El deber de explicar vs. la decisión de callar

Si hay algo que quienes administran la cosa pública no quieren entender, es más, les molesta, es que la administración de lo público exige transparencia y rendición de cuentas. La Constitución y las leyes imponen la obligación de transparencia, porque los fondos públicos, algo que les pasa por la tangente en particular a este gobierno, pertenecen a todos. Esquivar respuestas frente a cuestionamientos legítimos es una negación de ese deber.

Y viene al caso lo expuesto ante la reiterada posición del presidente Peña cuando le es requerida posición sobre decisiones por él adoptadas.

El caso de la confirmación por parte del mismo al cuestionado presidente del IPS es un ejemplo palpable. Lejos de exponer por qué, pese a los legítimos cuestionamientos realizados a la pésima gestión del citado funcionario, lo mantiene rehusando dar explicaciones. Si el funcionario es honesto, que se lo defienda con argumentos y pruebas. Si no lo es, que se actúe con firmeza. Pero callar ante la duda razonable es abdicar del liderazgo moral que el cargo exige. Con su actitud, Peña nuevamente pone en duda esto último.

Cuando quien detenta la más alta magistratura elige no responder, no está evitando el conflicto, está debilitando la confianza pública. El silencio del presidente frente a cuestionamientos serios sobre un funcionario cuya honestidad se puso en duda no es prudencia: es complicidad política.

Al parecer, Peña no entiende que quien administra la cosa pública, no un boliche suyo, no lo hace en nombre propio, sino en representación de la ciudadanía. Quien administra fondos del Estado, no maneja dinero propio, sino recursos que pertenecen a toda la sociedad. Esos fondos provienen del esfuerzo de los ciudadanos, de sus impuestos, tasas y contribuciones; por tanto, su destino no puede quedar librado a la discrecionalidad ni al silencio de quien los gestiona. La administración pública se rige por los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad, lo que implica la obligación permanente de rendir cuentas. Peña, su gobierno, sus aliados, son reacios a esto.

No entiende o no le importa al presidente -esto último habida cuenta su reiterada posición al respecto- que cuando un presidente o autoridad evita pronunciarse sobre hechos graves —como la dilapidación de fondos previsionales en operaciones financieras de alto riesgo, o pésima administración o evidentes negociados con personeros afines al poder—, su negativa en responder no disipa dudas, sino que las multiplica, lo que se convierte en caldo de cultivo para la sospecha de negociados, favoritismos o encubrimientos; por ende, no puede molestarse si él mismo adopta esa posición. De hecho, este gobierno, con sus aliados coyunturales, no es que sea proclive a la transparencia. Las puertas cerradas es su slogan.

La transparencia no es una cortesía opcional del poder, es una obligación republicana. El presidente, parece ser, tampoco entiende que no gobierna para su círculo íntimo -aunque parece ser que sí- ni para blindar lealtades personales; gobierna para la ciudadanía, que tiene derecho a saber si quienes administran recursos y decisiones públicas lo hacen con integridad. Un presidente que no responde ante cuestionamientos legítimos no solo protege a un hombre: erosiona la credibilidad de todo su gobierno. Dar explicaciones no es una concesión graciosa del funcionario: es un deber jurídico y ético.

Peña, parece ser, tampoco entiende que el IPS no es un ente cualquiera; administra los aportes de trabajadores y empleadores, destinados a garantizar salud y jubilación, derechos seriamente comprometidos y hoy pésimamente atendidos.

La historia reciente del país ya ha mostrado las consecuencias de operaciones financieras imprudentes: pérdidas millonarias. Repetir ese patrón sin dar explicaciones es una afrenta a la memoria institucional y a la confianza pública.

Presidente Peña: sepa que los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo, cuándo y en qué se invierten los recursos comunes, porque ese conocimiento nos permite evaluar la gestión, exigir correcciones y, llegado el caso, reclamar responsabilidades. Su actitud de rehusarse a responder no es un gesto menor: deteriora la legitimidad de su gobierno y ahonda la percepción de que la gestión pública se maneja con obscuridad.

Finalmente entienda que en su rol de presidente de la República el deber de informar no es una cortesía, es un mandato que debe cumplirlo, no rehusarlo, y si lo incumple, la sospecha de negociados deja de ser rumor y se convierte en consecuencia lógica, ergo no se incomode.

aamonta@gmail.com

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