El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por Raúl Marecos e integrado además por Derlis Benítez y Vidal Santacruz. La acusación estuvo a cargo de los fiscales Noelia Montanía y Fermín Segovia, quienes sostuvieron durante el proceso la responsabilidad del adolescente en el crimen.
Durante las 11 jornadas del juicio oral reservado, el Ministerio Público presentó a 32 testigos, quienes comparecieron para declarar ante el tribunal. Por su parte, la defensa presentó un solo testigo durante el desarrollo del proceso.
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La Fiscalía había solicitado la aplicación de ocho años de medida privativa de libertad, pedido que finalmente fue acogido por el Tribunal de Sentencia. La defensa, por su parte, solicitó una atenuación de la medida, argumentando que el adolescente tiene grandes posibilidades de rehabilitación y que los fines del sistema penal adolescente apuntan a su reinserción.
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El adolescente continuará cumpliendo la medida en el Centro Educativo Sembrador de Villarrica, donde permanecerá hasta cumplir los 20 años. Una vez alcanzada esa edad, deberá ser trasladado a un establecimiento penitenciario destinado a adultos, conforme a lo dispuesto para el cumplimiento de la medida.
Condenas de los adultos involucrados
Antes de la culminación del proceso contra el adolescente, la Justicia ya había dictado condenas contra los adultos involucrados en el caso, luego de un juicio oral que se extendió durante 39 jornadas.
Los padres del principal sospechoso recibieron una condena de cuatro años y seis meses de prisión cada uno. El padre permanece cumpliendo su condena en el Penal Regional de Coronel Oviedo, mientras que la madre cumple prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.
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También fue condenado Franco Antonio Acosta Céspedes, quien recibió cinco años de prisión y cumple la condena bajo prisión domiciliaria, con autorización para realizar actividades laborales durante el día.
El suegro del principal sospechoso fue condenado a tres años de prisión y también cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
En el caso de Mikhaela Rolón Melgarejo, la Justicia impuso una condena de 10 años de prisión, siendo esta una de las penas más altas dictadas contra los adultos involucrados en el proceso.
De esta manera, las condenas de los adultos y la medida impuesta al adolescente se dieron dentro de regímenes jurídicos diferentes, debido a que el principal sospechoso era menor de edad al momento de los hechos.
Un proceso que llegó a su etapa final
El juicio del adolescente tuvo una duración considerablemente menor al proceso de los adultos, con 11 jornadas de juicio oral reservado frente a las 39 jornadas que demandó el proceso contra los mayores de edad.
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Durante la etapa final, el Ministerio Público y la defensa expusieron sus argumentos sobre la existencia del hecho y la reprochabilidad del adolescente. Posteriormente, el tribunal deliberó y determinó la responsabilidad del joven para finalmente avanzar al análisis de la medida privativa de libertad.
La Fiscalía, representada por Noelia Montanía y Fermín Segovia, sostuvo su pedido de ocho años, mientras que la defensa buscó una reducción de la medida con el argumento de que el adolescente puede ser rehabilitado.
Finalmente, el tribunal resolvió imponer ocho años de medida privativa de libertad, con lo que se cierra el proceso oral contra el principal sospechoso del crimen de María Fernanda Benítez.