En conferencia de prensa –días atrás– el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Colym Soroka (ANR), informó que hubo un error con la invitación al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y que verían la forma de solucionar eso para que sea nuevamente invitado y así tratar sobre los avances de las investigaciones sobre la mafia de los pagarés.
“Hubo un error creo que de secretaría con la gente de la Fiscalía, porque al salir me dijeron que no era la invitación la que ha recibido la Fiscalía, lo cual vamos a tratar de arreglar eso y de invitar al fiscal general y a su equipo con relación a las denuncias y a los sumarios que ya han llegado –o que van llegando– a la Fiscalía General del Estado”, dijo Soroka.
El martes pasado participaron de la reunión de la Comisión Permanente del Congreso: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel; la vicepresidenta 1ª, Carolina Llanes, y los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón (de manera telemática).
En aquella reunión, la senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC), cuestionó duramente la lentitud institucional y pidió medidas urgentes para frenar un esquema de estafas que afecta a cerca de 35.000 trabajadores.
La senadora planteó la necesidad de que la Corte realice un inventario completo de las causas, y que estas sean reclasificadas como delitos económicos, para permitir una respuesta más efectiva del sistema judicial.
Uno de los puntos más cuestionados por los parlamentarios fue la lentitud en los sumarios a abogados sindicados como estafadores. Mencionaron el caso de la abogada Zully Ortiz, quien permaneció un año en sumario y durante ese tiempo habría continuado estafando, y el de Lourdes Amarilla, denunciada por afectar a enfermeras del Hospital de Clínicas.
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En respuesta, la ministra Llanes explicó que los primeros pedidos de la comisión antimafia de pagarés no prosperaron porque no se detallaron las causas específicas a auditar, aunque aclaró que sí hubo auditorías impulsadas por la Fiscalía y por iniciativa propia de la Corte.
El ministro Manuel Ramírez reconoció que el caso afecta seriamente la imagen institucional: “Jueces y funcionarios participaron para materializar esta situación. Tal vez lo que hace la Corte no sea suficiente, pero hace lo que la ley le permite”.