judicial tiene responsabilidad por acción u omisión en la expansión del esquema denunciado dentro de los tribunales.
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Piden juicio político a ministros de la Corte
En la carta, el colectivo invoca el artículo 225 de la Constitución Nacional, que establece la atribución de la Cámara de Diputados para formular acusación ante el Senado en los casos de juicio político.
Las víctimas cuestionan la supuesta falta de auditorías rigurosas en juzgados de paz y de primera instancia, además de la respuesta institucional ante las denuncias de estafa procesal. A criterio del colectivo, estos hechos podrían configurar un supuesto mal desempeño de funciones.
“Una ley postergada es una justicia negada”, sostiene la coordinadora en el documento, en el que reclama que el Parlamento recupere su función de contrapeso constitucional y promueva medidas para frenar la problemática.
Finalmente, las víctimas advierten que continuarán movilizadas y recurrirán tanto a instancias judiciales como a organismos internacionales de derechos humanos. También lanzaron una advertencia política a Latorre y a las distintas bancadas: aseguran que la ciudadanía y la historia juzgarán sus decisiones frente a los reclamos.