El acta de imputación contra cuatro altos mandos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en el marco del caso #LaMafiaManda, fue presentada ayer, lunes 14 de setiembre de 2026, por los fiscales Ingrid Giselle Cubilla Villamayor (titular de la causa), Luis Amado Said Frágueda, Christian José Ortiz Riveros y José Martín Morínigo Coronel (coadyuvantes), todos de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.
La principal imputada es la abogada Helga Lizany Concepción Solís Gómez, de 40 años, funcionaria de la Fiscalía con el cargo de asistente fiscal pero que últimamente estaba comisionada en la Municipalidad de Cerro Corá.
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Esta se encuentra prófuga luego del allanamiento que hizo hoy la Policía Nacional (PN) en su casa de Pedro Juan Caballero, capital del Amambay.
Le atribuyen los hechos punibles de asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravado por la condicional funcional, así como tráfico de influencias.
También fue imputado el agente especial supervisor general Hugo Derlis Baptista Báez, de 56 años, actual director general de la Dirección General Antidrogas de la Senad, por asociación criminal, omisión de funcionario encargado de prevenir, detentación ilegal de armas, tráfico ilícito de armas y hechos punibles conexos.
Baptista tiene orden de detención, pero al menos hasta esta tarde no se había presentado.
La lista sigue con el agente especial prefecto Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, de 48 años, actual director de la Dirección de Inteligencia de la Senad, imputado por asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravado por la condicional funcional y omisión de funcionario encargado de prevenir.
Amarilla es el único que hasta este momento se presentó, bajo el asesoramiento de su abogado, el exministro de la Senad y del Interior, Francisco De Vargas.
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Otro es el coronel del Ejército Paraguayo Aldo Osmar Pintos Martínez, de 50 años, excomandante de las Fuerzas Especiales de la Senad y últimamente destinado en el Comando Logístico de las Fuerzas Militares, imputado por asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravado por la condicional funcional, omisión de funcionario encargado de prevenir y tráfico de influencias.
El militar aún no se presentó en la Fiscalía, según los datos obtenidos.
La última es la agente especial subinspector Alicia Marlene Vázquez Samaniego, de 43 años, actual jefa del Departamento de Investigación del Crimen Organizado de la Senad, a quien imputaron por asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravado por la condicional funcional y omisión de funcionario encargado de prevenir.
Tampoco se puso aún a disposición de las autoridades.
Los cuatro fiscales firmantes piden prisión preventiva para la funcionaria de la Fiscalía y los agentes especiales de la Senad.
El juez Humberto Otazú debe decidir sobre la petición del Ministerio Público, ya que está interinando a su colega magistrado Osmar Legal, quien está de viaje.
Sobrina de Lalo operó a favor de sicario del PCC, según fiscalía
Según el acta de imputación, la asistente fiscal Helga Lizany Concepción Solís Gómez, como sobrina del entonces diputado Eulalio Gomes, alias Lalo Gomes (ya fallecido), y prima del supuesto narcotraficante Alexandre Rodrigues Gomes, alias Alex (encarcelado), “entre 2019 a 2023 se habría desempeñado como operadora de confianza del denominado Clan Gomes, una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de sustancias estupefacientes y al lavado de activos provenientes del narcotráfico”.
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El relato de hechos dice también que “en su calidad de asistente fiscal del Ministerio Público, habría intervenido en múltiples procesos penales, actuando como un nexo estratégico para direccionar investigaciones y causas penales, influir en decisiones judiciales y filtrar información confidencial, con el propósito de favorecer los intereses y asegurar la impunidad de dicha organización criminal”.
Por ejemplo, “en junio de 2019, en el marco de la causa seguida contra Kadú Cezar Machado, por infracción a la ley de armas, cuando Helga Lizany Solis Gómes se desempeñaba como asistente fiscal en la ciudad de Pedro Juan Caballero, habría gestionado la modificación del contenido del acta de procedimiento policial, procurando que en ella se omitieran determinados datos relevantes para la calificación jurídica de los hechos.”
El Ministerio Público agrega que Lizany Concepción hizo esto “con la finalidad de que la conducta investigada fuese considerada como delito y no como crimen. Dicha actuación tendría vinculación con una coordinación previa que había gestionado con el entonces juez interviniente, Juan Martín Areco, en cumplimiento de las instrucciones impartidas por Eulalio Gomes, lo que presuntamente permitió que Kadú Cezar Machado accediera a medidas alternativas a la prisión preventiva”.
Kadu Cezar Machado es un supuesto sicario del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC).
Cuarentena sanitaria, estafa a banco e implantación de droga
Lizany también intercedió supuestamente en abril de 2020 en Pedro Juan Caballero por una tal Bruna Cristiane Aguiar Silva, para que esta no fuera procesada por violación de la cuarentena sanitaria por el covid. Habría hablado con el fiscal Marco Amarilla y con el juez Juan Martín Areco, por instrucciones de su tío Lalo Gomes y su primo Alex Gomes.
“En el año 2020, en el marco de la causa seguida contra Claudia Andrea Cuevas Sierich, por los hechos punibles de lesión de confianza y estafa bancaria, habría desplegado diversas gestiones orientadas a impedir la identificación de Eulalio Gomes y Alexandre Rodrigues Gomes en el proceso penal, pese a que, conforme a la hipótesis investigativa, ambos habrían recibido en sus respectivas cuentas bancarias parte de los fondos presuntamente desviados del Banco BBVA”, dice en otra parte sobre Lizany.
“En el mes de noviembre 2021, en el marco del caso Jhony Ariel Giménez Amarilla (tráfico de drogas), habría solicitado a su tío Eulalio Gomes interceder con jueces del Tribunal de Apelaciones que integraba el juez Modesto Cano, esto con la finalidad de lograr la prisión domiciliaria. Eulalio Gomes, posteriormente, reenvió un mensaje confirmando la gestión realizada con el referido camarista”, dice el documento.
Jhony Ariel Giménez Amarilla es uno de los tres policías del GEO de Pedro Juan Caballero que justo ahora están afrontando un nuevo juicio (tras la anulación del primero en el que fueron condenados) por supuestamente plantar cocaína en el vehículo de un comerciante, en el año 2019.
“En el mes de agosto del 2023, en el caso Kadú Cezar Machado Da Silva y Julio Javier Benítez (tentativa de homicidio), Helga Lizany Solís habría facilitado y coordinado la participación del defensor público Ricardo Beraud Sartori, transmitiendo órdenes de su tío Eulalio y direccionando la estrategia procesal. Incluso habría intentado encontrar contacto con la jueza interviniente Adela Brizuela”, señala la imputación.
Kadú Cezar Machado Da Silva, brasileño, y Julio Javier Benítez Silva, paraguayo, son señalados como miembros de la banda de sicarios que el 17 de junio de 2023 intentaron matar en Pedro Juan Caballero a Nelson Gustavo Amarilla Elizeche, paraguayo, alias Norteño, autoproclamado en esa época como jefe del PCC en la frontera. Ambos sospechosos cayeron presos en Brasil el 7 de julio de 2023 en Brasil, en una operación en la que también fue apresado Diovany Luis Bello, brasileño.
La imputación de la Fiscalía revela también que “en el mes de diciembre del año 2023, en el marco de la operación Sanctus (Senad, fuga de Ronaldo Mendes Nunes), habría filtrado información confidencial del operativo a su tío Eulalio Gomes y a su primo Alexandre Rodrigues, y posterior al evento de la fuga habría coordinado con funcionarios de Senad, en donde se identifica al coronel Aldo Pintos y al director Cristian Amarilla, para eliminar rastros que vincularan a Eulalio con la fuga y respecto a lo cual reporta: “ya administramos todo con Aldo y Amarilla”.
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La operación Sanctus fue un caso de la Policía Federal (PF) de Brasil en el que se identificó una poderosa red de narcotraficantes, uno de los cuales, Ronaldo Mendes Nunes, supuestamente estaba escondido en Paraguay, pero que cuando intentaron atraparlo el 8 de diciembre de 2023 se escapó con la ayuda de Lalo Gomes y la rosca corrupta de la Senad.
“De esta manera, se observa que Helga Lizany Solís Gómez habría operado como pieza fundamental para la infiltración y manipulación del sistema de justicia y de los organismos encargados de la persecución penal, garantizando al Clan Gomes acceso a información estratégica y la capacidad de obstruir procedimientos en su contra. Su intervención habría permitido influenciar decisiones judiciales y fiscales, filtrar datos de operativos sensibles y neutralizar acciones procesales que comprometían a los miembros de la organización. Además, habría facilitado el contacto directo con defensores públicos, jueces y fiscales, promoviendo estrategias procesales favorables al clan”, indica el texto presentado contra la sobrina de Lalo Gomes.
Los cuatro agentes especiales
Por otro lado, la Fiscalía fue ya menos detallista al describir en su imputación las conductas de los cuatro agentes especiales de la Senad imputados.
Sobre el director genera Hugo Baptista, dice que es “primo hermano de Eulalio Gomes, que en su carácter de funcionario con cargo de Director General Antidrogas de la Senad habría participado para facilitar la fuga de Ronaldo Méndes Nunes durante el operativo Sanctus desarrollado en fecha 8 de diciembre de 2023, oportunidad en que mantuvo comunicaciones con Eulalio Gómes mediante la aplicación de WhatsApp, registradas antes y después del operativo”.
También citan que el “en fecha 28 de octubre de 2022, mediante la aplicación de WhatsApp, habría ofrecido para la venta, a Eulalio Gomes, un arma de fuego tipo fusil Mauser, calibre 7,62 x 51 mm OTAN, de alto poder de impacto y largo alcance, cuyo uso se encontraba reservado a las Fuerzas Públicas, sin encontrarse el mismo autorizado para la comercialización de armas de fuego de tales características”.
En cuanto al militar Aldo Osmar Pintos, se consigna que “se desempeñaba como comandante de Fuerzas Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas, haber proporcionado información sensible vinculada a actuaciones operativas de dicha institución, la cual habría sido transmitida a Eulalio Gomes por intermedio de Helga Lizany Gomes, quien en aquel entonces mantenía una relación sentimental con el mismo”.
También habría colaborado para la fuga del brasileño Ronaldo Mendes Nunes y para evitar que relacionaran a Lalo Gomes con ese escape.
“En fecha 28 de octubre de 2023, habría solicitado a Eulalio Gomes, aprovechando la condición de autoridad parlamentaria que este ostentaba, que interviniera ante una magistrada judicial con la finalidad de obtener la asignación de un vehículo en carácter de depositario judicial”, dice la imputación contra Pintos.
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Lalo Gomes supuestamente se comprometió en conseguirlo y le escribió “cobrá con ese”.
“Se atribuye a Cristian Portirio Amarilla Cabaña, quien en ese entonces se desempeñaba en el cargo de director de Inteligencia de la Senad, haber proveído conjuntamente con Helga Lizany Solís y Aldo Osmar Pintos, información sensible a Eulalio Gomes, con quien también mantenía contacto directo, sobre investigaciones relativas al narcotráfico, y además habría ayudado a frustrar la detención de Ronaldo Méndes Nunes”, indica la porción de hechos de este imputado.
“Por otro lado, se atribuye al mismo haber intervenido en su carácter de director de Inteligencia y superior jerárquico de Alicia Marlene Vázquez Samaniego para emitir y suscribir el informe final del caso Pavo Real 1, en la cual se omite señalar al señor Eulalio Gomes Baptista, quien estaba identificado por su vinculación al inmueble conocido como estancia Negla Poty, pese a que el mismo fue mencionado en uno de los mensajes obtenidos en la extracción de datos del dispositivo celular que en su momento fuera analizado y cuya titularidad correspondía a Luan Azevedo Pavao”, explica sobre cómo supuestamente Cristian Amarilla intentó salvar a Lalo Gomes.
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Sobre Alicia Marlene Vázquez Samaniego, quien dependía directamente de Cristian Amarilla, se señala que era la jefa del departamento encargado de elaborar el análisis sobre los bienes o testaferros de Jarvis Chimenes Pavão en Paraguay y que ella omitió deliberadamente incluir a Lalo Gomes en la causa.