“La suscripción del presente acuerdo no implica bajo ningún punto de vista la admisión ni el reconocimiento (...) de responsabilidad ni culpa alguna, emergente de uno cualquiera de los actos o hechos que la CONMEBOL y/o cualquiera otra entidad legal y/o persona física y/o jurídica a ella relacionada hubiera sufrido como consecuencia de cualquier acto u omisión, culposo y/o doloso, incluyendo, pero no limitándose, a transferencias, giros y depósitos bancarios a favor suyo o a terceras personas, ejecutados por, o que se le imputan, al DR. NICOLÁS LEOZ ALMIRÓN, por sí o a través de terceras personas físicas”, acordó de manera contundente la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, con los herederos de la familia Leoz. Es decir, la Confederación hizo la “vista gorda” a los supuestos hechos punibles que se jactaba denunciar en el marco del escándalo FIFAgate en su papel de “víctima”.
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Lo cierto es que el rol de la Conmebol en el pacto –que permaneció oculto por seis años– revela compromisos como el finiquito de los reclamos y las acciones extrajudiciales y judiciales promovidas por el organismo en Paraguay. Para sellar el trato, se entregó a la familia Leoz el escrito de desestimación de la denuncia ante la Fiscalía: Causa Nº 9/2017 “PERSONAS INNOMINADAS S/ SUPUESTO HECHO PUNIBLE DE LAVADO DE DINERO”.
En resumen, para la Conmebol NO existió, NI existe NI IBA a existir más hecho punible atribuible a Nicolás Leoz y sus herederos de manera directa o indirecta a partir de la reparación y resarcimiento integral que recibió con las transferencia de US$ 51,2 millones. Incluso, la entidad se convirtió en garante del levantamiento de medidas cautelares, el finiquito y el archivamiento definitivo del juicio.
Acuerdos reveladores
Los cuatro acuerdos entre Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y los herederos de Leoz se firmaron el 3 de abril y el 31 de agosto de 2020. Allí la institución madre del fútbol sudamericano, representada por Domínguez, se da por “íntegramente reparada”, declara que “ya nada tiene que reclamar” y renuncia expresamente a “cualquier acción civil, penal o de cualquier naturaleza” por cualquier daño “pasado, presente o futuro” realizado o atribuido a Nicolás Leoz, o que se relacionare “directa o indirectamente” con sus herederos y con la sucesión del extinto expresidente de la Conmebol.
Denuncia capciosa
A sabiendas de ello, la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, bajo patrocinio del abogado Claudio Lovera, también firmante de los acuerdos junto con Domínguez y la directora jurídica Monserrat Jiménez, dejaron olímpicamente de lado una denuncia anterior y presentaron una nueva el 4 de febrero de 2021 con el solo objetivo de insinuar capciosamente que Banco Atlas, del Grupo Zuccolillo, participó en lavado de dinero desviado por Leoz de la Confederación.
Como argumento, la denuncia señala que “ha surgido el conocimiento” de que en 2016 Nicolás Leoz constituyó dos fideicomisos en Banco Atlas por 23.014 millones de guaraníes y por 2.160.791 dólares (unos 6 millones de dólares en total al cambio de la época), dando a entender que ello fue para blindar un patrimonio ilícito.
Esto último ha sido reiterada y categóricamente desvirtuado. Se demostró el origen de ese dinero, resultante de actividades comerciales lícitas en el país, sin transferencias desde el exterior y sin relación alguna con la Conmebol.
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Los fideicomisos, que son instrumentos absolutamente legales, se realizaron por decisión unilateral del cliente con sus depósitos en la entidad, estando en libre disponibilidad de sus bienes, en beneficio de sus herederos. El banco solo presta el servicio.
Los dueños de los fondos eran Leoz y su familia, los mismos a los que el propio Alejandro Domínguez había liberado de cualquier responsabilidad civil o penal, pasada, presente o futura, apenas unos meses antes de su “denuncia”.
Deliberada omisión
Pero, al margen de ello, en su denuncia la Conmebol busca incriminar a Banco Atlas en virtud de esos fideicomisos y, a la vez, deliberadamente omite la existencia de otros instrumentos similares, con montos muy superiores, en otros bancos de plaza, cosa que Alejandro Domínguez y sus abogados no podían ignorar, ya que la información estaba expresamente consignada en los acuerdos previos que firmaron con la familia Leoz y que ahora se conocen.
Por ejemplo, en el “Acuerdo de Reparación Integral y Resarcimiento, Transacción, Renuncias y Finiquito de proceso”, firmado el 31 de agosto de 2020 entre Alejandro Domínguez, José Manuel Astigarraga (secretario general), María Clemencia Pérez de Leoz, Josué y Mateo Leoz Pérez, la viuda de Nicolás Leoz transfiere a la Conmebol 12.400.000 dólares (el doble de todo lo que tenía Leoz en Banco Atlas solo en una transacción) provenientes del fideicomiso MC, J, M 02 en Banco Continental.
Cabe señalar que en reiteradas oportunidades, Alejandro Domínguez declaró públicamente que alrededor 1.300.000 dólares “devueltos” por los Leoz a la Conmebol fueron transferidos desde un fideicomiso en Atlas, como supuesta “prueba” de que esta entidad tenía el dinero sucio del fallecido dirigente. Sin embargo, jamás hizo la más mínima mención de que recibió transferencias por más de 12 millones de dólares de fideicomisos en Banco Continental (que, dicho sea de paso, fueron constituidos con fondos repatriados desde paraísos fiscales). Esto último solo se sabe ahora, tras la revelación del contenido de los acuerdos, en los que también se registran transferencias desde el Banco Basa, además de los bancos Julius Baer y Pictet, de Suiza.
Seis años de persecución
Esa segunda denuncia de la Conmebol, aunque resultó absurda desde el inicio, dio pie a seis años de ensañamiento y persecución implacable a Banco Atlas, lo que derivó en un acta de imputación a sus directivos. De nada valieron las aclaraciones, la documentación arrimada, los dictámenes de organismos rectores, como la Superintendencia de Bancos. En todo este tiempo, Banco Atlas, que manejó una parte mínima y trazable del patrimonio de Leoz, fue la única entidad investigada.
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Los querellantes y fiscales nunca se dieron por enterados de que Leoz operó con otros diez bancos en Paraguay, que había otros fideicomisos mucho mayores, información que la Fiscalía y la Conmebol siempre tuvieron plenamente disponibles por la propia auditoría forense realizada por la institución luego del FIFAgate (donde Banco Atlas no aparece), por los acuerdos que ahora salen a luz, por reportes de operaciones sospechosas a la Seprelad y por publicaciones periodísticas.
En declaraciones de testigos y en correos electrónicos filtrados quedó demostrado que los fiscales recibían instrucciones directas del abogado Claudio Lovera, que hasta les preparaba sus escritos para inculpar a Atlas. Para justificar la imputación, buscaron vincular un retiro de Nicolás Leoz de Banco do Brasil con una operación en Banco Atlas en el año 2013.
Nunca pudieron presentar una prueba material que ligase una cosa con la otra, pero tampoco investigaron nunca a Banco do Brasil (algo inexplicable teniendo en cuenta que era allí donde Leoz manejaba sus operaciones con la Conmebol), cuando las normas de la época (Resolución 172/2010 de la Seprelad) obligaban al banco emisor a cumplir las diligencias antilavado.
Contra viento y marea, los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce y Verónica Valdez (también participó Liliana Alcaraz) imputaron igual. Llamativamente, además de los directivos de Atlas, se incluyó a la viuda y a las hijas de Nicolás Leoz, pese a que la Conmebol, que participa como querellante adhesivo, había desistido de presentar cualquier acción civil o penal contra ellas o los bienes derivados de la sucesión.
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Con estos y muchos otros elementos, se podrían configurar graves conductas que afectan a los derechos humanos, como persecución penal de inocentes e, incluso, por la atribución de hechos no acontecidos, denuncia falsa y simulación de un hecho punible. Respecto a persecución penal de inocentes se tipifica de esta manera: “El funcionario con obligación de intervenir en causas penales que, intencionalmente o a sabiendas, persiguiera o contribuyera a perseguir penalmente a un inocente u otra persona contra la cual no proceda una persecución penal será castigado con pena privativa de libertad de hasta diez años”.
A tiempo de hacer lo correcto
Hoy vence el plazo. Los fiscales intervinientes y la Fiscalía General del Estado, a cargo del Dr. Emiliano Rolón, todavía están a tiempo de hacer lo correcto, ya sea desestimando una causa que evidentemente no han podido probar o, mínimamente, sobreseyendo provisionalmente y darse más tiempo para investigar y sopesar los hechos nuevos, y a los otros actores que aparecen con mayor grado de potencial responsabilidad, antes de exponerse a manchar injustamente el nombre de inocentes. Si no lo hacen ahora, ya no habrá marcha atrás.
Una sospechosa visita, en horas claves
Antes no existían anuncios oficiales y este tipo de visitas eran prácticamente desconocidas; sin embargo, ayer el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, publicitó su encuentro con el presidente Santiago Peña en Mburuvicha Róga. Esta reunión resulta sumamente sugestiva, considerando que hoy vence el plazo procesal en la causa contra el Banco Atlas, entidad del grupo empresarial a cargo de ABC Color. Precisamente, al ser consultado sobre el tema, Rolón se “lavó las manos” argumentando que no interviene en la toma de decisiones de los fiscales designados y limitándose a señalar la autonomía de los agentes del Ministerio Público. Al evitar profundizar en el contenido de los acuerdos –donde la Conmebol desiste de toda acción civil y penal–, el Fiscal General recurrió a tecnicismos procesales y sostuvo que las controversias deben resolverse estrictamente en los tribunales. ”Es un tema jurídico que debe discutirse en el ámbito de la justicia ordinaria”, expresó. La serie de notas tituladas “Los Sobres del Poder”, publicadas por ABC, ya había dejado al descubierto las visitas no oficiales de Rolón a Peña.