En sendas resoluciones dictadas hoy, el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado. primera sala, ratificó la prisión preventiva de los exdirectores de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) procesados en el caso #LaMafiaManda, Cristian Porfirio Amarilla Cabaña y Hugo Derlis Baptista Báez.
Para los camaristas Silvana Luraghi, Gustavo Amarilla y Claudia Criscioni, la existencia del peligro de fuga y de obstrucción a la investigación justifica la medida restrictiva de libertad decretada contra ambos agentes en la semana pasada, por el juez Humberto Otazú.
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Tanto Baptista como Amarilla están procesados por la supuesta comisión de los delitos de asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravada por la condición funcional y omisión de funcionario encargado de prevenir.
En el análisis de la situación de Hugo Baptista -director general antidrogas de la Senad al momento de la imputación, actualmente recluido en la prisión militar de Viñas Cue- los camaristas destacan la gravedad de los hechos punibles graves tipificados y detallados en la imputación fiscal.
Tribunal destacó la gravedad de hechos investigados en el caso #LaMafiaManda
En ese sentido, destaca que antecede, que las conductas relatadas “son considerados crímenes por lo que se debe tener en cuenta la gravedad de los mismos y que conforme los supuestos hechos atribuidos al imputado, así como la descripción de las supuestas conductas desplegadas por el mismo estaríamos ante un concurso, y varias lesiones a la ley penal, en este caso de la ley de armas, sustancias estupefacientes y drogas peligrosas, con asociación criminal supuestamente relacionados al crimen organizado”.
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En estas condiciones, ni la fianza real ofrecida sobre un inmueble de 87 hectáreas ubicado en Hernandarias (Finca N° 23.943), propiedad de la firma Sapphire S.A., valuado en US$ 1.600.000 ni los demás elementos ofrecidos por la defensa para justificar arraigo como título de abogado, constancia de 33 años de trabajo en la Senad, unión estable y demás, no son suficientes para desvirtuar el peligro de fuga.
“(...) se debe considerar que el presente proceso tiene como objeto de investigación la supuesta conducta atribuida que deviene de la manipulación de información sensible e intervenciones en procedimientos de la SENAD, en los cuales se sospecha que se han realizado operaciones especificas con el fin de dificultar el esclarecimiento de hechos vinculados al narcotráfico”, argumentó el Tribunal en otra parte del auto interlocutorio (AI) N° 292, al confirmar la prisión preventiva.
Peligro de obstrucción a la investigación, latente
La apelación presentada por la defensa de Cristian Porfirio Amarilla Cabaña -director de Inteligencia de la Senad al momento de la imputación, quien también cumple prisión en Viñas Cue- fue estudiada en el AI N° 291.
En dicha resolución, los camaristas destacan que si bien podría desvirtuarse el peligro de fuga con medidas cautelares de carácter real, lo mismo no ocurre con el peligro de obstrucción a la investigación, que se encuentra en sus inicios.
“Este Tribunal coincide con dicha afirmación puesto que en la imputación fiscal de autos se menciona la sospecha de comisión de varios hechos punibles presuntamente desarrollados en la actividad funcional del imputado de autos cuando ejercía labores sumamente delicadas en la prevención y combate con el narcotráfico desde la Secretaria Nacional Antidrogas y ello conlleva a un contexto de gravedad en los hechos atribuidos y ante la pluralidad de personas investigadas, efectivamente surge la sospecha de poder en estos primeros tiempos de investigación ocultarse evidencias, modificarlas o transformarlas y así perjudicar la investigación fiscal”, explica el Tribunal.
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En otra parte de la resolución, los camaristas destacan que los hechos investigados y atribuidos a Amarilla “vienen de la mano con vínculos institucionales de acceso y transmisión de información sensible y con descripción de intervenciones en procedimientos operativos de la Senad donde aparentemente ocurrieron acciones tendientes a dificultar el esclarecimiento de hechos sobre narcotráficos investigados”, considerados relevantes para fundar la prisión preventiva decretada.
Además de agentes de la Senad, imputación alcanzó a funcionaria fiscal y a un militar
Esta causa se inició como derivación de la investigación abierta a partir de la información obtenida mediante la extracción de datos del celular del diputado Eulalio Gomes, incautado en el allanamiento que concluyó con su muerte en un enfrentamiento con la Policía, el 19 de agosto del 2024.
Los chats del legislador expusieron esquemas de presunta corrupción en instituciones como la Fiscalía, el Poder Judicial, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que ya generaron consecuencias en distintos ámbitos.
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Además de los altos jefes de la Senad ya mencionados, también están procesados y con prisión preventiva la funcionaria de la Fiscalía Helga Lizany Concepción Solís Gomes, sobrina de Eulalio “Lalo” Gomes; Aldo Osmar Pintos Martínez (50), coronel del Ejército Paraguayo y Alicia Marlene Vázquez Samaniego (43), agente especial subinspector de la institución antidrogas.