A tempranas horas de este lunes, agentes de la Policía Nacional desplegaron un operativo dentro de la cárcel de Pedro Juan Caballero, donde se detectó un presunto plan de fuga, específicamente en un pabellón correspondiente a presos del Primer Comando Capital (PCC) cuyos barrotes estaban cortados.
Rodrigo Nicora, ministro de Justicia, informó que tras tener conocimiento de la situación, el centro penitenciario fue rodeado y los uniformados ingresaron para activar el operativo de requisa. “Estaban cortando los barrotes de una de las celdas, entonces también se pudo constatar que contaban con sábanas que estaban siendo estiradas para usarlas en forma de sogas”, explicó.
La autoridad explicó que se aguardan las actas finales del procedimiento para conocer en detalle todo lo incautado, pero dijo que a esta hora se puede decir que el penal se encuentra “bajo control”.
En el contexto de la emergencia penitenciaria, Nicora indicó que se cuenta con presencia de personal militar como complemento en cada uno de los centros penitenciarios, así como de agentes de la Policía Nacional, en algunos casos de forma permanente como en el caso de la cárcel de Tacumbú, dijo.
Manifestó que a instancias del Consejo de Defensa Nacional (Codena) se irán haciendo ajustes con el fin de mejorar lo que ya se tiene hasta ahora, desde el respaldo legal que le brinda la ley de emergencia, así como el trabajo complementario que se desarrolla, tanto con las fuerzas policiales como militares.
Extensión de la emergencia penitenciaria
Recientemente, el Poder Ejecutivo extendió hasta el 31 de diciembre de este año la emergencia penitenciaria en todo el país con el apoyo en la seguridad de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.). La ley también habilita la gestión de recursos presupuestarios para obras de infraestructura, la compra de equipos tecnológicos de seguridad, de alimentos, contratación de personal, entre otros.
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Entre sus puntos, la norma encomienda al Ministerio de Economía y Finanzas la atención preferencial en carácter de prioridad a los procedimientos requeridos por el Ministerio de Justicia para la transferencia de créditos presupuestarios, así como para la obtención de los mismos por los mecanismos legales asignados para el efecto.