El propio presidente lo admite, tanto que en la reunión del jueves pasado del Consejo de Ministros, debió reclamarle públicamente a la ministra de Obras, Claudia Centurión, la falta de resultados concretos para mejorar el servicio.
Santiago Peña recordó que hubo ya dos años y medio de planificación de políticas públicas, y que el año pasado ya fue sancionada y promulgada la ley que envió al Congreso, presentada como la reforma más grande para el sector en la historia del país, aunque es consciente de que es momento de ver ya transformaciones reales.
“Pero Claudia, este año la ciudadanía quiere ver esos cambios tangibles, quiere ver los buses nuevos, quiere ver un mejor servicio…necesitamos apurar esos resultados para que la ciudadanía vea tangiblemente, ya no en los discursos, no en las leyes aprobadas, sino en la calle, un transporte público que le de dignidad al ciudadano”, le reclamó Peña.
Al día siguiente la secretaria de Obras fue intentando explicar por qué aún no se ven los cambios.
Alegó que se está perfeccionando en este momento el decreto reglamentario de la ley de reforma del transporte público, y que en julio se podrían cerrar los contratos para licitar los nuevos colectivos, y que luego se dará la licitación de los troncales.
En su estimación, recién en diciembre comenzaría a visibilizarse en las calles todo el proceso de reforma y modernización, de la que definió como “prioridad número uno” del Poder Ejecutivo en este momento.
El transporte público es un servicio elemental, clave en el trajinar cotidiano, y hasta ahora las discusiones públicas mayormente giran en torno al constante reclamo de los transportistas por la falta de desembolso puntual de los subsidios fijados en el área metropolitana.
En la semana que termina nuevamente el principal gremio de empresarios transportistas, el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), volvió a amenazar con que el servicio podría verse nuevamente resentido, por la falta de ajustes además en el precio de la tarifa técnica por el constante aumento de los precios de los combustibles.
Se le agrega así al subsidio el pedido de los transportistas para aumentar nuevamente el precio del pasaje.
El subsidio sigue siendo cuestionado en otras zonas del país, porque está exclusivamente centrado en el área metropolitana y en las empresas que son concesionarias del viceministerio de Transporte.
Ni las líneas internas, permisionarias de cada municipio, ni las empresas autorizadas por la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) funcionan bajo esta modalidad, algo que de por sí ya plantea una distorsión entre operadoras que ofrecen el servicio de transporte de pasajeros.
Pero además sobre el subsidio tampoco hay una previsibilidad como parte de la política pública vinculada al transporte, ya que no existen ni plazo ni objetivo definidos, siendo cada vez mayor la cantidad de dinero público desembolsado a las empresas concesionarias, algo que también maquilla de cara al pasajero y a la opinión pública el sostenido aumento en el precio del servicio, con la engañosa idea de que “el pasaje no sube”, aunque en realidad sí lo hace por el periódico aumento del monto desembolsado por cada pasajero transportado.
Solo basta observar este dato concreto: en los últimos diez años fueron desembolsados cerca de 250 millones de dólares en subsidios, mientras no se percibe ninguna mejora significativa en el servicio.
Al recordar esta enorme masa de dinero público financiada con impuestos, se recuerda también un informe elaborado por el Banco Mundial, que propone la eliminación gradual de este subsidio para destinar esos recursos a inversiones productivas en obras públicas, salud o educación.
Parte de ese enorme monto de dinero inclusive puede destinarse a la modernización de las flotas, mejoras en la infraestructura vial o incluso sistemas de locomoción eléctrica, algo que nos permitiría aprovechar el recurso producido suficiente y abundantemente en el país para no depender de la importación de los hidrocarburos.
Soberanía le llaman.
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