Desde el 2005, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de miembros del Poder Legislativo se viene fondeando con aporte estatal, destinando el dinero de presupuesto público a solventar la jubilación vip de los senadores y diputados mientras se recortan recursos a sectores vulnerables.
En el 2025 la Caja de Jubilaciones Parlamentaria recibió G. 2.500 millones del dinero público, mientras que este mismo año los enfermos de cáncer se manifestaron en varias ocasiones para pedir más recursos para medicamentos e insumos, incluso se encadenaron frente a los hospitales para exigir que el Estado cumpla, lo que por derecho les corresponde.
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El año pasado, mientras se ejecutaba el 100 % de los G. 2.500 millones para la jubilación vip en el Congreso Nacional, los parlamentarios rechazaron un subsidio para las personas con discapacidad con la excusa que “no había recursos suficientes”.
Fue en una jornada lluviosa que los ciudadanos afectados, muchos de ellos en sillas de ruedas y empapados vieron como en el Parlamento le negaban un subsidio de solo 25% del salario mínimo.
La caja parlamentaria, cuya actual titular del Consejo de Administración es la exsenadora Blanca Lila Mignarro, cuenta con 284 beneficiarios y desde el 2005 “desangró” al pueblo G. 34.367 millones para fondear la jubilación vip.
Para este año, los senadores y diputados se autoasignaron G. 4.550 millones para seguir costeando el desigual privilegio de la clase política, que se jubila con solo 10 años de aporte, mientras que la clase trabajadora debe aportar durante 35 años para aspirar a una jubilación “digna”.
Con esos G. 4.500 millones por ejemplo se podría incluir de manera directa a 523 adultos mayores para que reciban el subsidio de G. 724.762 mensuales por todo un año y no estar esperando que el Ministerio de Economía y Finanzas cuente con recursos para que a cuentagotas les incluyan como beneficiarios.
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Si bien, G. 4.500 millones no es suficiente para cubrir el déficit de las cajas jubilatorias, resulta ofensivo que los parlamentarios se dupliquen el subsidio el año en que analizan aumentar la edad para de jubilación del ciudadano común. Incluso, el Poder Ejecutivo ya remitió un proyecto de ley para “ajustar el cinturón” a los demás jubilados.
Buscan suprimir el privilegio
La diputada Johanna Ortega (PPS) y su colega Raúl Benítez (Independiente) presentaron un proyecto de ley que busca suprimir la caja de jubilación parlamentaria por considerarla una desigualdad.
La iniciativa no cayó nada bien entre algunos parlamentarios, quienes se aferran a sus groseros privilegios.
Los cartistas dieron un no rotundo al proyecto opositor y proponen alzar a 15 los años de aporte.