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El contralor general, Camilo Benítez Aldana, remitió este miércoles una nota a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, en la que le informó que se dispuso el inicio de una auditoría de cumplimiento al Ministerio Público.
El proceso debería sumarse además a la auditoría financiera que había sido ordenada ya el año pasado sobre las cuentas de la institución.
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De acuerdo a lo que se puede leer en el documento remitido por Benítez Aldana, la auditoría de cumplimiento realizará revisiones sobre el activo fijo del Ministerio Público; mientras que la Financiera verificará la razonabilidad de los estados financieros de la institución que está bajo el mando de Sandra Quiñónez.
El Ministerio Público además tendrá cinco días para remitir los documentos solicitados por los auditores de la Contraloría.
Sandra Quiñónez pisó su palabra
Mientras aspiraba a ser electa como fiscal general, Quiñónez había prometido transparencia en el manejo de la institución. Sin embargo, su promesa no duró siquiera un año y ya para febrero de 2019 estaba tratando de evitar el ingreso de la Contraloría a la institución a su cargo.
Quiñónez recurrió el 1 de febrero de 2019 a una acción de inconstitucionalidad para evitar que la Contraloría audite las cuentas del Ministerio Público.
La acción de la titular del Ministerio Público iba dirigida contra la Ley N° 2248/2003, “Que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981 Código de Organización Judicial”, por la cual se priva al Tribunal de Cuentas la competencia para juzgar las rendiciones de cuentas de las ejecuciones de inversiones del Presupuesto General de la Nación.
Es decir, Quiñónez pretendía que sea el Tribunal de Cuentas y no la Contraloría, el órgano que revise la ejecución presupuestaria del Ministerio Público. De esta manera, Quiñónez contradice lo afirmado en la audiencia pública cuando concursó por el cargo de fiscal general al asegurar que permitiría que la Contraloría verifique su gestión administrativa en caso de dirigir el Ministerio Público.
La fiscala general ya se había amparado en un fallo de la Sala Constitucional de la Corte para impedir que la Contraloría audite el ejercicio fiscal 2017 de su antecesor, el acusado Javier Díaz Verón.
Quiñónez comunicó a la Contraloría que el 18 de abril de 2018 la Sala Constitucional otorgó competencia al Tribunal de Cuentas para juzgar su rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2017.