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Como primera medida tras la salida de Sandra Quiñónez, Emiliano Rolón ya pidió que la Contraloría acompañe el corte administrativo en el Ministerio Público.
1- La red de Horacio Cartes
La Cámara de Senadores remitió a la Fiscalía General del Estado, el pasado 28 de octubre, las conclusiones finales de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, en las que se exponen detalles de la existencia de una ruta interna por donde se transporta el contrabando de cigarrillos desde la salida de los depósitos.
El documento también menciona que, según un informe de Inteligencia de la Seprelad, Tabacalera del Este SA, cuyo accionista principal es Horacio Cartes, vendió al mercado local 96,24% y solo exportó el 3,76% de su producción al mercado internacional entre el 2013 y el 2021. Se evidencia que la cantidad de venta en el mercado local supera la capacidad de consumo en el país.
“Los informes califican internacionalmente a Horacio Cartes como el jefe de una extensa de red de tráfico de cigarrillos y presunto lavado de dinero”, había señalado el senador Jorge Querey, expresidente de la CBI cuando detalló las conclusiones y también refiere que, según el informe del Consejo Nacional de las Naciones Unidas, el control del ilícito en el Brasil viene por parte del PCC y el Hezbolá, grupo criminal este, al que el Gobierno de Estados Unidos vincula con Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez.
Querey había manifestado que lograron identificar a las empresas intermediarias que tienen vínculos con organizaciones terroristas y que están operando con Tabesa. Incluso, comentó que en el informe se detallan los “frondosos antecedentes” de directivos de firmas que son clientes de Tabesa, Palermo, entre otras.
Entre estos antecedentes, mencionó los delitos de lavado de dinero, narcotráfico, contrabando, evasión impositiva, incluso algunos de ellos con investigación criminal con relación a asesinatos.
En el informe, también se menciona un reporte elaborado por Vanesa Neuman y Stuart Page denominado “The Many Criminal Heads of the golden Hydra (varios jefes criminales de la Hydra Dorada) en el que dice que Paraguay es la mayor fuente de cigarrillos ilícitos y que la mayor marca ilícita (Ocho) es propiedad del expresidente Cartes.
2- El avión iraní
Mientras Argentina ya recibió informes sobre los vínculos terroristas del avión iraní, en Paraguay la situación es totalmente diferente. En el vecino país la justicia abrió investigación penal de forma inmediata, mientras que el Ministerio Público de nuestro país, encabezado por Sandra Quiñónez Astigarraga, sigue en silencio al respecto.
Nadie sabe, nadie vio algo. Al menos hasta ahora no se tienen datos sobre los movimientos que realizaron en Paraguay los tripulantes del avión venezolano-iraní que recorrió la región y que estuvo en nuestro territorio tres días desde el pasado 13 de mayo.
Se trata de un avión Boeing 747 con matrícula YV3531, propiedad de la aerolínea Emtrasur SA, subsidiaria de la aerolínea estatal venezolana también sancionada por los Estados Unidos.
No existen registros de los movimientos realizados por sus tripulantes. Solo se sabe que los mismos estuvieron hospedados en el hotel Dazzler de Ciudad del Este.
Hasta el momento sigue sin saberse quién contrató los servicios de flete aéreo del avión venezolano-iraní vinculado con organizaciones terroristas y que llevó del país un cargamento de cigarrillos.
El avión partió desde Paraguay con rumbo a la pequeña isla caribeña de Aruba con un cargamento de cigarrillos valorado en unos US$ 799.000, fabricados por Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del expresidente Horacio Cartes (ANR).
El gerente de Tabesa, José Ortiz, señaló a medios de prensa del Grupo Cartes que la responsabilidad de la contratación del carguero que transporta los productos es del comprador final.
Sin embargo, la factura por los cigarrillos fue emitida por Tabesa a nombre de Tabacos USA Inc, que también forma parte del grupo Cartes.
3- Acta secreta de Itaipú
A fines de julio de 2019 se descubrió que el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez encabezó una negociación secreta en torno a la Itaipú Binacional.
Este diálogo culminó en el denominado Acta Bilateral Entreguista que hizo tambalear al Poder Ejecutivo, ya que representaba una pérdida de US$ 400 millones para el Paraguay.
Ante la presión ciudadana, tomó intervención la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, quien dispuso que un equipo de fiscales haga una investigación sobre el caso.
Los fiscales Marcelo Pecci, Liliana Alcaraz y Sussy Riquelme iniciaron las pesquisas con las declaraciones del expresidente de la ANDE Pedro Ferreira y el ministro de Hacienda Benigno López.
El mismo equipo fiscal se constituyó en Mburuvicha Róga y la vicepresidencia de la República para tomar declaraciones al presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez. Este último fue salpicado debido al gestor “Joselo” Rodríguez, por lo que el segundo del Ejecutivo acudió a la Cámara de Diputados para dar su versión del suceso.
El Parlamento también intervino y una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) concluyó el 20 de noviembre sus pesquisas y entregó a la Fiscalía 1.800 hojas y seis dictámenes con presuntos responsables. Sin embargo, todo eso, al parecer, quedó en el olvido.
4- “Ciegos” en caso Darío Messer
En mayo de 2019 el Senado remitió las conclusiones de su investigación a la Fiscalía. En ellas se advertía al Ministerio Público la responsabilidad de 17 personas, casi todos funcionarios, en facilitar a Darío Messer su actividad delictiva.
Se apuntaba al expresidente Horacio Cartes; Santiago Peña (extitular de Hacienda y candidato colorado a la Presidencia); Óscar Boidanich (ex-Seprelad); Karina Gómez (ex-Senabico), pero ninguno fue investigado por la Fiscalía.
Casi 600 páginas
Las conclusiones de la comisión parlamentaria que investigó las conexiones políticas y empresariales de Darío Messer fueron remitidas oficialmente a la Fiscalía el 17 de mayo de 2019
El documento detalla los vínculos del “doleiro” con el expresidente Horacio Cartes (ANR) a quien, según testimonios, ayudó inclusive para las elecciones de 2013. Se destaca también la falta de control de las autoridades y entidades que permitieron a Messer operar por años con dinero de dudoso origen.
“Desde la asesoría legal de esta relatoría se puede afirmar que, en el Paraguay, diversos actores incurrieron en conductas que constituyen delitos que el Ministerio Público deberá tipificar”, indica el informe.
Lea más: Darío Messer: abogados del ‘doleiro’ también rebotan de proceso para comisar bienes
La CBI señaló que, según manifestación de bienes complementarios entregados al BNF por parte de Darío Messer, el mismo contaba en noviembre de 2016 con la suma de G. 14.500 millones depositados en el Banco Amambay SA (actual banco Basa), propiedad de la familia Cartes.
“Siendo Messer un cliente de alto riesgo, en su momento, el Banco Amambay (actual BASA) no generó un ROS a Seprelad”, apunta el documento.
“Cartes debe ser investigado”
El largo documento describía uno a uno el nivel de involucramiento de las personas señaladas. Por ejemplo, recordaba que el expresidente Cartes fue vinculado al esquema por un testigo clave del caso Lava Jato en Brasil
“El mismo (Cartes) fue mencionado durante la declaración de Lúcio Bolonha Funaro, doleiro brasileño, conocido también como el “hombre bomba”, habiendo sido su delación clave para desmontar la estructura de corrupción y lavado de dinero manejada por el expresidente Michel Temer y el exdiputado Eduardo Cunha Alves”, señala el informe
“La justicia deberá investigar con profundidad las declaraciones del doleiro Lúcio Bolonha Funaro y determinar si existieron hechos irregulares que involucren al expresidente Horacio Cartes”, finaliza.
Santiago Peña también fue apuntado
El exministro de Hacienda Santiago Peña también fue apuntado como una de las personas que debía ser investigada.
Peña, quien nuevamente se presenta como candidato cartista a la Presidencia de la República, fue ministro de Hacienda durante los años de mayor movimiento de Darío Messer, quien llegó a comprar bonos del Estado paraguayo a través de Puente Casa de Bolsa, vinculada al padre del político.
5- Ignoraron alertas de Seprelad
Uno de los puntos más cuestionados a Quiñónez durante los años de su gestión fue la total desconexión con otras instituciones de investigación como la Contraloría o Seprelad.
Datos de robusta consistencia e inteligencia financiera abundaron para el Ministerio Público del Paraguay en los últimos años. Informes de la fiscalía y la policía federal brasileñas fueron profusos y acompañaron varios operativos vinculados a Darío Messer. A nivel local, desde el 4 de diciembre del 2019 la Fiscalía General del Estado tiene un informe clave y confidencial vinculado a parte del entorno de Horacio Cartes.
El material de inteligencia financiera fue recibido por la fiscala general apenas un par de semanas después de que Brasil hubiera desplegado el operativo “PATRÓN” donde llegaron a pedir no solo la prisión de Horacio Cartes, sino también las de otras diez personas.
Zero Um
Una de esas diez personas era Roque Fabiano Silveira, brasileño, empresario tabacalero, acusado posteriormente por la fiscalía brasileña de haber intermediado pedido de asistencia financiera de Messer a Cartes, acusado de haber sido cómplice y encubridor mientras estaba prófugo el “amigo del alma”.
El informe de 68 páginas es revelador porque desnudaba toda la operativa y describía el funcionamiento de un enorme esquema que podía estar lavando dinero bajo la pantalla de varios negocios, entre ellas agropecuarios y de combustibles. En la descriptiva se mencionaba inclusive que Roque Fabiano Silveira (conocido como Zero Um, o El Capo) tenía serios antecedentes en Estados Unidos y Brasil, incluyendo un antiguo pedido de extradición.
El reporte descubría un importante esquema que había sido reportado como operaciones sospechosas desde el 2014. Una de las principales empresas ligada a Roque Fabiano Silveira registraba vertiginosos aumentos de capital mientras reportaban pérdidas y cuentas millonarias en caja. Un dato curioso era que Silveira no reportaba movimientos de ingresos y egresos durante dos años conforme datos de Tributación.
Caso Boscatto
Roque Fabiano no fue el único denunciado en el entorno cercano a Cartes. La fiscalía brasileña denunció también a Luiz Henrique Boscatto por sus vinculaciones con Darío Messer en el escándalo Lavajato (su nombre también aparece en el operativo Patrón desplegado por Brasil). Boscatto también fue sujeto de un reporte de inteligencia financiera del organismo de prevención de lavado de dinero en Paraguay, pero no tuvo consecuencias.
En enero del 2020 y en medio de un escándalo que incluyó versiones de que trataron de cobrar plata para salvarlo de la extradición, terminó expulsado de nuestro país. “Boscatinho” estaba acusado de tráfico de drogas además de supuestas vinculaciones con el contrabando de cigarrillos.
Casas de cambio
En noviembre del 2019, semanas antes de enviar el reporte sobre Roque Fabiano Silveira, también la Fiscalía General del Estado a cargo de Sandra Quiñónez recibió otro reporte de inteligencia financiera. Eran aún más graves que el de “Zero Um” porque golpeaba a la médula de cuatro Casas de Cambio que operan en el país, varias en la frontera: algunas de ellas fueron mencionadas en las acusaciones de la Policía Federal y la Fiscalía del Brasil. Era tan grave el informe que fue compartido con FINCEN de Estados Unidos y con el homónimo de Seprelad en Brasil.
Un escandaloso reporte describía las operativas de varias casas de cambio luego de que Brasil pusiera la mira sobre algunos de ellos que operan en la frontera. El informe hacía una descripción pormenorizada de los movimientos financieros y hasta los envíos y recepciones de monumentales sumas de dinero provenientes de origen sospechoso.
Tabacalera y satélites
En 2021, Seprelad hizo un reporte que incluyó serias sospechas sobre un par de tabacaleras y varios negocios satélites alrededor de ellas. Identificaron las operativas y las sospechas de cada una de ellas y mencionaron al menos media docena de lo que serían offshores abiertas en el extranjero (Panamá y Uruguay) pero con operaciones en Paraguay. La Fiscalía también hizo caso omiso al reporte.
Según fuentes cercanas al Ministerio Público también obrarían en la Fiscalía General alertas de operaciones sospechosas e inteligencia financiera sobre el escándalo conocido como “insumos chinos” de las empresas Insumos Médicos SA y Eurotec SA (reportado en julio del 2020) vinculadas al clan de Justo Ferreira. El informe revela millonarios movimiento.
También se habría alertado sobre Édgar Melgarejo, extitular de Dinac, y Dalia López, prófuga.
6- Nunca investigaron las declaraciones juradas
Hace casi tres años, la Contraloría General de la República comenzó a publicar las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de las más altas autoridades del país, tras una orden de la Corte Suprema. Con casi 800.000 manifestaciones de bienes publicadas, el Ministerio Público sigue sin abrir siquiera una investigación.
El 24 de junio de 2020 se produjo un hito histórico para el derecho de acceso a la información pública en Paraguay. La Contraloría General habilitó el portal para comenzar a hacer públicas las Declaraciones Juradas de los funcionarios.
El Ministerio Público, encabezado por Sandra Quiñónez, no abrió siquiera una investigación a pesar de las numerosas publicaciones sobre los millonarios crecimientos patrimoniales de funcionarios públicos.
Por ejemplo, hasta ahora no se investigó el caso de Luis Paciello Lacasa, concejal municipal de Lambaré, quien compró inmuebles millonarios mientras declaraba ganar apenas sueldo mínimo.
7- Cajoneó denuncia contra fiscal Lorenzo Lezcano
El 6 de octubre último, el pleno del Senado aprobó –con la férrea oposición del cartismo– la presentación de una denuncia penal contra el fiscal Lorenzo Lezcano por hechos punibles de frustración a la persecución penal en el “caso Marset”.
Desde entonces, el caso quedó en la Dirección de Gabinete Fiscal, a la espera de que la fiscala general designe un responsable.
En el escrito se relata que Lorenzo Lezcano –exministro del Interior y titular de Inteligencia durante el gobierno de Horacio Cartes– accedió, en mayo del año pasado, a informes del Comando Tripartito en los cuales se alertaba sobre el esquema creado por Marset.
Sin embargo, pese a datos concretos, no hubo avances investigativos, que de haber existido, habrían ayudado a evitar la fuga del uruguayo, principal objetivo en el marco de la megaoperación A Ultranza Py, como también tal vez se hubiese impedido los asesinatos de Mauricio Schuartzman y del fiscal Marcelo Pecci (10 de mayo de 2022, en Colombia).
Lea más: Asesinato de Marcelo Pecci: dan a conocer nombres de los detenidos
8- Millonario daño quedó impune
Un total de G. 560.592 millones de daño patrimonial fueron denunciados por la Contraloría General de la República (CGR) entre junio de 2019 y agosto de 2022.
Así consta en un paquete de documentos del ente de control al que tuvo acceso ABC Color.
En total, el ente de control remitió 102 reportes de indicios de hechos punibles (RIHP) y denuncias penales al Ministerio Público en ese período de tiempo. Sin embargo, no hubo siquiera un solo condenado por haber metido la mano en los fondos públicos. Esto se desprende de las declaraciones del mismo contralor general de la República, Camilo Benítez.
9- Sandra Quiñónez no se dejó auditar
Mientras aspiraba a ser elegida como fiscala general, Quiñónez había prometido transparencia en el manejo de la institución. Sin embargo, su promesa no duró siquiera un año y ya para febrero de 2019 estaba tratando de evitar el ingreso de la Contraloría a la institución a su cargo.
Quiñónez recurrió el 1 de febrero de 2019 a una acción de inconstitucionalidad para evitar que la Contraloría audite las cuentas del Ministerio Público.
La acción iba dirigida contra la Ley Nº 2248/2003, “Que modifica el artículo 30 de la Ley Nº 879 del 2 de diciembre de 1981 Código de Organización Judicial”, por la cual se priva al Tribunal de Cuentas la competencia para juzgar rendiciones de cuentas de ejecuciones del Presupuesto General.
Es decir, Quiñónez pretendía que sea el Tribunal de Cuentas, y no la Contraloría, el órgano que revise la ejecución presupuestaria del Ministerio Público. De esta manera, Quiñónez contradice lo afirmado en la audiencia pública cuando concursó por el cargo de fiscal general al asegurar que permitiría que la Contraloría verifique su gestión administrativa en caso de dirigir el Ministerio Público.
Semanas atrás, la Contraloría notificó a Quiñónez la apertura de un proceso de auditoría a la Fiscalía General. Una vez más, como regalo de salida, se escudó en que había remitido los documentos al Tribunal de Cuentas, cerrando así su gestión sin cumplir una sola vez su palabra.