Una, es que agravará la “inflación normativa” que sufre nuestro país, que debe tener más leyes ya que las que tuvo Roma en toda su Historia; y, la otra, es que no hará que la Policía cumpla con su obligación de prevenir delitos.
Esas líneas no tienen contacto alguno con la perversa justificación del cierre de rutas realizada por la “Coordinadora de Derechos Humanos” del Paraguay (CODEHUPY), narrativa a la que se ciñen los gremios de camioneros que impiden el libre tránsito, sus soportes en la Asociación Nacional Republicana (ANR, partido Colorado), y las demás gavillas formadas para robar, mediante la violencia, los aportes de los ciudadanos al presupuesto.
La narrativa de CODEHUPY es la siguiente: Castigar el cierre de rutas es “criminalizar” el derecho a manifestación, falsedad que conduce a establecer como verdad que las manifestaciones se concretan cerrando rutas.
Los líderes más radicales de los camioneros tienen vínculos con la ANR. Los gremialistas que apoyan esta narrativa, como Silvio Piris, tienen vínculos con la ANR. Los ministros y funcionarios que los tratan con privilegio, son de la ANR. La impunidad con que pisotean los derechos de los paraguayos, brindada por la Policía y la Fiscalía, se puede trazar hasta la ANR.
Estos camioneros amedrentan, golpean, aplastan y dañan a paraguayos que trabajan. Ante esta violencia se rindieron vergonzosamente y sin argumentos los 25 senadores que postergaron el “proyecto Riera”.
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Un aparato mediático, el que desde hace treinta años le hace el juego a la ANR para presentar como víctimas a quienes fabrican las excusas que se usan para desfondar el presupuesto, propaga la narrativa de CODEHUPY.
Ante esa puesta en escena, aquellos 25 senadores corrieron a complacer a los violentos y a abandonar a la gente decente. Van a tener que responderle al país por consolidar la disrupción de la vida nacional como arma política.
También en ABC Cardinal, el senador Enrique Riera, con cuyo nombre bautizaron el proyecto, denunció que quieren satanizar el libre tránsito (Artículo 41 de nuestra Constitución) y que por eso le trataron de terrorista.
Riera recordó a los cómplices de la disrupción que el derecho al tránsito (Art. 41) en nuestra Constitución es un derecho absoluto mientras el derecho a la manifestación está sujeto a respeto a derechos de terceros.
Y, en efecto, eso es consistente con lo que sostuvo el doctor Casañas: “El cierre de rutas es un delito”.