Resulta demás contradictorio que los que ahora usan como eslogan de campaña “vamos a estar mejor” son los mismos que planteaban en la citada música: “saca pasaje para vivir un futuro mejor... subite ya al metrobús, sacá pasaje... a lo moderno y lo eficiente para vos”.
Con Santiago Peña como ministro de Hacienda y Ramón Jiménez Gaona al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el gobierno de Horacio Cartes concedió a la empresa internacional Mota Engil el proyecto, por el cual estaba previsto pagar US$ 72,7 millones por la construcción del Tramo 2 y 3 (Ruta Mcal. Estigarribia y la Avda. Eusebio Ayala).
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Sobra decir que, en la actualidad, el proyecto es un total fiasco, sin ningún bus operando y debiéndose incluso demoler parte de las estructuras construidas, que no hacían más que obstaculizar el tránsito.
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A esto, hay que sumarle el suplicio que sufrieron los frentistas, varios de los cuales tuvieron que cerrar definitivamente sus comercios y despedir a trabajadores por las interminables obras, que finalmente no sirvieron para nada.
Peor aún, obras complementarias como las de desagüe pluvial se convirtieron en una nueva pesadilla para varios residentes y comerciantes en el tramo sobre la ruta Mcal. Estigarribia, ya que con cada lluvia medianamente fuerte, el agua inunda la zona.
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Metrobús: millonario perjuicio nunca se investigó
El dinero destinado para el fiasco del Metrobús provino de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las consecuencias económicas por el fracaso del proyecto para nuestro país siguen por determinarse.
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De los US$ 72,7 millones que estaban previstos para el proyecto, el MOPC llegó a desembolsar US$ 30 millones en concepto de “adelanto” para la empresa Mota Engil, que tras innumerables demoras, en 2018 terminó abandonando definitivamente el proyecto.
Lo peor que es luego se inició una disputa con nuestro país, ya que la firma internacional solicitó una arbitraje internacional, exigieron a nuestro país el pago de US$ 35 millones en concepto de “perjuicios” que les generó al truncado proyecto.
Dicho arbitraje aún sigue pendiente de resolución. De los US$ 30 millones de adelanto, el gobierno nacional apenas pudo recuperar hasta ahora poco más de US$ 6 millones al finalmente ejecutar la póliza de seguro a la empresa Royal, que pertenece a Juan Carlos López Moreira, exjefe del Gabinete de la Presidencia de Cartes.
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El cobro del seguro se logró recién en diciembre del año pasado, luego de innumerables chicanas para frenar este desembolso.
Nunca fueron molestados
Pese a que el proyecto fue calificado de estafa a la ciudadanía, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Sandra Quiñónez nunca investigó a los responsables de este fiasco millonario, pese a que fue denunciado tanto por ciudadanos particulares como por la Comisión Bicameral especial del Congreso, conformada para el caso.
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Actualmente, Jiménez Gaona es gerente de una de las empresas del expresidente Cartes, al igual que Santiago Peña. Jiménez Gaona intentó ayer responsabilizar del caso al actual gobierno de Abdo Benítez.
Prometían un “nuevo rumbo”
La historia parece repetirse con los mismos actores, ya los que ahora propugnan que “vamos a estar mejor”, durante el gobierno de Horacio Cartes prometían un “nuevo rumbo” para el país.
Demás está decir que dicho nuevo rumbo nunca llegó, más bien, fue HC quien terminó a los tumbos su gestión, la cual llevó adelante con Peña y otros de sus gerentes.