La audiencia preliminar realizada en la causa abierta por amenazas al periodista Carlos Benítez por publicaciones realizadas sobre la mafia de los pagarés en el medio digital El Observador concluyó con la condena de la abogada Zully Ortiz García y su amiga, la funcionaria pública Evelin Librada Paredes Frutos.
En el marco de un procedimiento abreviado, el juez penal de Garantías José Agustín Delmás condenó a las acusadas a dos años de pena privativa de libertad por los delitos de coacción y amenaza de hechos punibles. Esta salida jurídica contó con la anuencia de la fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos Ruth Benítez y del afectado por las amenazas, el periodista Carlos Benítez, quienes participaron en la audiencia.
Asimismo, considerando que ambas están privadas de libertad desde el inicio del proceso, el juzgado dispuso la suspensión a prueba de la condena y la inmediata libertad de las condenadas, que se encontraban recluidas en el Complejo Penitenciario de Mujeres Privadas de Libertad (Comple) de Emboscada.
Condena por coacción y amenaza de hechos punibles
La sentencia definitiva (SD) N° 47 establece una serie de reglas de conducta establecidas por el juzgado que, en caso de incumplimiento, quedarán sin efecto.
La obligación de resarcir el daño social consistente en la donación mensual de G. 2.000.000 con relación a Zully Ortiz y de G. 1.000.000 en relación a Evelin Paredes, por el termino de dos años al Centro de Salud de San José de los Arroyos.
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Prohibición de acercarse y comunicarse por cualquier medio a la víctima. así como prohibición de salir del país sin autorización judicial, de consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes y de cometer otro delito, así como la obligación de presentarse ante el juzgado en forma trimestral son otras reglas de conducta establecidas por el juzgado.
Publicaciones sobre la mafia de los pagarés motivaron amenazas
La acusación presentada por la fiscala Ruth Benítez destaca que la investigación se inició a partir de la denuncia presentada el 23 de setiembre de 2025, con relación al contenido de algunos comentarios y mensajes efímeros desde tres perfiles. El rastreo permitió identificar al mecánico Luis Alberto Quintana como uno de los usuarios.
Esta persona fue detenida y procesada al inicio, pero posteriormente se descubrió que su usuario fue utilizado sin su autorización, por una persona con la que tenía una relación sentimental. Esta resultó ser Evelin Paredes, que a su vez habría incurrido en el ilícito por instrucciones de Ortiz, según concluyeron los investigadores.
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“Se pudo inferir que la señora Evelin Paredes mantiene una relación de amistad con la Abg. Zully Ortiz, sobre quien pesa dos imputaciones y una acusación fiscal, relacionadas al caso ―Mafia de Pagarés (caso seguido por el señor Carlos Benítez, en su carácter de periodista y director del medio ― El Observador). Además, la Abg. Zully Ortiz, en varias ocasiones asistió jurídicamente a Evelin Paredes, por lo que su relación también abarcó el ámbito profesional coincidentemente relacionado al caso que nos ocupa", señala la fiscala al explicar el nexo entre ambas acusadas", explica la acusación.
“En prosecución a la investigación se obtuvo información que la señora Evelin Paredes fue pareja sentimental del señor Luis Alberto Quintana Acosta, razón por la cual existió una extrema confianza entre ambos y en consecuencia, Evelin Paredes, en cada encuentro entre ambos, la misma se apoderaba del aparato celular de Luis Alberto y en ese momento en connivencia con la Abg. Zully Ortiz (amiga y vecina), una vez recibido informaciones relacionadas a casos de Mafia de Pagarés por parte de esta última, Evelin envió desde el perfil de Luis Quintana, al perfil de El Observador, publicaciones que involucran al denunciante Carlos Benítez y muchas de ellas de manera coactiva para que cese la cobertura de informaciones relacionadas a la Mafia de pagarés, incluso cuando el programa se encontraba en vivo a través de las plataformas (Live)”, detalla la acusación.
Campaña para frenar denuncias sobre mafia de los pagarés
Por esta razón, Quintana fue posteriormente desvinculado del caso y quedó como testigo, mientras que el proceso siguió para las otras dos, hoy condenadas en procedimiento abreviado.
“El denunciante ha sido blanco de una campaña de amenazas, desmoralización, persecución, mensajes de odio e invasión a su vida privada que se desarrolló en plataformas digitales de redes sociales, específicamente en Facebook, Instagram y X, desde cuentas de usuarios anónimas y/o falsas”, señala la acusación fiscal.
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“Tres meses antes de la denuncia, esta persecución se vio intensificada, con publicaciones que atentaron contra la imagen profesional y la vida privada del recurrente y de su equipo de trabajo, en comentarios que se realizaron durante las transmisiones en vivo de la programación del medio de comunicación”, destaca la agente fiscal, tras recordar que el 18 de septiembre de 2025, desconocidos balearon la casa del periodista, ubicada en Lambaré.
