La imputación contra el director jurídico del Banco Central del Paraguay (BCP), Aldo Javier Rodríguez González, es por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de cómplice; y asociación criminal como autor, en el marco de la causa N° 92/2026 que investiga a expresidente de la República Santiago Peña y otros presuntos involucrados en el caso Ueno Bank.
Asimismo los fiscales Silvia González, Christian Benítez, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González, solicitan al juzgado de Garantías la prisión preventiva de Rodríguez González, alegando tanto el peligro de fuga como el peligro de obstrucción a la investigación.
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Por otro lado, el equipo de agentes del Ministerio Público también solicita que se decreten medidas medidas cautelares, como la inhibición general de enajenar y gravar, sobre los bienes y cuentas bancarias del imputado, ante un eventual pedido de comiso de los mismos.
El ahora imputado Aldo Rodríguez se presentó en horas de la tarde del domingo en la Comisaría 7ª de Asunción, luego de que el Ministerio Público librara una orden de detención en su contra, en el marco de la causa N° 92/2026 caratulada “Santiago Peña Palacios, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding y otros sobre Lesión de Confianza, Producción Inmediata de Documentos Públicos de Contenido Falso, Administración en Provecho Propio y Asociación Criminal”.
Adulteró informe sobre Ueno Bank, según fiscalía
Según la hipótesis fiscal Aldo Rodríguez, en su carácter de director jurídico del Banco Central del Paraguay, entre los meses de setiembre y noviembre de 2026, habría tenido una intervención directa, operativa y determinante, actuando de forma coordinada con miembro titular del Directorio del BCP Marco Aurelio González Maldonado, el superintendente de Bancos Holger Aníbal Insfrán Ibarrola y el entonces presidente Carlos Dagoberto Carvallo, en la adulteración del informe oficial sobre Ueno Bank remitido a la Cámara de Senadores en fecha 7 de octubre de 2026.
La imputación fiscal agrega que, con motivo del perito de informe del Senado de fecha 9 de setiembre de 2026, en fecha 23 de setiembre del corriente año la Superintendencia de Bancos, a cargo de Holger Insfrán, habría remitido a la Unidad Jurídica dirigida por Aldo Rodríguez, el documento denominado “Informe Técnico en respuesta a la Nota MHCS N° 3915”, compuesto de 15 páginas.
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En dicho informe técnico, el órgano supervisor consignaba los indicios de financiación indirecta en la compra de cartera por parte de Vinanzas S.A (por US$ 74,4 millones para aparentar la subsanación de excesos del Grupo de Personas Vinculadas N° 1.535), la aplicación del criterio de sustancia económica sobre la forma contractual, la existencia de la denuncia técnica de la Superintendencia de Bancos, la falta de atribuciones del BCP para declarar la nulidad de la operación de venta de cartera y la situación funcional del exgerente Fernando Javier Ibarrola Angulo, al 10 de julio de 2026.
Sin embargo, de acuerdo con la sospecha fiscal, el lunes 5 de octubre de 2026, a las 8:17, el ahora imputado Aldo Javier Rodríguez González habría suscripto electrónicamente el documento denominado “Dictamen 101-2026 Pedidos de informe Senado”, que constaba de 5 páginas.
¿Cuál fue el papel del director jurídico del BCP?
La Fiscalía agrega en la imputación que ese mismo lunes 5 de octubre, entre las 14:00 y 14:30, Aldo Rodríguez habría participado en el despacho de la Presidencia del BCP, junto a Carlos Carvallo, Marco Aurelio González y Holger Insfrán, de dos reuniones reservadas en las que se gestionó el borrador modificado desde la Unidad Jurídica, pretendiendo inicialmente que el documento fuera suscripto por el gerente general Walter Antonio Zárate Almirón, sin resolución del Directorio de la banca matriz.
Luego, a las 16:18 de ese lunes 5 de octubre, desde su correo institucional, Aldo Rodríguez habría remitido un email bajo asunto “PROYECTO”, al gerente general Walter Zárate Almirón y al superintendente de Bancos Holger Insfrán, manifestando lo siguiente: “estimados Walter y Holger, conforme a lo conversado, les comparto la última versión del proyecto, con las incorporaciones del Dr. González. Atte. Aldo”.
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Poco después, a las 17:26, Aldo Rodríguez habría enviado un nuevo correo electrónico a los mismos destinatarios expresando: “estimados doctores, me acaba de pasar MTD esta nueva versión. La remitida anteriormente no tengan en cuenta. Atte. Aldo”.
Fiscalía apunta a “omisión deliberada” a favor de Ueno
Al día siguiente, martes 6 de octubre, a las 12:02/12:03, el ahora imputado habría recibido de parte del superintendente de Banco Holger Insfrán el correo de cotejo, mediante el cual se le advertía formalmente por escrito que el proyecto de Nota de Presidencia remitido desde su Unidad Jurídica, presentaba supresiones y agregados respecto al Informe Técnico original de la Superintendencia de Bancos.
Sobre el punto, la Fiscalía resalta que al responde de forma conjunta varias preguntas y reformular respuestas a otras consultas de la Cámara de Senadores sobre Ueno Bank, el proyecto conservaba el argumento formal sobre la supuesta validez de la cesión de cartera a favor de Vinanzas S.A y que el exceso habría quedado “subsanado”, pero omitía deliberadamente los fundamentos técnicos que lo acompañaban.
Específicamente, el Ministerio Público detalla que se omitieron los indicios de financiación indirecta con recursos del propio banco Ueno, también la aplicación del criterio de sustancia económica, la denuncia de la Superintendencia de Bancos, la ausencia de atribuciones del BCP para declarar la nulidad de la operación de venta de cartera y los informes técnicos críticos que comprometía la solvencia de la entidad Ueno Bank.
Además, Aldo Rodríguez habría incorporado textos inexistentes en el informe técnico de Superintendencia de Bancos, mediante los cuales se afirmaba de forma contraria a la verdad que, al momento de la remisión del memorando de alerta del 10 de julio de 2026, el señor Fernando Javier Rivarola Angulo “no ocupaba más el cargo de Gerente de Supervisión ni prestaba ya funciones en el BCP encontrándose de hecho ocupando un cargo en otra institución (la Agencia Financiera de Desarrollo)”, pese a que en dicha fecha el funcionario aún se encontraba prestando servicios en el BCP.
Impidió control sobre insolvencia de Ueno Bank
El acta de imputación fiscal señala que, tras tomar conocimiento de dichas alteraciones a través del correo de cotejo, el gerente general del BCP Walter Antonio Zárate Almirón habría manifestado directamente a Aldo Rodríguez su negativa a suscribir el proyecto de nota debido a los cambios sustanciales respecto al informe del área técnica, indicándole que lo elevaría directamente a la Presidencia del BCP.
Según el Ministerio Público, pese a tener conocimiento técnico, jurídico y documental de que el proyecto cercenaba las conclusiones del órgano supervisor e incluía datos falsos, el miércoles 7 de octubre de 2026, entre las 8:08 y 8:13, Aldo Rodríguez operando con su usuario institucional en el Sistema de Gestión Documental del BCP generó, firmó e incorporó formalmente la respuesta a la pedido de informe de la Cámara de Senadores, instrumentando de ese modo la formalización administrativa del documento que habría sido suscripto en solitario por Carlos Carvallo y habría remitido ese mismo día al Senado.
El 9 de setiembre de 2026 el ahora imputado, junto a Holger Insfrán, Marco Aurelio González y Miguel Ángel Mora, acudieron a defender el informe adulterado ante la Cámara de Senadores. “Con esta actuación conjunta de ocultamente y alteración documental ante el Congreso Nacional, Aldo Rodríguez habría prestado aporte jurídico y administrativo directo y determinante que impidió el control parlamentario oportuno sobre el estado real de insolvencia y las operaciones prohibidas de Ueno Bank S.A”, resalta la imputación.
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La Fiscalía remarca que Aldo Rodríguez, en su carácter de director jurídico del BCP, habría operado como el brazo técnico-jurídico de la organización delictiva, prestando un aporte necesario, directo y operativo para dar apariencia de legalidad a las decisiones del Directorio y encubrir el estado real de insolvencia de Ueno Bank S.A.