A Rivas —por ejemplo— lo teníamos solo como el ignorantillo que deseaba ser “dotor” y que aprovechándose de la adoración mutua que se profesaban con “don Horacio” llegó a ser diputado, senador, miembro y luego presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados valiéndose de un título de abogado que lo fabricó “la perrada”, como dirían en el barrio.
Pero el muchacho era mucho más, según denuncia la Contraloría. La investigación del ente reveló que en los años 2013, 2014 y 2015, Rivas depositó en efectivo en un banco un total de G. 3.978.095.510, de origen no precisado.
En esos tres años, además, Rivas realizó operaciones cambiarias por 258.752 dólares, cuyo origen tampoco está claro. El chico operaba en efectivo, hecho ya sospechoso. Hay que recordar, asimismo, que el padre de Rivas, intendente de la localidad itapuense de Tomás Romero Pereira, está denunciado desde 2022 por irregularidades en su administración. Hasta ahora es protegido en la Cámara de Diputados. Habrá que ver si su impunidad se rompe ahora que su hijito “ya no manda” (por lo menos oficialmente). Si llegara a constatarse su culpabilidad, ninguno de los dos debe escapar de las garras de la Justicia.
En cuanto a Erico, cuya imagen esposada impresionó al mismísimo Bachi Núñez, fue bajado de su olimpo de impunidad por un equipo multiinstitucional que investigó, desde 2019, el narcotráfico de nuestro país a Europa, en el operativo A Ultranza Py. A la cabeza de la investigación fiscal estuvo Marcelo Pecci. Su último operativo. Lo matarían en mayo de 2022.
En A Ultranza hubo intervención internacional —DEA, Europol, Policía Nacional del Uruguay— y la participación de Erico fue imposible de encubrir para ningún poder nacional.
Erico y Rivas son dos ejemplos de ruptura de la impunidad impulsada de vez en cuando por instituciones de seguridad apoyadas por la prensa libre y la ciudadanía.
Lo de Rivas tendrá —parece— cola. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (¡oh, sorpresa!) abrió una investigación de oficio contra la fiscala adjunta Soledad Machuca por haber cajoneado en 2020 una denuncia contra el entonces diputado Rivas por título falso. Cuando caés, todo cae a tu alrededor.
Tras el caso Rivas, se habla de un “océano” de títulos universitarios falsos. Abundan en la docencia, el derecho y otras carreras. La mayoría los obtiene para escalafones en la función pública.
El Gobierno puede (si quiere) acabar con la podredumbre. La basura debe ser tratada como tal antes de que todo apeste.
El próximo paso, IPS. Hay que irrumpir para remover la delincuencia que ahí opera y extirpar los focos infecciosos que aún resisten.
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