“Quisieron tratar mi causa como un caso aislado, pero la mafia de los pagarés reúne a miles de víctimas. En nombre de todas ellas, por su dolor, llegué hasta este punto y espero una condena ejemplar”, afirmó Ángela Zárate al resumir la batalla de años que la llevó desde su natal Carapeguá hasta los tribunales de Benjamín Aceval, en lo que constituye un hito judicial: la primera causa de este tipo en la zona que logra llegar a la instancia de juicio oral.
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Los hechos se remontan al periodo 2013-2015, cuando la víctima gestionó dos préstamos con la firma de crédito Vanesa y Asociados (Vanesa S.A.) por un monto total de 7.200.000 guaraníes.
Un largo camino
El calvario de Zárate comenzó años después de haber saldado legítimamente un crédito contraído con Vanesa S.A. La deuda fue cancelada en su totalidad en el año 2015 a través del Banco Nacional de Fomento (BNF).
Sin embargo, en 2021 —seis años después de la cancelación— la mujer descubrió con estupor un embargo sorpresivo sobre su salario originado en el Juzgado de Paz de Nueva Italia. Pese a presentar todos los comprobantes que acreditaban el pago en tiempo y forma, la entonces jueza de la causa, Norma Barrios, se negó a dar trámite a sus pedidos de suspensión.
Lejos de rendirse, Zárate recusó a la magistrada y la denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). A raíz de la presión institucional, la jueza terminó renunciando al cargo para acogerse a la jubilación, en lo que la víctima califica como “la salida más elegante” para evitar el juzgamiento. Tras ser derivada a la sede judicial de Villeta, una nueva jueza revisó las pruebas, decretó el finiquito del caso y le devolvió los montos descontados.
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Zárate no presentó denuncias penales en ese momento, creyendo que la pesadilla había concluido. Sin embargo, año y medio después, la red volvió a atacar: la firma le aplicó un segundo embargo salarial usando exactamente los mismos pagarés ya cancelados, esta vez tramitados en el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval.
Trabas institucionales y peregrinaje judicial
La segunda embestida reveló la red de complicidades e inoperancia en el sistema. Al recusar al juez de Benjamín Aceval, Roberto Carlos Riverola, la causa era devuelta de manera irregular al mismo magistrado para que “pusiera en orden los documentos”.
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En la fiscalía inicial, la situación no fue distinta: el fiscal interviniente no solo ponía trabas a la investigación, sino que intentaba forzar a la víctima a firmar una conciliación con sus victimarios.
Determinada a buscar justicia, Zárate denunció y recusó también al fiscal ante el JEM, logrando que el expediente pasara a la Unidad de Delitos Económicos. Fue recién en esa instancia especializada cuando el caso cobró la solidez necesaria para formular acusación formal y elevar la causa a juicio oral.
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“Imaginate todo el recorrido que tuve que hacer desde Carapeguá, todo el desgaste físico y emocional. ¿Cómo le decías a tus hijos que no tenías para darles de comer porque no te sobraba nada?”, relató la mujer conmovida al recordar los momentos en que los embargos compulsivos comprometían el sustento de su hogar.
Hoy, en puertas de que la Cámara de Apelación resuelva la recusación planteada por la defensa para destrabar el juicio, Ángela Zárate no busca solo un resarcimiento personal. Su lucha se ha convertido en un símbolo para cientos de trabajadores en todo el país que sufren el despojo silencioso de la “mafia de los pagarés”.