La Comisión Especial de Investigación de los hechos relacionados con la denominada “mafia de los pagarés” dio a conocer este mediodía las principales conclusiones de meses de investigación y anunció una batería de reformas para impedir la repetición del esquema que dejó miles de víctimas en todo el país.
Durante la presentación, la directora de la comisión, Diana Vargas, sostuvo que el análisis de cientos de expedientes permitió reconstruir el funcionamiento integral del sistema, identificar nuevas modalidades de estafa y preparar futuras denuncias penales.
Entre los nuevos hallazgos, reveló la aparición de empresas que ofrecen supuestos servicios de compra de deudas o asesoría financiera para gestionar créditos en el Banco Nacional de Fomento (BNF), mecanismo que, según la investigación, termina profundizando el endeudamiento de personas ya afectadas.
“Tenemos elementos suficientes para próximas denuncias penales también con relación a esta práctica con víctimas concretas de zonas muy alejadas del país”, afirmó.
Detectan que las deudas eran construidas desde el inicio
Uno de los principales hallazgos de la comisión es que el problema no responde exclusivamente a una falta de educación financiera de las víctimas.
Según Vargas, la deuda se “construía artificialmente desde el primer acto de la relación crediticia”. Explicó que numerosos consumidores adquirían electrodomésticos u otros bienes creyendo contratar una operación por un determinado monto, pero desde el inicio el crédito era estructurado con condiciones que multiplicaban el valor real de la obligación.
La investigación detectó que muchas de estas operaciones se realizaban fuera del sistema financiero formal, en lugares de trabajo, escuelas, hospitales o instituciones públicas, donde vendedores aprovechaban la necesidad económica de los trabajadores para ofrecer créditos con escasos controles.
El verdadero motor del esquema era el descuento salarial
La comisión concluyó que el descuento automático de salarios fue el principal mecanismo que permitió sostener el sistema durante años.
Según el informe, el daño comenzaba mucho antes de que los casos llegaran a los tribunales, ya que una misma persona podía sufrir descuentos considerados abusivos durante una década.
Vargas recordó que el Ministerio de Salud ya resolvió dejar de realizar descuentos automáticos, aunque señaló que esa medida todavía no fue adoptada por el Ministerio de Educación, donde se concentra una importante cantidad de afectados.
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Otro de los hallazgos señala que muchas obligaciones se transformaban en deudas prácticamente impagables.
La comisión explicó que, pese a los descuentos realizados durante años, numerosos trabajadores no podían demostrar posteriormente que ya habían abonado las cuotas correspondientes, debido a que los pagos eran canalizados mediante asociaciones u otras intermediarias cuyos comprobantes luego no eran reconocidos dentro de los procesos judiciales.
Mientras tanto, las empresas de cobranza continuaban reclamando administrativamente las mismas obligaciones y, paralelamente, promovían demandas judiciales.
La masividad también debilitó los controles judiciales
El informe sostiene que la enorme cantidad de demandas ejecutivas provocó que numerosos juzgados dejaran de realizar controles mínimos previstos por la legislación.
La comisión observó que, además, muchas notificaciones no llegaban efectivamente a los demandados, privándolos del derecho a ejercer una defensa adecuada.
Como consecuencia, el proceso ejecutivo terminó funcionando prácticamente como un mecanismo automático de cobro.
El abogado Francisco Segovia explicó que todos los hallazgos fueron convertidos en propuestas concretas de reforma.
1. Evitar reportes en burós de crédito antes de una sentencia
La primera propuesta busca impedir que las acciones preparatorias aparezcan como juicios activos en bases de datos como Equifax antes de que exista una resolución judicial.
La comisión plantea que la Corte Suprema deje de remitir esa información mediante una decisión administrativa, evitando que personas pierdan acceso al crédito únicamente porque alguien inició una acción preparatoria.
2. Fortalecer los controles dentro del Poder Judicial
La comisión propone implementar:
- Auditorías automáticas de expedientes.
- Redistribución de causas entre juzgados.
- Refuerzo de los juzgados con mayor carga laboral.
- Monitoreo estadístico permanente para detectar litigaciones masivas.
Estas medidas buscan impedir la concentración de miles de expedientes en determinados juzgados.
3. Mayor control sobre las certificaciones notariales
La investigación detectó inconsistencias reiteradas entre las fechas de emisión de pagarés y las certificaciones notariales.
Para corregir estas irregularidades se propone:
- Mayor trazabilidad documental.
- Controles administrativos más estrictos.
- Actualización de la legislación aplicable a las certificaciones.
4. Modernizar el régimen del pagaré de consumo
La comisión considera que la legislación vigente fue diseñada para operaciones comerciales tradicionales y no para el crédito masivo al consumidor.
Entre las principales modificaciones planteadas figuran:
- Diferenciar legalmente el pagaré comercial del pagaré de consumo.
- Exigir que el pagaré esté acompañado del contrato original.
- Incorporar historial completo de pagos.
- Registrar las cesiones del crédito.
- Permitir un mayor control judicial sobre el negocio que originó la deuda.
- Otorgar mayores garantías de protección al consumidor.
Segovia aclaró que el objetivo no es limitar el crédito legítimo, sino impedir que el régimen cambiario sea utilizado para consolidar prácticas abusivas.
La conclusión: el problema fue la falta de controles
Como conclusión general, la comisión sostiene que el principal problema no radicó únicamente en la existencia de pagarés irregulares, sino en la ausencia de controles efectivos durante su ejecución judicial.
El informe señala que, cuando el juez se limita a una revisión superficial del documento y las notificaciones impiden una defensa real del demandado, el juicio ejecutivo deja de ser un mecanismo excepcional de tutela del crédito para convertirse en un sistema prácticamente automático de cobro, incluso sobre obligaciones con serios indicios de irregularidad.
La comisión también rechaza la idea instalada de que en los juicios ejecutivos los magistrados no pueden revisar el fondo de los casos.
Por el contrario, sostiene que los jueces mantienen la obligación de controlar la competencia, la validez del título, la regularidad de las notificaciones, el cumplimiento de los requisitos legales del pagaré, la prescripción cuando sea manifiesta y las nulidades que la legislación autoriza declarar de oficio.
Con estas conclusiones, la Comisión Especial considera que el paquete de reformas constituye una base para evitar la repetición de uno de los mayores esquemas de fraude vinculados al sistema de cobro mediante pagarés detectados en Paraguay.