La imputación en el caso #LaMafiaManda está dirigida contra cuatro altos mandos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y una asistente fiscal del Ministerio Público (MP) fue presentada el 14 de setiembre pasado por los fiscales Ingrid Giselle Cubilla Villamayor (titular de la causa), Luis Amado Said Frágueda, Christian José Ortiz Riveros y José Martín Morínigo Coronel (coadyuvantes), todos de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado de Asunción.
Uno de los procesados es el que era director general de la Dirección General Antidrogas, agente especial supervisor general Hugo Derlis Baptista Báez, de 56 años, imputado por asociación criminal, omisión de funcionario encargado de prevenir, detentación ilegal de armas, tráfico ilícito de armas y hechos punibles conexos.
Otro es el que era director de la Dirección de Inteligencia, agente especial prefecto Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, de 48 años, imputado por asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravado por la condicional funcional y omisión de funcionario encargado de prevenir.
También la que era jefa del Departamento de Investigación del Crimen Organizado, agente especial subinspector Alicia Marlene Vázquez Samaniego, de 43 años, imputada por asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravado por la condicional funcional y omisión de funcionario encargado de prevenir.
Igualmente, el que llegó a ser comandante de las Fuerzas Especiales, coronel del Ejército Paraguayo Aldo Osmar Pintos Martínez, de 50 años, imputado por asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravado por la condicional funcional, omisión de funcionario encargado de prevenir y tráfico de influencias.
La última de la lista es la que trabajaba como asistente fiscal de la Fiscalía, abogada Helga Lizany Concepción Solís Gómez, de 40 años, imputada por asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravado por la condicional funcional, así como tráfico de influencias.
Imputados en el caso #LaMafiaManda, tienen prisión preventiva
Los agentes especiales Baptista, Amarilla, Vázquez y el coronel Pintos cumplen prisión preventiva en el penal militar de Viñas Cue, en Asunción, en tanto que la asistente fiscal Solís está recluida en el Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, en San Lorenzo.
Todos fueron encarcelados por orden del juez Humberto René Otazú Fernández, quien interinaba a su colega Osmar David Legal Troche, mientras este estuvo de viaje.
Los únicos que hasta ahora apelaron su encarcelamiento fueron Amarilla y Baptista, aunque el Tribunal de Apelación aún no resolvió los planteamientos. Ambos pidieron salir de la cárcel al menos con arresto domiciliario.
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Los dos delitos que exdirector de Inteligencia de la Senad pide excluir
Ayer, 21 de setiembre, el abogado del agente especial Cristian Amarilla, Francisco José De Vargas Benítez, presentó ante el juez Osmar Legal un incidente de cambio de calificación.
De Vargas, quien fue fiscal de Narcotráfico, ministro de la Senad y ministro del Interior, solicitó la exclusión del tipo penal de asociación criminal, así como la exclusión del tipo penal de omisión de funcionario encargado de prevenir.
Si el magistrado accede, Amarilla quedaría imputado solo por frustración de la persecución y ejecución penal agravado por la condicional funcional, con lo que su panorama procesal sería mucho más favorable, ya que se reduciría sustancialmente la expectativa de pena y hasta podría obtener medidas menos gravosas.
Defensa insiste en que Amarilla no tiene relación con esquema corrupto
De Vargas declaró públicamente tras la imputación de su cliente que la Fiscalía está equivocada, ya que el tal “Amarilla” aludido en uno de los chats usados como base de la imputación sería en realidad el capitán Óscar Amarilla, quien era el segundo al mando en las Fuerzas Especiales de la Senad, por detrás del que era el comandante, el ahora también imputado coronel Pintos.
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Por otro lado, el juez Legal autorizó la extracción de datos de cuatro celulares incautados de los procesados.
Uno de los teléfonos es el que fue entregado justamente por el agente especial Amarilla, otro es de la agente especial Vázquez, uno más del coronel Pintos y un aparato incautado en el allanamiento en Pedro Juan Caballero en la casa de la asistente fiscal Solís.
Esta última, cuando se presentó ante la Policía después de ese allanamiento, no entregó ningún celular.
Otro que no entregó su teléfono fue el agente especial Baptista, quien dijo que se le perdió el aparato, lo que para la Fiscalía constituye una especie de rechazo a colaborar con la investigación.
Estas imputaciones surgieron del análisis de los chats obtenidos del celular del entonces diputado Eulalio Gomes, más conocido como Lalo Gomes, luego de que este fuera abatido por la Policía en Pedro Juan Caballero el 19 de agosto de 2024 en un allanamiento en el marco de la operación Pavo Real 2, que investiga a una red de testaferros de Jarvis Chimenes Pavão, aunque también ligados al tráfico internacional de cocaína y al lavado de dinero.