Desde el 3 de febrero la Fiscalía fue informada por el juez Osmar Legal sobre el contenido de los chats del extinto diputado colorado cartista, Eulalio “Lalo” Gomes, tras la requisa del aparato celular durante el operativo en su domicilio en el que terminó abatido por los agentes de la Policía Nacional. Esta causa es conocida como #LaMafiaManda.
Desde esa fecha, se dio a conocer un esquema en el que el legislador operaba para presuntamente torcer el sistema de justicia y los órganos de investigación a su favor a través de su sobrina hoy detenida por orden fiscal, la asistente fiscal Helga Lizany Concepción Solís Gómez (40).
Además, también se dio a conocer que tanto el propio ministro de la Senad, Jalil Rachid, como los agentes especiales que ocupaban altos cargos en la institución, Hugo Baptista, Cristhian Amarilla y Aldo Pintos (hoy imputados) habrían mantenido conversaciones con el legislador tras el fallido operativo en el que el presunto narcotraficante Ronaldo Mendes Nunes logró fugarse, lo cual se sospecha se dio por la filtración de información de la Senad.
Mientras tanto, recientemente se dio a conocer la imputación contra cuatro agentes de la Senad por la presunta filtración de información relacionada con Mendes Nunes, entre ellos Alicia Marlene Vázquez Samaniego, además de los otros tres citados.
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Jorge Rolón Luna, abogado reconocido que escribió varios artículos sobre el tema, aseguró mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X que esto podría ser una causal de juicio político al Presidente de la República, Santiago Peña, además de la destitución del ministro de la Senad, Jalil Rachid, debido a que no tomaron acciones contra los hoy imputados a sabiendas de las sospechas de conexiones de los mismos con el crimen organizado.
Vínculos del crimen organizado con políticos
Incluso, en uno de sus escritos, Jorge Rolón Luna recuerda que ya en el 2017 la Policía Federal brasileña tenía en su radar al diputado cartista fallecido; sin embargo, tanto el propio ministro Jalil Rachid, como Peña negaron que se tenga conocimiento sobre los vínculos de Lalo con el crimen organizado.
Además, también insistió en que la actitud del presidente Peña ante hechos que develan este contagio criminal de la política ha sido siempre negación, minimización y el recurso a argumentos como la “presunción de inocencia”, evitando responder con firmeza ante estas situaciones, como en el caso del exsenador colorado cartista Erico Galeano, condenado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, relacionado al presunto narcotraficante Sebastián Marset.
“Esto se demoró demasiado. Sin mencionar que este gobierno, luego de las “revelaciones” (era un secreto a voces y desde esta modesta cuenta nos hemos pronunciado al respecto) de los “Chats Lalo” nunca tomó determinaciones al respecto de algunos de estos personajes. Causal juicio político para Peña y de destitucion para Rachid que nunca vio nada", escribió.
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De acuerdo con la imputación presentada por los fiscales Ingrid Cubilla, Luis Said, Christian Ortiz y José Morínigo, Helga Lizany Solís Gómez habría actuado entre los años 2019 y 2023 como una operadora de confianza del denominado Clan Gomes, presuntamente utilizando su posición dentro del Ministerio Público para favorecer intereses de la organización.
La imputación contra agentes de la Senad
Otro de los puntos centrales de la imputación guarda relación con la operación Sanctus, realizada en diciembre de 2023.
Según el Ministerio Público, la funcionaria habría filtrado información sensible sobre el operativo y posteriormente coordinado acciones con funcionarios de la Senad para evitar que el nombre de “Lalo” Gomes apareciera vinculado a la fuga del presunto narcotraficante brasileño Ronaldo Mendes Nunes.
A partir de estos antecedentes, los fiscales concluyen que Solís Gómez habría sido una “pieza fundamental para la infiltración y manipulación del sistema de justicia”, permitiendo al Clan Gomes acceder a información estratégica y neutralizar investigaciones en su contra.
Además, una conversación entre el ministro de la Senad, Jalil Rachid, y “Lalo” Gomes aparece en la imputación, específicamente del 10 de febrero de 2024, cuando se cree que “hablaron largo rato” luego de que aparezca en los medios de comunicación versiones que vinculaban al diputado abatido con la fuga de Mendes Nunes. El mismo Lalo le había dicho que hablaron a su sobrina Helga Lizany Solís Gomes. Incluso, Laldo mantenía conversaciones con Baptista, ya que ambos son primos.
Luego, el 13 de febrero de 2024 ella confirma una reunión entre ambos entre los que habrían participado también los otros altos mandos de la Senad ahora imputados.
Hasta el momento, todos los imputados se pusieron a disposición de las autoridades, con excepción de Hugo Baptista, quien continúa con orden de detención pendiente de ejecución.