La propuesta legislativa que busca habilitar la prospección y explotación de hidrocarburos dentro de esta área silvestre protegida reabre una grieta histórica en la agenda nacional: la encrucijada entre explotar los recursos energéticos para el desarrollo o preservar intacto uno de los ecosistemas más frágiles y biodiversos del país.
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El proyecto de ley, presentado por el diputado cartista José Rodríguez (ANR), pretende modificar el régimen de protección del parque. Llamativamente, la iniciativa es un reflejo casi exacto de la propuesta presentada en 2022 por el entonces legislador Edwin Reimer, la cual fue rechazada un año después tras fuertes presiones ciudadanas y ambientales.
Ambos proyectos coinciden en un elemento clave: restituir las condiciones operativas a la empresa Primo Cano Martínez S.A., firma que sostiene derechos de concesión otorgados con anterioridad a la ampliación de los límites del parque.
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Dos visiones de país frente a frente
La controversia no solo divide a los bloques parlamentarios, sino que pone en evidencia dos concepciones opuestas sobre el modelo de desarrollo para el Chaco paraguayo.
La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) y sectores que abogan por la protección del área verde detallan que modificar los límites del parque sentaría un precedente de retroceso normativo (principio de no regresión ambiental) sin precedentes en la legislación paraguaya.
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“Usualmente, todas las leyes que tienen que ver con protección de vida silvestre y de espacios protegidos fueron aumentando sus mecanismos legales y jurídicos de protección. Nunca se revirtieron ese tipo de medidas”, refirió la diputada por Asunción.
A nivel técnico y socioambiental, Ortega advirtió que la presencia de maquinaria pesada para exploración atenta directamente contra la biodiversidad y los últimos grupos humanos en estado de aislamiento voluntario del país.
“Basta ver las fotos que presenta la misma empresa para darse cuenta de que sí hay una afectación al ecosistema cuando intervienen en la prospección. Estamos hablando de un espacio donde además viven comunidades indígenas no contactadas, que viven todavía según sus formas ancestrales de vida y son de las últimas que quedan”, aseguró la legisladora.
Seguridad jurídica y urgencia energética
Del lado de la empresa privada sostienen que la ampliación del parque en 2016 invadió concesiones previamente otorgadas por el propio Estado a la empresa Primo Cano Martínez S.A., violando la seguridad jurídica y derechos adquiridos de rango constitucional.
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Añaden que -según sus cálculos- para el año 2030 Paraguay agotará su excedente de energía hidroeléctrica provisto por Itaipú y Yacyretá, por lo que el desarrollo del gas natural en el Chaco es visto como una pieza estratégica para garantizar la soberanía energética futura.
Asimismo, dicen que permitir la explotación de gas garantizaría autonomía energética a las aisladas comunidades del norte del Chaco, como Bahía Negra.
El giro del Mades y el papel del Ejecutivo
Un punto discordante dentro del análisis es el viraje en la postura institucional del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). Según la diputada Ortega, la documentación oficial remitida a la Cámara hasta la fecha no refleja cambios técnicos, sino dictámenes negativos contundentes.
“Oficialmente, en Cámara de Diputados los únicos pareceres técnicos jurídicos que tenemos son los del MAG y la Defensoría del Pueblo. El Mades emitió un dictamen de 14 páginas explicando técnica y jurídicamente por qué no hay que innovar en este proyecto. Si esto formaba parte de la política energética del Gobierno, el primer dictamen debió estar alineado”, insistió.
Pese a esto, el ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto, habría llegado a acuerdos con el diputado proyectista para modificar el texto legislativo y levantar las objeciones institucionales, un hecho que la oposición califica como una cesión ante intereses particulares y que el oficialismo defiende como un ajuste necesario de soberanía.
Actualmente, el proyecto cuenta con el dictamen de la Comisión de Minas y Energía, mientras aguarda las resoluciones de las comisiones de Legislación y de Ambiente antes de ser tratado en el pleno de la Cámara Baja.