La Cámara de Apelaciones de Villarrica rechazó el pedido de revisión de medidas planteado por el abogado defensor Fabio Ramos, quien buscaba que su cliente accediera al arresto domiciliario, alegando problemas de salud. Con esta resolución, el tribunal volvió a confirmar la prisión preventiva que ya había sido ratificada días atrás tras otro recurso promovido por la defensa.
Carlos Aguilera González enfrenta múltiples procesos penales en la Circunscripción Judicial del Guairá. Entre ellos figuran causas por tentativa de homicidio doloso, coacción grave, denuncia falsa y dos expedientes por frustración de la persecución y ejecución penal.
El procesado fue detenido la semana pasada durante un allanamiento efectuado en su domicilio en la ciudad de Borja, procedimiento solicitado por el fiscal Martín Escalada, de la Unidad Penal II de Villarrica.
La detención generó fuerte repercusión debido a que las órdenes de captura en su contra habían sido reiteradas al menos seis veces entre febrero de 2024 y mayo de 2026, sin que la Policía lograra concretar su ubicación.
Según informes anteriores de la Comisaría de Borja, Aguilera González supuestamente se ocultaba en el departamento de Paraguarí y que no permanecía en Borja. Sin embargo, la comitiva fiscal y policial lo encontró descansando en su propia vivienda al momento del allanamiento.
Actualmente, Aguilera González permanece internado en el Centro Médico Guaireño desde hace aproximadamente diez días debido a un cuadro de hipertensión arterial, situación que impidió hasta ahora su traslado a la Penitenciaría Regional de Villarrica.
Su defensa insiste en obtener medidas menos gravosas, alegando cuestiones médicas, aunque hasta el momento todos los pedidos fueron rechazados tanto por el Tribunal de Sentencia como por la Cámara de Apelaciones.
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Uno de los aspectos llamativos del caso es que, si bien el allanamiento se realizó en el marco de una de las causas por frustración de la ejecución penal, la prisión preventiva vigente fue ordenada en realidad por el Tribunal de Sentencia que debe juzgarlo por denuncia falsa.
La Fiscalía sostiene además que Aguilera González habría comercializado vehículos que se encontraban embargados judicialmente para evitar su remate y el cumplimiento de obligaciones económicas derivadas de procesos judiciales. Por esas maniobras afronta dos causas por frustración de la persecución y ejecución penal.
Ambos procesos son impulsados por el fiscal Martín Escalada y actualmente con acusación presentada tanto por el Ministerio Público como por la querella adhesiva.
Además de los procesos actualmente en trámite, Aguilera González ya posee una condena firme de dos años y seis meses de prisión en la causa por coacción grave registrada en la ciudad de Iturbe.
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El Juzgado de Ejecución Penal también había dispuesto su captura debido a que no compareció a una audiencia relacionada con el cumplimiento de la condena. Otro de los antecedentes que pesan sobre el detenido corresponde a una causa por tentativa de homicidio doloso, cuya orden de captura se encontraba vigente desde el año 2014.