Octavio Samuel Rodríguez Contreras es el joven de 20 años que sufrió la amputación de una mano en la empresa Arte Culinario, propiedad de Aída Aquino de Farías, y mientras él seguía internado los abogados de la empresa habrían hecho firmar a sus padres un acuerdo a cambio de la mísera suma de G. 5.000.000 para evitar demandas, según consta en el acta de imputación realizada por la fiscal Sophia Galeano, quien luego fue amedrentada por el diputado Rodrigo Gamarra y el senador Derlis Maidana.
Consultado al respecto el senador Maidana prometió inhibirse como miembro de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado si existe una denuncia contra la fiscal, aunque aclaró que no existe ninguna.
Sobre el terrible caso de amputación y como está manejando la situación la familia del candidato a intendente Hugo Farías, dijo que a él le consta que hasta ahora siguen buscando un acuerdo económico, pero que el equipo liderado por el intendente de Luque Carlos Echeverría, que postula a Diego Candia como intendentable estaría “instrumentando la justicia” para sacar ventaja electoral.
“Es un precandidato que le apoyamos desde el vamos. Estamos con ese proyecto y lo que Rodrigo Gamarra me dice que hay que estar atentos desde el Jurado. Acá están aprovechando la desgracia como herramienta política de ataque”, sostuvo Maidana.
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Agregó que no tiene problemas con que se investigue a Hugo Farías, al diputado Rodrigo Gamarra y hasta a él, pero también pide que se verifique las cuentas de la Municipalidad de Luque, cuyo intendente Carlos Echeverría es el principal oponente electoral en la ciudad.
“Yo no leí la causa, para nosotros es una lesión culposa, si bien es grave el hecho no existe un dolo de la madre del candidato a intendente para causarle un daño a su trabajador. Le damos el voto de confianza a la fiscal y ya dije que me voy a inhibir. Que se investigue a Farías, a Rodrigo y a mi, pero también se haga la investigación en la Municipalidad”, puntualizó el senador.
Intentaron conciliación
Tras fracasar la propuesta inicial de G.5.000.000 como compensación la familia de Hugo Farías habría aumentado el monto a G. 150 millones para llegar a una conciliación para evitar seguir con el escarnio público.
“Me costa los intentos de conciliación con la familia Farías, incluso de uno de los candidatos a concejales fue hasta Ciudad del Este para buscar un especialista. La familia siempre buscó para conciliar y pagar un monto razonable, pero con la contratación de los abogados del equipo de Echeverría se busca instrumentar la justicia”, dijo Derlis Maidana.
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El precandidato Hugo Farías en su contacto con la prensa siempre buscó desmarcarse de la empresa de su madre, incluso en las redes sociales trató de minimizar el golpe político, sin embargo Derlis Maidana indicó que la propuesta económica para parar con la demanda ahora es de G. 12O millones para el joven y G. 30 millones para los abogados.
Es decir, lo que la empresa Arte Culinario, adjudicada con el programa Hambre Cero, quiere pagar por una amputación de una mano que dejará de por vida minusválido a Octavio Samuel es G. 150 millones.
“El quipo del intendente metió a dos abogados para embarrar la cancha. Hay que ver un poco el vínculo de esos dos abogados por que el humilde trabajador no tiene condiciones para pagar a dos abogados“, dijo Derlis Maidana.
Y agregó “hasta donde yo sé la propuesta fue de G. 120 millones para la familia y G. 30 millones para los abogados y cuando iban a conciliar entraron los otros abogados a embarrar”.
El senador indicó que, si bien el accidente es grave, se puede llegar a un acuerdo razonable para evitar que Aida Aquino de Farías vaya a la cárcel.
“Una vida, una mano por supuesto que no tiene precio, pero siempre se busca un resarcimiento. Ellos ya pidieron ahora montos muchos mayores mágicamente cuando aparecieron los abogados del intendente”, puntualizó Maidana.
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Siguió manifestando el senador, “yo sí sé en la parte humana, hasta ayer la familia Farías estaba buscando lograr un acuerdo económico. Los acuerdos económicos ocurren en este tipo de caso. Es perseguir una reparación económica antes que enviar a la cárcel a la madre”.
Sin embargo, el Ministerio Público imputó por lesión grave y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso y el intento de “arreglar” fue tomada como un hecho se enmarca en una “explotación laboral sistemática” pues la rápida acción de la empresa para extinguir su responsabilidad demuestra una experiencia en casos similares.