La rendición anual 2024-2025 de la Contraloría General de la República volvió a encender el debate sobre la respuesta de la Fiscalía a los indicios de hechos punibles. En julio de 2024, la Contraloría presentó un informe que detalla 60 instituciones con supuestos perjuicios por 1.300 billones de guaraníes, cifra que para noviembre del mismo año se incrementó a 1.405 billones.
Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría, enfatizó que el ente remite cada caso apoyado en normativa nacional e internacional, y recordó que el ejercicio 2025 auditará el cierre del año fiscal 2024, incluyendo reportes ingresados entre enero de 2024 y junio de 2025.
Entre las entidades con cifras críticas, mencionó al MOPC, Puertos, Dinac, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Dirección de Beneficencia y Ayuda Social, municipios y varios reportes sobre el IPS.
Fiscalía defiende su proceso y acusa falta de información suficiente
El fiscal general Emiliano Rolón describió que el Ministerio Público opera bajo un sistema acusatorio adversarial, donde los reportes de la Contraloría “son informaciones iniciales” que deben superar un análisis jurídico, fáctico y probatorio antes de avanzar a una imputación.
Rolón subrayó que muchos reportes son “densos, pero incompletos” y que sin claridad sobre espacio–tiempo, elementos probatorios y pronóstico jurídico, no pueden iniciar imputaciones sin caer en irregularidades.
También recordó que la imputación no es automática y depende de una investigación preliminar rigurosa, ajustada a plazos de prescripción establecidos en el Código Penal.
Indicó que la falta de datos suficientes y el cúmulo de casos —como las 4.000 a 5.000 denuncias de jubilaciones irregulares remitidas por el Ministerio de Economía— sobrecargan la capacidad operativa del Ministerio Público.
Legisladores exigen responsables: “La pelota está en algún lado”
Durante la sesión bicameral, legisladores reclamaron sinceridad y claridad. El diputado Raúl Benítez (independiente), cuestionó la desestimación del caso IPS —que involucraba un presunto cargamento de combustible cercano a los 1.000 millones de guaraníes— y pidió identificar dónde falla el sistema: “Necesitamos responsables. Si Contraloría hizo mal su trabajo, que se diga. Si Fiscalía hizo un trabajo deficiente, que también se diga.”
Benítez advirtió que, si cada año se repiten los mismos dictámenes sin consecuencias, la comisión “solo sirve para blanquear cifras”.
Por su parte, el senador José Oviedo (YO Creo) preguntó directamente por qué hay tanta corrupción y tan pocos presos, recordando que aunque la Fiscalía no es quien condena, sí es quien debe perseguir los delitos.
Contraloría responde: “Si falta información, que la pidan”
Gladys Fernández replicó a la jefa de Delitos Económicos, la fiscala Soledad Machuca, que la institución siempre está disponible para ampliar datos: “Nos desmotiva cuando se desestiman causas que, a criterio del equipo auditor, sí constituyen indicios de hecho punible. Si falta información, la Fiscalía puede solicitarla.”
Aseguró que la Contraloría trabaja con evidencia basada en normas locales e internacionales, y reiteró su disposición a coordinar de forma más efectiva.
Por su parte, Agustín Encina, director de Contrataciones Públicas, apuntó que los organismos deben armonizar criterios para distinguir entre irregularidad administrativa y hecho punible.
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Recordó que Paraguay figura como segundo mejor sistema del mundo en provisión de datos públicos de compras, y que la transparencia no necesariamente coincide con la percepción internacional de corrupción.
Encina explicó que la Fiscalía capacitó a sus funcionarios para mejorar la calidad de las observaciones, y planteó que la Contraloría y el Ministerio Público deben coordinar de la misma forma: “No puede ser que digan ‘yo ya pasé a Fiscalía’ o ‘yo ya pasé a Contraloría’. Tenemos que trabajar juntos y no aislados.”
Por su parte, el Viceministro de Economía, Óscar Lovera, presentó mejoras dentro del marco de la Ley 7021 de Suministro Público y Contrataciones, operativa desde agosto de 2024. El objetivo: integrar información desde la planificación hasta la ejecución de contratos, incluyendo trazabilidad mediante el sistema SGEBIS.
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Entre los problemas detectados mencionó el adelantamiento de provisión que superan el crédito presupuestado, los llamados ad referéndum iniciados sin autorización financiera y la falta de digitalización interna: muchos contratos aún se manejaban en biblioratos.
Aseguró que, con la nueva interoperabilidad entre sistemas, el Estado podrá contar con información más precisa para evitar sobre-ejecuciones y detectar irregularidades más rápido.