El proyecto de eliminación de la Caja de Jubilaciones de Parlamentarios, impulsado por el diputado Raúl Benítez, continúa generando debate en la Cámara de Diputados. Desde la oposición sostienen que la propuesta de reforma planteada es insuficiente y no soluciona los problemas estructurales del sistema previsional exclusivo para legisladores.
Benítez cuestionó específicamente la intención de elevar los años y el monto de aporte como única salida para sostener la Caja, señalando que esta medida solo prolonga su eventual colapso.
El legislador alertó que, cuando la caja parlamentaria pierda su capacidad de autofinanciarse, el peso del déficit recaerá directamente sobre los contribuyentes, a través de recursos del Estado.
“La titular de la Caja dice que esta tiene sostenibilidad hasta el 2035, admite que en el 2035 la Caja cae si es que no se reforma. Si se reforma con lo que ellos proponen, van a llegar hasta el 2040 y son tres períodos legislativos nomás. Esto quiere decir que para el 2040 esto explota y ahí va a caer la Caja, por lo que van a tener que absorber los contribuyentes”, dijo.
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Más legisladores se suman a la postura crítica
Benítez también señaló que su iniciativa suma respaldo dentro del Congreso y mencionó que el diputado liberal Alejo Ríos acompaña la propuesta de eliminación de la Caja Parlamentaria.
En la misma línea, la diputada Johanna Ortega afirmó que el sistema previsional parlamentario presenta serios problemas financieros, principalmente por su dependencia de transferencias del Estado.
“Es insostenible aritméticamente si está necesitando transferencias por parte del presupuesto general. Tienen que calzar con transferencias del Estado, que no es más que dinero del contribuyente”, lamentó.
Ortega remarcó que actualmente es la ciudadanía la que sostiene, con sus impuestos, la jubilación privilegiada de los parlamentarios.
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Propuestas alternativas y autocrítica desde el Congreso
Por su parte, el diputado liberal Miguel Martínez anunció que presentará un proyecto relacionado con la Caja Parlamentaria, que contempla su eliminación y un aporte mensual sin retribución para mitigar el déficit acumulado.
Según explicó, la iniciativa plantea un aporte de G. 8 millones como una forma de asumir responsabilidades políticas frente al daño generado.
“Ante la mierda que ha hecho la clase política, tenemos que hacernos responsables”, dijo.