El juez de Ejecución Carlos Mendoza dispuso la prisión domiciliaria por 90 días para el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre.
La resolución establece que el cumplimiento de la medida será monitoreado mediante una tobillera electrónica y supervisado por la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC).
El juzgado ordenó que la oficina verifique, en un plazo de 24 horas, la factibilidad técnica del dispositivo y, de ser viable, proceda a su colocación. También dispuso que el Ministerio de Justicia coordine con el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) y la Policía Nacional la ejecución del traslado.
No obstante, según la resolución, el traslado deberá concretarse una vez que estén documentadas la autorización médica para el egreso y el transporte, la disponibilidad de los cuidados prescritos y la instalación y operatividad del dispositivo electrónico.
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Medida tendrá vigencia hasta 2027
Conforme al documento, el plazo de 90 días se computará desde el día siguiente a la resolución y vencerá el 11 de enero de 2027. La prisión domiciliaria podrá ser revocada ante una violación grave de las restricciones impuestas.
Durante ese periodo, González Alegre no podrá cambiar de domicilio ni salir del país sin autorización judicial. Tampoco podrá abandonar el lugar autorizado sin permiso del juzgado.
Informes médicos definirán una eventual continuidad
El juez ordenó que un trabajador social y un médico forense del Poder Judicial realicen controles y presenten informes actualizados antes del vencimiento del plazo. Estos deberán evaluar su evolución, autonomía funcional, tratamiento, necesidades de asistencia y condiciones socioambientales.
Una eventual continuidad requerirá una nueva resolución fundamentada. El fallo aclara que no habrá renovación automática y que la medida no modifica la duración de la condena.
Impedimento físico sustentó la decisión
Según la resolución, para conceder la prisión domiciliaria, el Juzgado consideró acreditado que González Alegre no puede valerse por sí mismo, de acuerdo con los informes médicos incorporados al expediente.
La resolución invoca el artículo 239 del Código de Ejecución Penal, que contempla la prisión domiciliaria para condenados con impedimentos físicos para desenvolverse de manera autónoma.
El magistrado también valoró la conducta del exgobernador, quien se presentó voluntariamente ante la Justicia para cumplir su condena.
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La decisión del magistrado llega tras semanas de internación del exgobernador, quien fue hospitalizado tras ser hallado gravemente herido en su celda, donde cumplía una condena de 10 años de prisión por por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos en el caso del desvío de fondos de la Gobernación de Central.