El 31 de enero de este año, la vida de Johana Ortiz cambió de forma drástica e irreversible. Mientras se desplazaba como pasajera en una motocicleta de plataforma de viajes sobre la avenida Cacique Lambaré, al llegar a la intersección con Luis María Argaña donde estaba ubicado el monumento a La Burrerita -que era malutilizado como una rotonda-, sufrió un grave accidente con un autobús de la empresa de transporte público 3 de Febrero.
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Entre múltiples lesiones severas, el cabello de Johana quedó atascado en una de las ruedas en movimiento del colectivo, provocándole la pérdida casi total del cuero cabelludo.
“Según la empresa, solo hubo daños materiales”
Pese a la magnitud del impacto, Ortiz reveló en entrevista con el canal Latele que la respuesta jurídica de la empresa de transporte ante la Fiscalía ha sido solicitar desestimar el caso, argumentando que no existieron daños físicos ni secuelas psicológicas y que todo se redujo a daños materiales. “Me pregunto cómo yo pude hacerme todo esto si, según ellos, hubo solamente daños materiales”, cuestionó.
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“Es impresionante la magnitud en la que se desentienden de mi caso. La empresa niega rotundamente todo e insiste en que el daño psicológico que declaré es nulo. Las noches en las que no puedo dormir por el insomnio o el trauma de recordar el accidente, ¿eso no es daño psicológico?“, lamentó Johana.
La afectada desmintió además la versión de la empresa, según la cual el motociclista intentó realizar un adelantamiento imprudente por la derecha. Ortiz aseguró que circulaban correctamente por el carril izquierdo mientras el bus transitaba por el derecho, agregando que existen videos de circuito cerrado que respaldan su versión, los cuales debieron ser recabados por su propia cuenta ante la inacción inicial de los investigadores.
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Un calvario de 22 cirugías y el impacto en su entorno familiar
El accidente truncó las aspiraciones laborales de Johana, quien trabajaba en el sector gastronómico y justamente esa semana se disponía a recibir una beca universitaria para culminar la carrera de Radiología. Desde finales de enero, debió someterse a 22 complejas intervenciones quirúrgicas de injertos de piel en la cabeza, brazos y piernas.
“Son 22 cirugías en las cuales pude salir. Todo lo que se gastó en tratamientos e intervenciones salió de la solidaridad de la gente, de mis vecinos y de personas extrañas. De la empresa, jamás recibí una sola moneda”, aseveró.
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El dolor físico se suma a un profundo impacto emocional familiar. Johana relató que mantuvo ocultas las heridas más severas de su madre, quien sufrió tres paros cardíacos a raíz del shock del accidente. Además, debió preparar psicológicamente a sus hijos pequeños para mostrarles las cicatrices en la cabeza, enfrentando también episodios de hostigamiento escolar hacia su hija de seis años debido a su apariencia.
“Es un dolor inmenso para mí y para mis hijos. Tuve que hablar con mi hija de seis años y explicarle para que ella pueda aceptar todo. En la escuela los niños a veces son crueles sin medir, le dicen ‘tu mamá es la pelona’. Tuve que armarme de valor para mostrarles mi cabeza y poder tener un aire”, relató entre lágrimas.
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La respuesta de la aseguradora y la búsqueda de prótesis
La situación se complica aún más en el ámbito administrativo. Cuando la víctima intentó recurrir a la aseguradora del transporte público para solicitar cobertura médica, los representantes de la firma le informaron que la empresa de ómnibus no se encontraba al día con sus pagos y que el proceso legal podría demorar más de dos años, desalentando el reclamo.
Actualmente, Johana cuenta con el patrocinio gratuito del abogado William Amaral, ya que quedó imposibilitada de trabajar. Aunque requiere un injerto capilar futuro, su prioridad inmediata es conseguir unos G. 15 millones para financiar una prótesis en el dedo pulgar de la mano derecha, lo que le permitiría recuperar la función de pinza y volver a realizar tareas cotidianas al poder volver a agarrar cosas.
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“Quiero ser la voz de aquellas personas a las que ellos callaron, a las que les dijeron ‘con nosotros no van a poder’. Espero que haya justicia para la gente de escasos recursos y que las empresas de transporte empiecen a asumir responsabilidades y no sigan actuando en total impunidad”, concluyó.
Intentamos contactar con representantes de la empresa 3 de Febrero los números que finalizan en 698 y 327 pero no respondieron ante nuestras llamadas.