Esta mañana el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) presentó ante la Fiscalía el pedido de apertura de una causa penal contra autoridades de Petropar por presunta indefención de los intereses de la institución y por ende, potencial daño patrimonial, así como adulteración de documentos, entre otros hechos vinculado al contrato de provisión de combustible con la empresa Doha Holding Group LLC, de Alejandro Domínguez Pérez.
“Solicito, bajo el amparo del art. 18 del Código Procesal Penal, la apertura de una investigación penal de oficio para determinar la existencia del hecho punible de lesión de confianza (Art. 192 CP) y otros tipos legales vinculados a la ejecución del contrato entre Petróleos Paraguayos (Petropar) y la firma Doha Holding Group LLC”, señala el documento presentado ante Fiscalía.
Esto ya que recordó “el 30 de septiembre de 2024, Petropar adjudicó a Doha Holding Group LLC la provisión de 100.000 toneladas de gasoil por USD 61 millones. A pesar de que la entrega inicial debía ocurrir en octubre de 2024, la firma no ha entregado un solo litro de combustible a la fecha".
El legislador afirmó que el Ministerio Público debe indagar de oficio el caso, ya que hay involucrados unos 1,8 billones de guaraníes en posible “daño colateral” por compras “vía excepción” al no llegar jamás el combustible catarí.
“Estos es noticia criminis, es una obligación que tiene el Fiscal General del Estado (abrir una investigación penal de oficio)”, remarcó Espínola, mencionando que “lo principal de esto es el daño colateral, porque usan como excusa que no se pagó nada”.
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En tal sentido enfatizó que el daño colateral al que refiere es porque ante el argumento de que “no se pagó nada”, “se tuvieron que hacer otras compras por el camino, porque el combustible no llegaba y eso su pudo haber generado un perjuicio patrimonial al Estado”, ya que se tuvieron que hacer otras compras por “vía de la excepción”
En tan sentido, señaló que al no llegar el combustible catarí de Doha y “desabastecimiento inminente” de Petropar, la petrolera estatal tuvo que “hacer seis compras urgentes por aproximadamente G. 1,8 billones”, sospechando que probablemente ese era el objetivo real, hacer llamados evadiendo controles de contrataciones públicas.
Los puntos centrales alertados a la Fiscalía son:
- Un incumplimiento absoluto tolerado por la estatal
- Favorecimiento excepcional e ilegal mediante prórrogas.
- Posible indefensión patrimonial por garantías inejecutables.
- Posible falsedad documental.
- El daño colateral: Compras de emergencia por vía de la excepción.
Quieren saber si no dieron prórrogas “remotas” y posible daño
A la par de señalar posibles hechos punibles y aristas de investigación, Espínola también sugiere una serie de diligencias posibles al Ministerio Público, entre ellas por ejemplo, solicitar informes a Migraciones para saber si los representantes de Doha estaban en el país al momento en que se firmaron las más de una decena de prórrogas.
“Hago una sugerencia para la investigación, como por ejemplo la evaluación del perjuicio patrimonial, una pericia documentológica, una verificación migratoria para cotejar con la Dirección Nacional de Migraciones si se encontraban en el país al momento de suscribir los documentos contractuales, una auditoría de compras por vía de la excepción y una investigación financiera de la contratista”, entre otros, dijo.
El contrato con Doha Holding y las sucesivas prórrogas fueron otorgadas en su mayoría en la presidencia de Petropar de Eddie Jara, que se vio forzado a renunciar tras sospechas de presunto enriquecimiento ilícito.
Mediante las sucesivas prórrogas, Petropar dilató el cobro de la garantía prevista en el contrato por unos US$ 3 millones, la cual el actual presidente de la petrolera estatal William Wilka prometió ejecutar cuando venza el último plazo otorgado.