El Ministerio Público realizó un llamado oficial a la ciudadanía para que aporte información relevante en el marco de la investigación penal abierta tras el colapso de Ueno Bank, específicamente en el expediente caratulado como “Santiago Peña y BCP”.
A través de un comunicado institucional, la Fiscalía habilitó un canal digital exclusivo destinado a recolectar datos que permitan ubicar bienes y elementos probatorios ocultos.
De acuerdo con la información difundida por el ente investigador, los ciudadanos pueden remitir reportes relacionados con vehículos, inmuebles, bienes muebles, activos financieros, documentos u otros elementos relevantes vinculados a los procesados.
Para tal efecto, se puso a disposición la dirección de correo electrónico santiagopena_bcp@ministeriopublico.gov.py.
La institución enfatizó que tanto la identidad de los informantes como los datos proporcionados serán manejados bajo estricta reserva.
Asimismo, aclaró que todo el material recibido será sometido a un proceso de análisis y verificación por parte del equipo fiscal interviniente, y puntualizó que el envío de estos antecedentes no implica por sí solo la presentación de una denuncia formal.
El porqué de la búsqueda de bienes
La solicitud de asistencia ciudadana responde a la necesidad del equipo fiscal de rastrear el patrimonio y reconstruir la ruta del dinero en una causa de alto impacto institucional.
La pesquisa, iniciada tras la intervención y posterior quiebra de Ueno Bank a principios de noviembre, apunta a desmantelar un presunto esquema de delitos económicos que incluye asociación criminal, lesión de confianza y administración en beneficio propio.
Según la imputación fiscal, el expresidente de la República Santiago Peña, quien actualmente guarda prisión preventiva en la penitenciaría militar de Viñas Cué, habría encabezado una red junto a exaltos directivos del Banco Central del Paraguay (BCP), entre ellos su extitular Carlos Carvallo Spalding y exmiembros de la Superintendencia de Bancos.
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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que desde el Poder Ejecutivo y la banca matriz se habría otorgado un “blindaje institucional” a la entidad financiera, canalizando hacia ella millonarios fondos estatales y previsionales, mientras se omitían alertas de insolvencia y se alteraban informes técnicos de fiscalización remitidos al Congreso para ocultar irregularidades financieras.
Ante la sospecha de que activos, propiedades o documentación clave puedan estar siendo ocultados o transferidos a terceros para evitar su comiso y el resarcimiento del perjuicio patrimonial, que dejó a miles de ahorristas afectados, la Fiscalía recurre al aporte de la población como una herramienta complementaria para asegurar los bienes vinculados al caso.